Nacionales
El deporte como impulso para el desarrollo sostenible en Iberoamérica
La investigación subraya que, aunque el deporte no garantiza por sí solo un bienestar completo, es un medio efectivo para promover la integración social, mejorar la salud, fortalecer la educación y fomentar valores cívicos. Por estas razones, es un aliado importante para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), orientados a transformar las realidades sociales y económicas de los países para 2030.
En Iberoamérica, el deporte es indudablemente popular. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el fútbol mueve a millones en ambos lados del Atlántico y es considerado por el 60% de los latinoamericanos como un símbolo de identidad nacional. Esta popularidad tiene un impacto económico significativo ya que genera empleo, atrae inversiones en infraestructura y está relacionado con el turismo, la publicidad y el entretenimiento.
El documento también señala que el deporte estimula el capital social, visto como los lazos de confianza y cooperación que ayudan a las comunidades a trabajar juntas. Económicamente, esto lleva a menores costos asociados con la criminalidad, mejora la productividad laboral y aumenta el retorno de las inversiones sociales. Programas en Europa y América Latina demuestran que proyectos deportivos bien diseñados pueden reducir riesgos sociales y ahorrar recursos públicos que, de otro modo, se usarían para abordar problemas como la violencia, el abandono escolar y el consumo de drogas.
Aunque los 17 ODS no mencionan explícitamente al deporte, su impacto abarca muchas metas de la Agenda 2030. La SEGIB identifica 19 metas vinculadas a 8 ODS en las que el deporte puede contribuir directamente, en áreas como la salud, la educación, la igualdad de género, la reducción de desigualdades, el desarrollo de ciudades sostenibles y la promoción de la paz.
En cuanto a la salud (ODS 3), la actividad física ayuda a combatir la obesidad y enfermedades no transmisibles, que afectan a más del 50% de la población latinoamericana. En educación (ODS 4), promueve la permanencia escolar, mejora el desempeño académico e inculca valores de cooperación y disciplina. En igualdad de género (ODS 5), el deporte facilita el liderazgo femenino y combate estereotipos limitantes.
El estudio también relaciona al deporte con la reducción de desigualdades (ODS 10), en una región con un coeficiente de Gini promedio de 50,1, más alto que el de los países de la OCDE. Programas deportivos inclusivos pueden ayudar a disminuir estas brechas y ofrecer oportunidades para la integración social y laboral de comunidades marginadas.
La investigación reconoce avances, pero también señala desafíos estructurales, como la alta inactividad física y la desigualdad en el acceso a oportunidades deportivas. En América Latina, aproximadamente 360 millones de personas tienen sobrepeso, cifra que representa el 58% de la población, y esto es más prevalente en sectores de bajos ingresos y en mujeres, lo que indica la necesidad de políticas públicas más inclusivas.
Asimismo, se menciona la violencia y corrupción como obstáculos para el desarrollo sostenible (ODS 16). América Latina concentra el 39% de los homicidios globales y 41 de las 50 ciudades más violentas del mundo. El deporte, con su potencial para fomentar el juego limpio y la transparencia, es visto como una herramienta para fortalecer la integridad y la cohesión social.
Para maximizar el potencial del deporte, el informe de la SEGIB destaca la necesidad de alianzas entre gobiernos, el sector privado, organizaciones deportivas, ONG y organismos internacionales, enfocándose en objetivos compartidos con métricas claras y alineados con las estrategias nacionales de desarrollo.
Ejemplos concretos incluyen iniciativas de UNICEF centradas en la infancia, proyectos de la UNESCO en educación física y programas de la ONU que utilizan el deporte para la prevención de drogas. También se resalta la responsabilidad social corporativa, aunque aún pocas empresas en América Latina incorporan la sostenibilidad en sus estrategias. Las que apoyan programas deportivos no solo generan beneficios sociales, sino que también fortalecen su reputación y lazos comunitarios.
Una oportunidad para la República del Paraguay
En Paraguay, los desafíos son evidentes: elevados niveles de desigualdad, una brecha de género en el ingreso y una urbanización rápida que coexiste con problemas de violencia e inseguridad. Aquí, el deporte se plantea como una herramienta para promover la inclusión, la salud y la cohesión social.
