El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidió este miércoles al Tribunal Constitucional continuar su trabajo «a favor de la consolidación y ampliación de los derechos fundamentales y las libertades públicas». En su discurso en el acto inaugural de la Conferencia Mundial sobre Justicia Internacional, Bolaños estimó que el tribunal ha cumplido esa función con sentencias recientes, entre las que destacó la que avaló el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Este es un derecho que el Gobierno quiere ahora consolidar con una reforma de la propia Constitución. Bolaños afirmó que es especialmente importante que el compromiso de la justicia constitucional con los derechos fundamentales se corrobore ahora frente a los “impulsos recesivos” y las “tentaciones de retroceso” que existen debido a la “inercia populista, la polarización de las sociedades y la posverdad, que equivale a decir mentiras”.

“Vivimos”, dijo Bolaños, “en tiempos inciertos, en los que los órdenes mundiales bilaterales, el derecho internacional y los derechos humanos estaban absolutamente defendidos y garantizados por prácticamente todos los Estados y, sin embargo, parece que hoy están en riesgo”. Añadió que cuando se “ponen en cuestión el multilateralismo, los derechos humanos, el derecho internacional o el Estado de derecho”, hay que abrir una reflexión que garantice la supervivencia de los valores democráticos, y de ahí la importancia de la Conferencia Mundial sobre Justicia Constitucional y la labor que realiza como órgano de garantía en España.

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Bolaños afirmó que en el caso concreto de España existe «un compromiso indudable» con los derechos humanos. También dijo que la democracia no es sólo respetar la voluntad de la mayoría, sino «sobre todo» que los ciudadanos tengan garantizados sus derechos, porque si no pueden ejercerlos «no valen nada». Para Bolaños, junto a este trabajo se debe asegurar “la adecuación y ampliación, cuando sea posible, de los derechos de los ciudadanos”. En este sentido, citó diversa jurisprudencia de la Constitución española, especialmente la mencionada sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Bolaños aludió a esta sentencia de 2023 para resaltar que el órgano de garantía exigió al legislador “el reconocimiento de un espacio de libertad en el que las mujeres puedan de forma autónoma, y ​​sin coacciones de ningún tipo, decidir si continúan o no el embarazo”. Esta remisión la hizo el fallo en relación al artículo 10 de la Constitución. La iniciativa del Gobierno, a su vez, se basa en el artículo 43, sobre el derecho a la protección de la salud. Se trata de dos enfoques diferentes, pero dirigidos al mismo objetivo de garantizar el citado derecho.

Bolaños continuó diciendo que “no hay labor más noble” del Tribunal Constitucional que “ampliar derechos e interpretar la Constitución para adaptarla a los tiempos y realidades de cada momento”. Fue en ese contexto que el titular de Justicia consideró que el trabajo del órgano de garantía es “fundamental para no sólo avanzar en la protección de los derechos, sino también para evitar tentaciones de retroceso, tentaciones que hoy existen”.

En opinión de Bolaños, “la consolidación de los sistemas democráticos siempre tiene tendencias, impulsos de recesión”. El peligro que entraña esta situación, prosiguió, radica en que el populismo, la polarización y la posverdad son “enemigos de la democracia y de las sociedades libres, limpias y habitables”. Bolaños pidió que por ello «militamos en la justicia constitucional y el patriotismo», que consiste en trabajar por «la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, en su ampliación, fortalecimiento y protección».

Los trabajos de la Conferencia se desarrollan en diversas mesas y foros sectoriales. El magistrado Constitucional español Enrique Arnaldo, que preside la Conferencia Iberoamericana, ha destacado la utilidad del congreso para estrechar iniciativas de cooperación. En este sentido, destacó los acuerdos para que España acoja a juristas de países iberoamericanos para su especialización en justicia constitucional.

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La tecnología les da la oportunidad y ellos aportan el talento. Reconvertirte a pesar de tu discapacidad física, psíquica o emocional. Es la decisión que separa a las personas con discapacidad de un empleo cualificado y mejor remunerado. Eso y las horas de estudio y preparación para formarse en datos, inteligencia artificial, ciberseguridad o la nube. Un esfuerzo extra que, lejos de hacerles retroceder, les motiva a convertirse en un nuevo pool ante el déficit de vacantes digitales. Un talento que suma para cubrir el objetivo de la Unión Europea de llegar a 20 millones de especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones en los próximos seis años, según recoge el informe. Digitalización en Europa 2024 por Eurostat.

