La Sexta Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial decidió la semana pasada que la empresa M&T S.A., representada por Julio Mendoza Yampey, debe pagar al Ministerio de Salud Pública (MSPBS) en Ciudad del Este la suma de G. 2.307.394.128 más intereses, debido a la falta de ejecución de obras contratadas para un albergue de niños.
Según el fallo, la empresa demandada, a través de su aseguradora Royal Seguros S.A, debe abonar al Ministerio la mencionada cantidad con un interés mensual del 2,3% desde el 1 de octubre de 2019.
Gustavo Irala, de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio, explicó a ABC que la sanción está relacionada con la LPN N° 99/2014 para la construcción de un Centro de Residencia de Niños y Adolescentes en Ciudad del Este, adjudicada en 2015.
Debido al incumplimiento, el Ministerio de Salud rescindió el contrato por la Resolución 287/2019 y solicitó el pago de pólizas a la aseguradora Royal S.A. Ante la ausencia de pago, el caso fue enviado a la Procuraduría General de la República para la ejecución judicial.
Al respecto, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas informó que se pagaron más de G. 6.779 millones a M&T S.A. por la construcción de un albergue para niños y un hogar para adultos mayores en Ciudad del Este. Sin embargo, las obras no iniciaron debido a la invasión del terreno y los contratos fueron cancelados en julio de 2019, habiéndose avanzado solo un 9,9% en la construcción del hogar de adultos, pese a que se pagó más del 30% del contrato.
M&T S.A. también enfrenta otra demanda por la falta de ejecución de las obras del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), adjudicada por G. 17.100.170.990. El Ministerio de Salud realizó 47 pagos a la empresa por esta obra que quedó abandonada con un avance del 60% desde 2014.
La construcción, considerada ya un «elefante blanco», ha sido saqueada casi por completo en la última década y es un peligro para la comunidad. Gustavo Irala mencionó que la demanda sigue abierta, y parte de la infraestructura ha sido cedida a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para su sede central. Sin embargo, el área sigue descuidada y peligrosa debido a la presencia de personas de mal vivir y adictos.