Nacionales
Empresa que dejó obras inconclusas deberá indemnizar con más de G. 2.300 millones a Salud Pública.
La Sexta Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial decidió la semana pasada que la empresa M&T S.A., representada por Julio Mendoza Yampey, debe pagar al Ministerio de Salud Pública (MSPBS) en Ciudad del Este la suma de G. 2.307.394.128 más intereses, debido a la falta de ejecución de obras contratadas para un albergue de niños.
Según el fallo, la empresa demandada, a través de su aseguradora Royal Seguros S.A, debe abonar al Ministerio la mencionada cantidad con un interés mensual del 2,3% desde el 1 de octubre de 2019.
Gustavo Irala, de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio, explicó a ABC que la sanción está relacionada con la LPN N° 99/2014 para la construcción de un Centro de Residencia de Niños y Adolescentes en Ciudad del Este, adjudicada en 2015.
Debido al incumplimiento, el Ministerio de Salud rescindió el contrato por la Resolución 287/2019 y solicitó el pago de pólizas a la aseguradora Royal S.A. Ante la ausencia de pago, el caso fue enviado a la Procuraduría General de la República para la ejecución judicial.
Al respecto, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas informó que se pagaron más de G. 6.779 millones a M&T S.A. por la construcción de un albergue para niños y un hogar para adultos mayores en Ciudad del Este. Sin embargo, las obras no iniciaron debido a la invasión del terreno y los contratos fueron cancelados en julio de 2019, habiéndose avanzado solo un 9,9% en la construcción del hogar de adultos, pese a que se pagó más del 30% del contrato.
M&T S.A. también enfrenta otra demanda por la falta de ejecución de las obras del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), adjudicada por G. 17.100.170.990. El Ministerio de Salud realizó 47 pagos a la empresa por esta obra que quedó abandonada con un avance del 60% desde 2014.
La construcción, considerada ya un «elefante blanco», ha sido saqueada casi por completo en la última década y es un peligro para la comunidad. Gustavo Irala mencionó que la demanda sigue abierta, y parte de la infraestructura ha sido cedida a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para su sede central. Sin embargo, el área sigue descuidada y peligrosa debido a la presencia de personas de mal vivir y adictos.
Este esquema, a diferencia del de capitalización individual, distribuye los recursos para cumplir con las obligaciones actuales. Si hay sobrantes, se invierten en el Fondo de Reserva, un recurso históricamente rentable para el Instituto de Previsión Social (IPS).
El sistema es de beneficio definido, permitiendo a cada trabajador conocer de antemano el monto aproximado que recibirá al jubilarse, siempre que cumpla con los requisitos. Existen tres tipos de jubilaciones:
1. Ordinaria: requiere 60 años de edad y 25 años de aportes.
2. Anticipada: permite acceder al beneficio a los 55 años con 30 años de aportes, otorgando el 80% del salario de referencia.
3. Proporcional: requiere 65 años de edad y 15 años de aportes, con una prestación equivalente al 60%.
Estos parámetros se mantienen constantes, excepto por el periodo de referencia para el haber jubilatorio basado en los últimos 120 meses de contribución, el cual se implementará gradualmente en 10 años. El IPS no planea modificar la edad mínima, ya que la mayoría se jubila después de los 60 años según estudios.
Las proyecciones financieras del estudio actuarial del IPS indican una tendencia preocupante: con un rendimiento promedio del 2%, las reservas se agotarían hacia 2047, en unos 22 años.
Impacto de la pandemia en los fondos del IPS:
En 2021, se pensaba que los aportes serían suficientes hasta 2038, pero la pandemia adelantó este equilibrio, afectando los ingresos. Aunque estos se recuperaron en 2021 y 2022, fue más lento que el aumento en gastos, debilitando la sostenibilidad financiera.
El adelantamiento en el uso de reservas se debe al Beneficio Adicional Anual (BAA), la inflación y el incremento del haber mínimo jubilatorio.
Sobre el BAA, regulado por la Ley N.º 731/95, el Consejo de Administración del IPS puede otorgar una prestación adicional. Este beneficio carece de su propia fuente de financiación, recayendo su costo en el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, comprometiendo su sostenibilidad.
Entre 2019 y 2025, el presupuesto para el BAA creció de G. 201.525 millones en 2019 a G. 492.962 millones en 2025, un aumento acumulado superior al 140%. Solo entre 2024 y 2025, el incremento fue del 32,2%.
La inflación, al superar las expectativas, también aumentó los costos. La proyección se basaba en una meta del 4% del Banco Central, pero fue del 6,8% en 2021 y del 8,1% en 2022, aumentando los gastos atribuibles a la inflación de US$ 9,8 millones en 2019 a US$ 35 millones en 2022.