Ante este escenario, fundaciones y organizaciones con foco en la empleabilidad de este colectivo han dado un paso al frente. Ofrecen educación tecnológica exprés a todo aquel que llame a sus puertas y colaboran con empresas tecnológicas donde continúan su preparación. «Pueden invertir más de 1.000 horas en su formación. Todo un logro porque son personas sin formación superior previa ni experiencia en este campo. Se forman en trabajos de alto valor con posibilidades de crecimiento y buena remuneración (de 27.000 a 50.000 euros brutos)», afirma Mónica Cadenas, directora del programa Por Talento Digital, de la Fundación ONCE.

Aunque muchas empresas se resisten a incorporarlo «más por miedo a los problemas que podemos causar que por lo que aportamos», la tecnología alinea su valor «y empieza a dar igual quién está detrás de la pantalla, siempre y cuando tú lo soluciones», destaca Arturo Fernández, ciego desde los 15 años y consultor de accesibilidad en la empresa tecnológica Atos. Otra empresa colaboradora en su formación es WatchGuard, cuyo vicepresidente global de colaboraciones estratégicas, Miguel Carrero, insiste: «Los necesitamos. Muchos de estos perfiles son excelentes. Su actitud y ganas de trabajar son difíciles de encontrar». El directivo insta a las empresas a probarlos.

Cros Solutions es una de las firmas que no sólo probó este talento sino que también reclutó a Javier Gómez-Lobo a través de Linkedin. Con una enfermedad que le impidió seguir como gerente en una barbería y con un certificado de discapacidad, «me lancé a la ciberseguridad. Seguí un programa de la Fundación ONCE y, sorprendentemente, se me dio mejor de lo que esperaba». Gómez-Lobo es tajante: «No importa si no tienes una titulación académica. Se trata de querer aprender». Para Rebeca Farré, su experiencia con la ciberseguridad “ha sido un amor inesperado”. Un cuadro complejo de enfermedades autoinmunes la obligó a reinventarse y pasar de ser protésica dental a buscar un lugar donde encajar.

«No pensé en la tecnología porque, a priori, genera miedo y el riesgo de no estar a la altura. Pero el programa Impacto de Fundación GoodJob me mostró mi error. Tener buenos profesores y sentirme apoyado en el proceso me empoderó. Me contrataron en Telefónica Tech donde me siento útil, productiva y feliz». Un programa que también siguió Brian Gil, actual coordinador de equipos y tareas del centro de operaciones de seguridad de esta fundación. «Ha sido la salvación para mis problemas de salud mental. La ciberseguridad requiere toda la atención. Mientras trabajo, mi cabeza no está en cosas en las que no debería pensar», afirma. Que la tecnología nos iguala es algo que César López, director general de la Fundación GoodJob, no se cansa de repetir «y demuestra que no hay talento cualificado disponible. Basta saber aprender a utilizarlo para entenderlo».

Y aprovecha para animar el estudio: «Las personas con discapacidad no saben que la tecnología es para ellos. Sin embargo, el 85% termina los tres meses de formación. Durante un año hacemos un seguimiento para garantizar el éxito de su integración. Y parten de una retribución mínima de 19.000 euros brutos al año. De ahí en adelante». La Fundación Vass también cuenta con programas de gestión de contenidos, programación, diseño y auditoría que corroboran la accesibilidad de las páginas web. “Su participación hace que el resultado sea más exitoso”, afirma su director general, Antonio Rueda. En los últimos seis meses han formado a 240 personas y colocado a 52 en empresas como Repsol, Sanitas, Unicef ​​o la Fundación DKV.

estudiantes universitarios

La Ley General de Invalidez obliga a las empresas de más de 50 empleados a tener en plantilla un 2% de estos perfiles. En caso de incompatibilidad, existen alternativas vía donaciones o adquisición de bienes o servicios. Algo que la mayoría de organizaciones han adoptado. “Hay un ligero aumento de empresas que empiezan a priorizar ese 2%, especialmente en el talento tecnológico”, afirma Patricia de Urquía, directora general de Bedistic, un centro de empleo que recluta estudiantes universitarios con discapacidad (371.300 en España). «Están empezando a vernos como un potencial más allá de la cuota». Y destaca dos cuellos de botella: “Los mandos intermedios, que frenan la contratación, y la falta de una cultura global para saber adaptar el puesto y convivir con la discapacidad”. Urquía trabaja con empresas como Astra Zeneca, Mapfre, American Express o Hyatt, donde “colocamos a 115 personas al año y podrían ser muchas más”.

Otra empresa que impulsa este talento es Airbus. Con 120 profesionales con discapacidad en plantilla, cuenta con el grupo Adapt, “que identifica puntos de mejora que adaptamos”, afirma Misael Pérez, director de inclusión y diversidad. Entre ellas, destaca la reciente contratación de un asistente personal para acompañar en los viajes a Gabriel Barroso de María, un ingeniero militar con una lesión medular. «No puedo conducir y lo agradezco. Pero no se trata de buena voluntad, sino de que los hoteles, las agencias de viajes o los alquileres de coches tengan en cuenta a las personas con grandes discapacidades», afirma.

