La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevó a cabo ayer una larga audiencia para el caso Zuccolillo Moscarda contra Paraguay. Los expertos Hernán Víctor Gulcco y Paulina Gutiérrez defendieron las publicaciones de ABC, afirmando que no hubo malicia y resaltando la importancia de la libertad de expresión en temas de interés público.
En San José de Costa Rica, donde se encuentra la sede de la Corte IDH, la audiencia fue presidida por la jueza Nancy Hernández López y se extendió por casi nueve horas con tres pausas. Se trató el caso de Aldo Zuccolillo Moscarda, exdirector de ABC Color, quien enfrentó un proceso penal de acción privada desde 1998 hasta 2005. La querella fue iniciada por Juan Carlos Galaverna, exsenador de la ANR, quien se sintió ofendido por publicaciones sobre el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT). Zuccolillo fue condenado por calumnia, difamación e injuria, y recibió una multa.
El perito argentino Hernán Víctor Gulcco destacó que el caso estaba relacionado con temas de interés público que involucraban a Galaverna. Criticó al Código Penal paraguayo por mantener una tradición autoritaria y señaló que la doctrina de la Real Malicia de la Corte Suprema de EE.UU. es un mejor defensor de la libertad de expresión. No obstante, señaló que su aplicación en el ámbito penal es errónea.
Paulina Gutiérrez Ramírez, perito mexicana, indicó que en Paraguay se observa un «patrón de litigio», mencionando la judicialización de publicaciones de interés público relacionadas con el vaciamiento del BNT. Comentó que este abuso judicial afecta al periodismo de investigación y recomendó despenalizar delitos de difamación y calumnia en estos casos.
El relator de la CIDH, Pedro Vacca, sostuvo que no se demostró falsedad o malicia en las publicaciones y que el Estado violó la libertad de expresión del exdirector de ABC. Representantes del Cejil expresaron preocupación por el peligro al periodismo de investigación.
Por otro lado, el procurador del Estado, Marco Aurelio González, acusó a ABC de «mentiras temerarias». Los jueces Verónica Gómez y Rodrigo Mudrovitsch instaron al procurador a ampliar su postura en los alegatos finales, con plazo hasta el 18 de septiembre.