El aumento del haber mínimo jubilatorio, que es el ingreso básico para los beneficiarios, también fue un factor. Hasta 2020, equivalía al 33% del salario mínimo, pero durante la pandemia aumentó: 50% en 2020, 75% en 2021, y volvió al 33% en mayo de 2024. Este incremento transitorio elevó los costos de US$ 4 millones en 2019 a US$ 17 millones en 2021.
El IPS enfrenta el reto de mantener el sistema sin afectar derechos adquiridos, en un contexto de envejecimiento poblacional, aumento de la esperanza de vida y escaso dinamismo del trabajo formal.
Es crucial mejorar la gestión del fondo y promover políticas que amplíen la formalización laboral para garantizar la estabilidad a mediano plazo. También es urgente reformar para establecer financiamiento permanente para el BAA y limitar el uso del Fondo de Reserva en gastos no contributivos.
Nacionales
Administrador sampedrano gestionó abundantes fondos, pero el municipio enfrenta grandes deudas
El intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, Carlos Quiñónez (ANR-HC), que asumió el cargo en septiembre de 2023 en lugar del acusado Gustavo Rodríguez (ANR-HC), ha manejado G. 38.116 millones hasta septiembre, provenientes del Tesoro Nacional y fondos propios.
No obstante, estos recursos no se reflejan en mejoras en San Pedro de Ycuamandyyú, ya que las obras municipales casi no existen y la gestión de Quiñónez está marcada por presuntas irregularidades, deudas significativas a contratistas y falta de pagos a empleados.
El Ministerio de Economía y Finanzas le transfirió G. 22.487 millones entre royalties, Fonacide, juegos de azar y compensaciones sociales. En 2023 recibió G. 10.624 millones, en 2024 obtuvo G. 7.858 millones, y de enero a septiembre de 2025, unos G. 4.005 millones destinados a obras para los sampedranos.
Además, administró G. 15.629 millones de recursos genuinos. En 2023 la recaudación fue G. 4.888 millones, en 2024 alcanzó G. 5.673 millones, y este año ya se recaudaron G. 5.068 millones.
Quiñónez trató de hipotecar la comuna emitiendo bonos por G. 48 mil millones, propuesta que fue rechazada por la Junta Municipal tras presión ciudadana. Planeaba destinar G. 24 mil millones para un complejo deportivo, al que ya se asignaron G. 900 millones, pero solo se ha removido el suelo.
Debido a la falta de pagos, un acreedor retiró muebles de la Junta Municipal y varias obras, como un polideportivo en el barrio San Rafael, están paralizadas. Quiñónez solicitó recientemente un préstamo de G. 2 mil millones a la banca privada para pagar salarios, el cual será revisado por comisiones este miércoles.
Nacionales
TSJE eliminó requisito para máquinas de votación, beneficiando a empresa con nexos cuestionables
Los documentos del nuevo llamado del Tribunal Superior de Justicia Electoral para el alquiler de máquinas de votación, de cara a las elecciones municipales de 2026, muestran que se eliminó un requisito clave que previamente descalificó a Comitia Paraguay-MSA en un intento de compra de máquinas. La rapidez en los plazos y los vínculos de la empresa con antiguos socios de Santiago Peña alimentan sospechas de favorecimiento hacia la compañía argentina.
El TSJE lanzó el viernes pasado un llamado para arrendar 18.000 máquinas de votación, con un presupuesto de 34.101.788 dólares, tras cancelar la licitación para comprar 28.000 máquinas el mes anterior. El cambio a la modalidad de excepción se justifica por la necesidad urgente de disponer del equipo para las elecciones de 2026. Esta urgencia beneficiaría al consorcio Magic Solution Argentina y su filial Comitia Paraguay, siendo el único fabricante con experiencia en alquiler de máquinas en el país.
El análisis de los pliegos de la licitación cancelada y el nuevo pliego de arrendamiento revela ajustes técnicos que fueron cruciales para la descalificación de MSA antes. En la oferta cancelada, Comitia-MSA fue rechazada por no cumplir con las especificaciones de la pantalla táctil, que debía ser LCD capacitiva policromática de 21 pulgadas, como mínimo. Ahora, el requisito se cambió eliminando la necesidad de que sea «capacitiva».
Un documento de MSA en el llamado anterior mencionó que su equipo usa tecnología infrarroja multitáctil, no capacitiva, destacando que la tecnología IR es más resistente y menos sensible a las condiciones de limpieza, aunque «menos precisa».
MSA es representada por el Estudio Gross Brown a través de Franco Boccia y Pablo Debuchy, ambos con vínculos en ueno Bank. Hasta marzo, el presidente Santiago Peña fue accionista en ueno Holding y socio del Grupo Vázquez.
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