Aplicaciones de realidad virtual

Una tecnología cada vez más inclusiva facilita el empleo de más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. De ellos, 2 de cada 10 tienen empleo. «Es un camino largo que va mejorando. Gestionar la tecnología les permite, por ejemplo, una fácil adaptación a la lectura y a la comprensión del mundo», afirman fuentes de la Confederación Plena Inclusión España, que apoya a 150.000 personas con discapacidad de las 950 asociaciones que la componen. La Fundación Vass insiste en su formación prelaboral con la app Paso Adelante, “con realidad virtual aprenden desde coger un autobús hasta prepararse para una entrevista de trabajo”, afirma Antonio Rueda, su director.

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La Ley de Movilidad Sostenible acaba de ser aprobada in extremis en el Congreso (ya veremos qué pasa en el Senado). Su contenido es un conjunto de buenas y ambiciosas intenciones, pero parece un soufflé que, sin el compromiso político de las distintas administraciones, puede desinflarse y quedarse en inversiones millonarias de fondos europeos que no se traduzcan en un cambio decisivo en la movilidad, especialmente en la movilidad urbana.

Es un lugar común describir la jerarquía de la movilidad sostenible situando en lo más alto los medios de movilidad activa, es decir, el peatón y la bicicleta, y descendiendo hacia los medios de movilidad pasiva, es decir, aquellos que necesitan un motor para desplazarse, priorizando el transporte público frente al privado y, dentro de este, los que no son directamente contaminantes (eléctricos), frente a los contaminantes (combustión de hidrocarburos). No hay duda de que en los últimos años, aún sin una ley específica, se ha avanzado en intentar dar la vuelta a la jerarquía que situaba al automóvil como rey absoluto de la movilidad, monopolizando el tráfico y el diseño de las carreteras.

Hoy en día se ha ampliado la peatonalización de muchas calles, pero el tráfico rodado aún no se adapta al uso generalizado de la bicicleta, lo que se traduce no sólo en el mantenimiento de emisiones contaminantes y ruidosas, sino también en una continua movilidad insegura para peatones y ciclistas. A esta falta de valoración de la bicicleta como instrumento básico de la movilidad sostenible, se suma un desprecio por la bicicleta como factor económico relevante en la industria, el comercio, el turismo y la creación de empleo en España.

Es cierto que se han creado carriles bici, pero, salvo excepciones, su trazado es incoherente, sin una continuidad que dé sentido a la circulación ciclista y frecuentemente plagado de obstáculos fijos y móviles. Además, los carriles bici segregados de la calzada o del resto de carriles solucionan sólo una pequeña parte de la movilidad ciclista, porque esto sólo se consigue fomentando la inclusión segura de la bicicleta en la circulación rodada, y aquí es donde nos encontramos con la Dirección General de Tráfico (DGT).

Para la DGT, más allá de las buenas palabras, la bicicleta es un problema, no una solución. Su obsesión por obligar a los ciclistas a llevar casco, arrinconarlos hacia el lado derecho de la vía o dificultar el uso de los remolques es una clara señal de que ve la bicicleta como un obstáculo para la circulación de vehículos a motor.

La Mesa Española de la Bicicleta y otros organismos muy relevantes como ConBici llevan tiempo reclamando una nueva Ley de Circulación que se alinee con el nuevo paradigma de movilidad y en este sentido solicitando una reforma integral del Reglamento General de Circulación. En la última década hemos presentado a la DGT propuestas concretas, razonables y razonadas, justificando la necesidad de cambios normativos. Poco a poco se han aprobado medidas que benefician, aunque sea de forma indirecta, a los ciclistas, como limitar la velocidad máxima en vías de un solo carril a 30 km/h.

Es evidente que el ciclista, al igual que el peatón, es un usuario de la vía vulnerable en comparación con los automóviles, pero debería ser igualmente evidente que lo que los hace más vulnerables es sobre todo una regulación que todavía está diseñada para acelerar el tráfico de vehículos a motor y no para promover y priorizar la movilidad sostenible. No hace falta inventar nada, basta mirar a Europa y aprender de los países que han comprendido las ventajas de la protección y prioridad de los ciclistas en el tráfico urbano, pero también en el medio ambiente, la salud y la economía del país.

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Es incomprensible la apatía de la DGT por adaptarse a los nuevos tiempos. Parece el día de la marmota. La Mesa Española de la Bicicleta y ConBici han asistido a numerosas reuniones con la DGT y su Director siempre sale de la madriguera para anunciar que el invierno durará seis meses más. Intentaremos reunirnos con el Ministro del Interior para saber si hay alguna esperanza de que llegue la primavera.