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En la evaluación se observó que en mayo del año anterior había alrededor de 650,000 empresas operando bajo las normativas tributarias en el país, de las cuales 65,000 estaban registradas en el IPS. Esto indica que la evasión patronal alcanzaba aproximadamente el 90%, aunque este porcentaje se redujo ligeramente con nuevos registros. Según datos de la DNIT, en 2023 había 650,491 contribuyentes activos con obligaciones relacionadas con el Impuesto a la Renta Empresarial. En 2024, esta cifra subió a 688,786, y para julio de 2025, llegó a 714,315 empresas.

El IPS señala que la incorporación al sistema previsional es el resultado de un proceso que inicia con el intercambio de información con instituciones aliadas. Cuando los análisis indican posibles evasiones o subdeclaraciones, se realizan verificaciones in situ en los sectores y regiones afectadas. Esta estrategia busca identificar irregularidades en sectores específicos, representando un avance en la lucha contra la informalidad laboral. Sin embargo, los datos también evidencian que persiste una resistencia a formalizarse, especialmente en actividades con alta rotación laboral.

En lo que respecta a los sectores no incluidos en el sistema previsional, el IPS ha detectado que existe un porcentaje significativo de trabajadores no afiliados al seguro social. La informalidad y alta rotación en ciertas actividades evidencian esta evasión, según destacó la institución.

En concordancia, se identificó que los sectores con mayor evasión en el país son el comercio al por mayor y menor, los servicios al público, empresas comerciales, construcción, transporte, servicios generales, hoteles, bares y restaurantes. La informalidad laboral pasó del 64.1% en 2017 al 62.5% en 2024, una disminución de 1.6 puntos porcentuales. Sin embargo, en 2022 se notó un incremento al 63.4% antes de volver a reducirse.

Por sectores, la construcción mostró un nivel de informalidad que pasó de 88.1% en 2017 a 85% en 2024, reduciendo 3.1 puntos. En el comercio, la tasa bajó de 69.9% a 66.7% en igual periodo. En cambio, la industria manufacturera tuvo una caída más pronunciada, de 62.3% a 56.8%. Los servicios sociales registraron un leve aumento de informalidad del 58.5% al 61.5%, y transporte se mantuvo estable, pasando de 54.8% a 55.6%. El sector financiero y de seguros, más formalizado, redujo su tasa de 43.6% a 38.9%.

El impacto de esta situación es significativo. Afecta directamente a los trabajadores, privándolos de aportes jubilatorios, cobertura médica y seguridad ante accidentes o enfermedades. También limita los ingresos del sistema previsional, debilitando su sostenibilidad a largo plazo. La evasión patronal se traduce en una sobrecarga para quienes sí contribuyen, generando competencia desleal entre empresas formales e informales.

Otro aspecto crucial es el efecto fiscal. Al operar informalmente, muchas empresas reducen sus contribuciones a la seguridad social y al fisco, significando una pérdida significativa de recursos para el Estado. Esta dinámica crea un círculo vicioso: menos aportes se traducen en menos inversión en salud y jubilaciones, erosionando a su vez la confianza en el sistema y reforzando la idea de que no vale la pena contribuir.

Aunque el intercambio de información entre instituciones ha permitido detectar irregularidades con más precisión, se advierte que el éxito de estas políticas depende de que vayan acompañadas de incentivos claros para la formalización, como simplificación de trámites, reducción de costos iniciales y campañas de concienciación sobre los beneficios de la cobertura social.

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La experiencia internacional muestra que la formalización requiere controles más estrictos y un entorno que haga atractivo cumplir con las obligaciones. En Paraguay, el desafío es equilibrar la necesidad de fiscalización con medidas que alivien las cargas de las micro y pequeñas empresas, muchas de las cuales operan en márgenes reducidos y ven la formalidad como un costo difícil de asumir.

El reto es doble: por un lado, consolidar la formalización alcanzada en el último año; por el otro, implementar mecanismos que reduzcan los incentivos para operar fuera del sistema. En este contexto, la colaboración entre el IPS y la DNIT se perfila como una herramienta clave para avanzar hacia un mercado laboral más transparente, donde la protección social deje de ser una excepción y se convierta en la norma para los trabajadores paraguayos.

Este material fue preparado por MF Economía e Inversiones.