Óscar «Nenecho» Rodríguez (ANR-cartista) terminó su gestión el pasado viernes al renunciar, dejando tras de sí una administración problemática en la Intendencia de Asunción. Durante su mandato, se desviaron G. 512.000 millones de bonos destinados a infraestructura, causando una crisis financiera en la municipalidad.
La intervención liderada por Carlos Pereira descubrió que el 93% de los bonos se usaron para gastos corrientes, como servicios, alimentos y salarios, en lugar de obras, incumpliendo el artículo 197 de la Ley 3.966. La Contraloría General de la República ya había denunciado esta mala administración.
La mala gestión de Nenecho dejó a la municipalidad con solo G. 46.000 millones en activos para deudas que llegan a G. 2,3 billones. Además, se acumularon deudas por G. 135.000 millones con bancos y proveedores, y con la Caja de Jubilados.
Se reportaron la aparición de «cajas paralelas» y la interrupción de 27 sistemas informáticos clave. Pereira presentó estas irregularidades ante la Fiscalía, incluyendo la retención de actas y falsificación de planos. La intervención, solicitada por la Contraloría, confirmó el desvío de recursos.
Bajo presión del cartismo, Nenecho renunció antes de ser destituido. Su administración se caracterizó por una falta de transparencia y contrataciones directas durante la pandemia, con indicios de sobrefacturación y desvíos de fondos.
Entre los casos más sonados está el del contrato irregular por G. 16.600 millones durante la pandemia, conocido como “detergentes de oro”, por el cual Rodríguez y otros 21 están imputados. También se investigan más desvíos por G. 500.000 millones.
Luis Bello (ANR-HC) asumió temporalmente como intendente hasta que se elija a un nuevo cargo. Los partidos PLRA y PPQ proponen a Álvaro Grau, mientras que los colorados buscan un consenso.
La gestión de Nenecho fue documentada en 19.589 páginas de informe, confirmando distintos malos manejos, como el uso inadecuado de fondos de bonos y la imposibilidad de pagar una deuda total de G. 2,3 billones con solo G. 46.000 millones disponibles.
Se identificaron otras irregularidades, como la discontinuación de 27 sistemas informáticos y el uso fraudulento de la figura de la cuenta única, desencadenando múltiples denuncias penales.