Nacionales
Estado paraguayo pide disculpas por la muerte de adolescente en el servicio militar
El ministro de Defensa, Óscar González, pidió disculpas públicas en nombre del Estado paraguayo a los familiares de Feliciano Vera González, un adolescente que murió mientras cumplía con el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en 1990. “Es un acto de justicia”, indicó el secretario de Estado.
El Estado paraguayo pidió disculpas públicas a los familiares de Feliciano Vera González, un adolescente de 16 años que perdió la vida mientras realizaba el Servicio Militar Obligatorio en 1990.
“Es un acto de justicia que lo hacemos cumpliendo una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero convencidos de que es lo correcto”, expresó el ministro de Defensa, Óscar González, que habló en nombre del Estado en un acto oficial donde estuvieron los familiares del fallecido.
González señaló que se está trabajando para que cualquier tipo de abuso de autoridad u otra violación a los derechos humanos no quede impune en las instituciones militares. “Trabajamos en la prevención para que no ocurra luego”, remarcó.
De acuerdo a lo publicado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Feliciano Vera González falleció el 9 de setiembre de 1990 cuando tenía 16 años.
La versión oficial dice que Feliciano murió electrocutado; su piel no presentaba rastros de quemaduras, pero sí golpes detrás de la oreja y sangrados. No se hizo autopsia alguna.
Según testigos, su muerte se produjo en la casa de la hija del coronel Federico Carpinelli Yegros, en Asunción.
El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) asegura que desde 1989 han fallecido 147 jóvenes en el ejercicio del servicio militar, además de otros dos desparecidos mientras realizaban la instrucción militar. La mayor parte de estos casos permanecen en la impunidad.
Fuente: Última Hora
Nacionales
Revocan nombramiento de funcionaria de gobernación investigada por tráfico de armas
El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), pidió que una mujer involucrada en la institución fuera retirada de su cargo tras ser detenida el sábado en una investigación sobre tráfico de armas.
La persona en cuestión es Graciela Elizabeth Ledesma, quien estaba asignada desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación de Central, liderada por Estigarribia.
El sábado por la mañana, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional realizaron allanamientos en San Antonio, Mariano Roque Alonso y Capiatá, como parte de la investigación sobre tráfico de armas de Paraguay hacia Brasil. Durante estos procedimientos, fueron detenidos José Sixto Benítez y su ex pareja Graciela Elizabeth Ledesma.
La Gobernación de Central solicitó, en un comunicado firmado por Estigarribia, la revocación inmediata del comisionamiento de Ledesma, considerando la gravedad de los hechos conocidos públicamente.
Desde febrero de 2025, Ledesma trabajaba en la Secretaría de Equidad y Género. Era una activa militante en el movimiento de Ricardo Estigarribia y el intendente de Villa Elisa, Sergio Estigarribia, ya que aspiraba a ser candidata a concejal en Villa Elisa.
Nacionales
IPS afirma que está reduciendo la carga laboral de los médicos debido a la renuncia de anestesiólogos
El gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS) informó que están trabajando para disminuir gradualmente la jornada laboral de sus médicos a las 12 horas semanales que indica la ley. Recientemente, 50 anestesiólogos del Hospital Ingavi dejaron sus cargos debido a que aún tienen una carga de 24 horas por semana.
En diálogo con ABC Cardinal, el doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, abordó la situación de los anestesiólogos que renunciaron la semana pasada en el Hospital Ingavi, denunciando inequidad salarial y sobrecarga de trabajo.
Los médicos han exigido el cumplimiento de la Ley 7.137/2023, que establece una carga laboral de 12 horas semanales por vínculo. Actualmente, deben cumplir 24 horas semanales por un salario de 4.500.000 guaraníes.
El doctor León mencionó que las autoridades del IPS empezaron conversaciones con los coordinadores de Anestesia de sus principales centros de salud, el Ingavi y el Hospital Central, así como con representantes del gremio de anestesiólogos, buscando soluciones para garantizar la atención a los asegurados y cuidar al personal médico.
Subrayó la dificultad que representa el limitado número de anestesiólogos en Paraguay, una especialidad que requiere alta formación.
En el Hospital Ingavi se realizan alrededor de 1.600 cirugías mensuales en 18 quirófanos, mientras que en el Hospital Central se llevan a cabo unas 1.300 operaciones cada mes. De los 260 anestesiólogos del IPS, la mitad son contratados.
El doctor León indicó que la directiva es distribuir la carga horaria en varios días, realizando guardias de 12 horas. Afirmó que están implementando las 12 horas semanales, reduciendo en el último año la carga de 1.120 médicos, comenzando por antigüedad.
Finalmente, destacó su intención de acelerar este proceso para ofrecer una solución integral para todos los médicos, incluyendo a los anestesiólogos.
Nacionales
«Mafia de los pagarés»: víctimas se unen y demandan respuestas de la Corte Suprema
Victimas del esquema conocido como «Mafia de los pagarés» se manifestaron frente al Palacio de Justicia en Asunción, solicitando a la Corte Suprema que tome acciones firmes para castigar a los responsables y compensar a los afectados. Este esquema involucraba a empresas de cobranza, jueces, abogados y oficiales de justicia, quienes presuntamente colaboraban para llevar a cabo juicios fraudulentos y embargos de salarios mediante pagarés de dudosa autenticidad, sin notificar a los deudores.
Pedro Coronel, líder de la Coordinadora de Víctimas, criticó al Poder Judicial por su falta de medidas efectivas, mencionando que esta inacción favorece la pobreza y violación de derechos humanos. Además, instó a anular los embargos y descuentos realizados de manera ilícita, argumentando que rectificar estos errores resolverá el caos legal existente.
El Ministerio Público acusó formalmente a varios jueces, exjueces, oficiales judiciales y abogados implicados en esta trama, imputándolos por delitos como prevaricato y producción de documentos falsos. Según la Fiscalía, las notificaciones de embargos no fueron correctamente realizadas, permitiendo la continuación de procedimientos injustos.
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