La Cámara de Senadores tiene previsto discutir este miércoles la propuesta de ley para la reforma del transporte público, en medio de intensas críticas de sindicatos, usuarios y organizaciones ciudadanas. El proyecto, revisado en comisiones con tratamiento de código, acepta solo las modificaciones presentadas hasta el 27 de agosto.
Según la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) y la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), aunque hay solicitudes de cambios, el debate en el Congreso es incierto y podría aprobarse un proyecto que no refleja las preocupaciones de los sectores involucrados.
Paralelamente, la reunión tripartita entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el sindicato de choferes y el Viceministerio de Transporte (VMT) se reanudará mañana lunes a las 15:00, para intentar evitar la huelga anunciada por los trabajadores para el 3 y 4 de septiembre, coincidiendo con el tratamiento del plan normativo.
Postura de los usuarios y choferes
Griselda Yúdice, representante de Opama, indicó que entre las principales solicitudes de cambios —presentadas por Cetrapam, trabajadores y pasajeros— se incluye la compensación para los empleados despedidos injustamente a través del fideicomiso que gestionará los fondos del sistema. Además, piden que el Comité Asesor de pasajeros tenga un papel vinculante en las decisiones.
“La huelga de los choferes es completamente comprensible. Teme por sus trabajos con este nuevo modelo, muchos de ellos cerca de los 50 años, y necesitan completar sus aportes para jubilación”, explicó.
Opama, junto con choferes y pasajeros, presentó formalmente las modificaciones con las firmas de los senadores Esperanza Martínez y Rafael Filizzola. Estas se revisarán este martes en la Comisión de Hacienda, donde se decidirá si se aceptarán los cambios.
Por su parte, Gerardo Giménez, líder de Fetrat, reiteró que la huelga programada se llevará a cabo el 3 de septiembre, durante el tratamiento del proyecto en el Senado, si no se llega a un acuerdo en la reunión tripartita.
“Nos preocupa que el análisis de las modificaciones se realice a puerta cerrada, ya que suelen aprobar todo con mayoría automática”, criticó. Giménez enfatizó que los trabajadores presentaron cambios dentro del plazo y esperan la respuesta de las comisiones antes del pleno.
¿En qué consiste el plan de reforma?
El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley de reforma del transporte público el 24 de julio. Su implementación será gradual durante unos cuatro años, con concesiones de 15 a 20 años mediante licitaciones públicas, y abarca provisión de flota, infraestructura, operación de unidades funcionales y servicios complementarios.
El Estado se encargará de la compra de los buses a través de concesiones a proveedoras, que luego estarán disponibles para los operadores. Los vehículos no podrán tener más de 15 años, priorizando unidades de bajas o cero emisiones. También se licitarán contratos para infraestructura y servicios complementarios como gestión tecnológica y evaluación de conductores.
Las operaciones se organizarán en unidades funcionales, buscando reducir las actuales 36 líneas a unas 10 empresas operadoras. También se planea integrar las tarifas para permitir varios viajes con un solo pasaje. Durante la transición, los operadores actuales continuarán hasta que venza su permiso.
El financiamiento provendrá de un fideicomiso administrado por la AFD, sostenido por el billetaje electrónico y subsidios estatales, centralizando los pagos a los concesionarios y cubriendo costos no cubiertos por el pasaje. Aún no está claramente definido el origen de los fondos iniciales para la compra de al menos 1,000 buses, aunque el Ejecutivo asegura que a largo plazo se mantendrá con la tarifa técnica (pasaje más subsidio).
