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La Mesa Directiva del Senado decidió incluir en la sesión ordinaria de mañana el debate sobre la ley de protección de datos personales. Natalicio Chase, líder de la bancada cartista, no adelantó si se aprobará la versión de Diputados o del Senado, ya que ambas perjudican la Ley de Acceso a la Información Pública.

El proyecto se discutirá como tercer punto de la sesión programada para las 9:00. Se requiere una mayoría absoluta de dos tercios (23 de 45 votos) para ratificar las recomendaciones de las comisiones de Legislación y Ciencia y Tecnología.

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El Bloque Democrático se opone a ambas versiones porque afectan el derecho a la información. Chase justificó la demora diciendo que falta coordinar con otras bancadas, a pesar de que el proyecto ya está listo para ser estudiado.

Consultado sobre el consenso para ratificar la versión del Senado, Chase no quiso dar detalles y mencionó que se discutirá en el pleno. Insistió en que la falta de coordinación ha causado el retraso.

Aseguró que necesitan asegurar los votos para tomar una decisión consensuada, señalando que el Senado requiere una mayoría absoluta para aprobar una versión. Aunque cuenta con 24 votos cartistas, desean evitar riesgos sin un acuerdo claro.

Respecto a la ley de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, hay seis sesiones disponibles antes del receso parlamentario el 21 de diciembre, pero Chase no mostró mucho optimismo.

Sobre el voto secreto en la Corte, se planea tratarlo antes de fin de año. Celeste Amarilla, del PLRA, defendió la confidencialidad en la elección de autoridades de la Corte.

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El 4 de noviembre de 2025, los senadores Rafael Filizzola y Éver Villalba propusieron una ley que reconoce la desaparición forzada durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Su objetivo es cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia y reparar una deuda histórica con las víctimas del régimen.

El lunes, Rafael Filizzola anunció en la red social X (antes Twitter) que él y Éver Villalba presentaron el proyecto de ley para reconocer y declarar la desaparición forzada de personas por el Estado paraguayo durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

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Filizzola señaló que la propuesta busca «saldar una deuda histórica con las cientos de personas desaparecidas bajo el régimen» y obedece a las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia, que en su informe final pidió al Estado paraguayo aceptar su responsabilidad en los crímenes cometidos entre 1954 y 1989.

«La verdad es esencial para la justicia, y sin justicia no hay democracia», escribió el legislador.

El proyecto fue presentado el 3 de noviembre, una fecha conocida entre los seguidores de Stroessner como «fecha feliz» en honor al cumpleaños del exdictador, quien gobernó con mano dura durante más de 35 años.

Si se aprueba, la ley significaría un reconocimiento oficial por parte del Estado paraguayo a las víctimas de la desaparición forzada, uno de los crímenes más atroces documentados en ese período.

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La comisión del Senado, en una reunión reservada, convocó al ministro del Interior, Enrique Riera, y a Jorge Ramón Román Vallejos, presidente de la Asociación Paraguaya de Poligrafía, con el fin de resolver las dudas sobre el uso del polígrafo debido a la falta de reglamentación de la norma.

El senador Rafael Filizzola expresó su preocupación por lo que considera una manipulación en los concursos para ascensos policiales, donde el polígrafo habría dejado fuera al mejor egresado de su promoción, beneficiando a personas con antecedentes cuestionables. Destacó que hay un caso concreto donde el mejor egresado fue excluido, mientras se promueven personas con antecedentes dudosos, sugiriendo maniobras para favorecer a ciertas personas y perjudicar a otras valiosas.

Filizzola comentó que los poligrafistas de la policía no participan en el proceso y que las máquinas utilizadas podrían estar obsoletas. También señaló que se recurriría a poligrafistas de origen militar, lo cual consideró inapropiado, dado que hay especialistas en la institución policial.

El legislador enfatizó que el polígrafo no es infalible y que ningún país lo considera determinante para ascensos en las fuerzas de seguridad, siendo solo una prueba entre muchas. También cuestionó la falta de reglamentación y transparencia, ya que los resultados no se comunican a los afectados ni hay un mecanismo de apelación.

El ministro Riera fue citado previamente por la comisión, pero no compareció, lo que llevó a suspender la sesión. Filizzola afirmó que el Senado no debería tratar los ascensos si las dudas no se aclaran. Presentaron un cuestionario al ministro sobre la reglamentación del polígrafo, el estado de los equipos, la capacitación y los procedimientos.

El senador Natalicio Chase comentó que la ley, aunque sin reglamentar, sigue vigente y debe aplicarse hasta que se modifique. Confirmó que se está trabajando en cambiar el artículo sobre el uso del polígrafo para que sea más claro y ajustado a las garantías constitucionales.

La comparecencia de Riera y la APYP es clave para definir la situación. Filizzola advirtió que, si no se aclaran las irregularidades, el Senado no debe aprobar los ascensos, ya que promueve a quienes tienen antecedentes y castiga a los mejores, afectando la moral policial.

La reunión será crucial para esclarecer el uso del polígrafo en los ascensos policiales y verificar si se ajusta a la legalidad y a la transparencia institucional.

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