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La Policía Nacional y el Ministerio Público han comunicado el descubrimiento de un cuerpo en un edificio abandonado en el centro de Asunción. El cadáver, perteneciente a una mujer con signos de violencia, ha iniciado una investigación por un posible feminicidio. Las autoridades están trabajando para confirmar su identidad, sospechando que podría ser una ciudadana uruguaya. Por el momento, hay un sospechoso detenido y un bebé aparentemente desaparecido.

El hallazgo ocurrió en el barrio La Encarnación de Asunción, donde la Policía encontró el cuerpo de una mujer en un edificio desocupado en la intersección de Piribebuy y Montevideo. Según el comisario Diego Carrillo, la víctima presenta una herida de 5 centímetros en el cuello. El cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, indicando que la muerte pudo haber ocurrido cuatro días antes del descubrimiento.

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Una vecina comentó que la mujer parecía ser uruguaya y estaba acompañada por un hombre que también sería de Uruguay. La fiscal Daisy Sánchez, a cargo de la investigación, señaló que el sistema AFIS no proporcionó resultados debido a que se cree que la mujer es uruguaya, y su nombre no está registrado en Paraguay. Se espera recibir información de Interpol pronto.

Colaborando con la Municipalidad de Asunción, que tiene un registro fotográfico de cuidacoches, se identificó un tatuaje en la mujer, lo que permitió una identificación preliminar como Karina Ximena Arismendi.

El sospechoso, detenido por un hurto leve, un hombre con doble nacionalidad uruguaya y paraguaya, reconoció a la víctima tras ver una fotografía, entrando en contradicciones. Inicialmente fue imputado por hurto, pero la fiscal solicitó su prisión preventiva como medida por riesgo de fuga y por ser señalado como posible responsable del feminicidio.

La investigación continúa con la recopilación de pruebas, y se han revisado grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al lugar del hallazgo. Existe la preocupación adicional de un bebé que siempre estaba con la pareja y ahora está desaparecido.

Para casos de violencia contra la mujer, se puede llamar al 137 “SOS mujer”, disponible en todo el país las 24 horas y de forma gratuita.

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La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ha anunciado la Licitación Pública de Menor Cuantía N.º 66/2025 para adquirir 50 heladeras y 54 bebederos eléctricos. La inversión total es de G. 229.025.688, y está destinada a mejorar las condiciones de trabajo en los Centros de Atención Técnica de Reclamos de Distribución y en las oficinas administrativas de atención al cliente en todo el país.

Según la licitación 465042 – MCN N° 66/2025, se comprará 54 bebederos eléctricos con funciones de agua fría, caliente y natural, cada uno costeando G. 1.072.667, sumando un total de G. 57.924.018. Además, se adquirirán 40 heladeras de dos puertas con un precio de G. 3.911.000 cada una, totalizando G. 156.440.000. También, se incluirán 10 heladeras de dos puertas de 110 litros, con un coste individual de G. 1.466.167, sumando G. 14.661.670. El total de la inversión, de G. 229 millones, es considerado necesario para mejorar las condiciones laborales.

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La ANDE asegura que estos equipos son esenciales para “garantizar la provisión y conservación de agua potable a los funcionarios” en sus lugares de trabajo. Destacan que el personal técnico opera en turnos de 24 horas, cubriendo emergencias y necesidades eléctricas, y por ello es crucial contar con agua refrigerada y otros equipos básicos.

El procedimiento se ajusta a la Ley N.º 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas, que permite adquisiciones de menor cuantía. Sin embargo, la decisión ha generado críticas, especialmente en un contexto de cortes de electricidad frecuentes y quejas sobre la calidad del servicio. La apertura de ofertas está programada para el 28 de agosto a las 14:30.

Además, se cuestiona la demora de la ANDE en atender reclamaciones por daños a equipos de clientes, que a menudo superan los 90 días, y si hay reposición, frecuentemente ocurre después de 180 días. Oliver Gayet, representante de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, pidió «soluciones inmediatas».

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Óscar «Nenecho» Rodríguez (ANR-cartista) terminó su gestión el pasado viernes al renunciar, dejando tras de sí una administración problemática en la Intendencia de Asunción. Durante su mandato, se desviaron G. 512.000 millones de bonos destinados a infraestructura, causando una crisis financiera en la municipalidad.

La intervención liderada por Carlos Pereira descubrió que el 93% de los bonos se usaron para gastos corrientes, como servicios, alimentos y salarios, en lugar de obras, incumpliendo el artículo 197 de la Ley 3.966. La Contraloría General de la República ya había denunciado esta mala administración.

La mala gestión de Nenecho dejó a la municipalidad con solo G. 46.000 millones en activos para deudas que llegan a G. 2,3 billones. Además, se acumularon deudas por G. 135.000 millones con bancos y proveedores, y con la Caja de Jubilados.

Se reportaron la aparición de «cajas paralelas» y la interrupción de 27 sistemas informáticos clave. Pereira presentó estas irregularidades ante la Fiscalía, incluyendo la retención de actas y falsificación de planos. La intervención, solicitada por la Contraloría, confirmó el desvío de recursos.

Bajo presión del cartismo, Nenecho renunció antes de ser destituido. Su administración se caracterizó por una falta de transparencia y contrataciones directas durante la pandemia, con indicios de sobrefacturación y desvíos de fondos.

Entre los casos más sonados está el del contrato irregular por G. 16.600 millones durante la pandemia, conocido como “detergentes de oro”, por el cual Rodríguez y otros 21 están imputados. También se investigan más desvíos por G. 500.000 millones.

Luis Bello (ANR-HC) asumió temporalmente como intendente hasta que se elija a un nuevo cargo. Los partidos PLRA y PPQ proponen a Álvaro Grau, mientras que los colorados buscan un consenso.

La gestión de Nenecho fue documentada en 19.589 páginas de informe, confirmando distintos malos manejos, como el uso inadecuado de fondos de bonos y la imposibilidad de pagar una deuda total de G. 2,3 billones con solo G. 46.000 millones disponibles.

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Se identificaron otras irregularidades, como la discontinuación de 27 sistemas informáticos y el uso fraudulento de la figura de la cuenta única, desencadenando múltiples denuncias penales.