En años recientes, el deporte también se ha convertido en un motor económico, social y cultural. Los Juegos Suramericanos Asunción 2022 dinamizaron la economía y dejaron un legado de infraestructura y participación ciudadana. Los Juegos Panamericanos Junior 2025 reforzaron la proyección internacional del país, mientras que el Rally del Paraguay (WRC 2025) espera atraer a más de 250,000 espectadores, dinamizando sectores como el turismo y la gastronomía.
Además, deportes emergentes ganaron espacio con eventos como el WPT Paraguay Open 2023 y el Premier Pádel 2025, posicionando al país en el calendario global del pádel. En el fútbol, la Final de la Copa Sudamericana 2024, realizada en la Nueva Olla, atrajo a turistas y mejoró la visibilidad internacional de Paraguay. Estos eventos demuestran que el deporte va más allá del entretenimiento y se consolida como un factor de integración social, dinamismo económico y proyección internacional.
Con una fuerte tradición deportiva, especialmente en el fútbol, Paraguay tiene la oportunidad de integrar este capital social en programas de educación, prevención de violencia y promoción de la igualdad de género, contribuyendo así al logro de la Agenda 2030.
Este material fue preparado por MF Economía e Inversiones.
Nacionales
Filizzola y Villalba proponen iniciativa para reconocer desapariciones forzadas en dictadura de Stroessner
El 4 de noviembre de 2025, los senadores Rafael Filizzola y Éver Villalba propusieron una ley que reconoce la desaparición forzada durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Su objetivo es cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia y reparar una deuda histórica con las víctimas del régimen.
El lunes, Rafael Filizzola anunció en la red social X (antes Twitter) que él y Éver Villalba presentaron el proyecto de ley para reconocer y declarar la desaparición forzada de personas por el Estado paraguayo durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
Filizzola señaló que la propuesta busca «saldar una deuda histórica con las cientos de personas desaparecidas bajo el régimen» y obedece a las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia, que en su informe final pidió al Estado paraguayo aceptar su responsabilidad en los crímenes cometidos entre 1954 y 1989.
«La verdad es esencial para la justicia, y sin justicia no hay democracia», escribió el legislador.
El proyecto fue presentado el 3 de noviembre, una fecha conocida entre los seguidores de Stroessner como «fecha feliz» en honor al cumpleaños del exdictador, quien gobernó con mano dura durante más de 35 años.
Si se aprueba, la ley significaría un reconocimiento oficial por parte del Estado paraguayo a las víctimas de la desaparición forzada, uno de los crímenes más atroces documentados en ese período.
Nacionales
Comisión del Senado convoca a Riera y a expertos en polígrafo a reunión privada por controversia en ascensos policiales
La comisión del Senado, en una reunión reservada, convocó al ministro del Interior, Enrique Riera, y a Jorge Ramón Román Vallejos, presidente de la Asociación Paraguaya de Poligrafía, con el fin de resolver las dudas sobre el uso del polígrafo debido a la falta de reglamentación de la norma.
El senador Rafael Filizzola expresó su preocupación por lo que considera una manipulación en los concursos para ascensos policiales, donde el polígrafo habría dejado fuera al mejor egresado de su promoción, beneficiando a personas con antecedentes cuestionables. Destacó que hay un caso concreto donde el mejor egresado fue excluido, mientras se promueven personas con antecedentes dudosos, sugiriendo maniobras para favorecer a ciertas personas y perjudicar a otras valiosas.
Filizzola comentó que los poligrafistas de la policía no participan en el proceso y que las máquinas utilizadas podrían estar obsoletas. También señaló que se recurriría a poligrafistas de origen militar, lo cual consideró inapropiado, dado que hay especialistas en la institución policial.
El legislador enfatizó que el polígrafo no es infalible y que ningún país lo considera determinante para ascensos en las fuerzas de seguridad, siendo solo una prueba entre muchas. También cuestionó la falta de reglamentación y transparencia, ya que los resultados no se comunican a los afectados ni hay un mecanismo de apelación.
El ministro Riera fue citado previamente por la comisión, pero no compareció, lo que llevó a suspender la sesión. Filizzola afirmó que el Senado no debería tratar los ascensos si las dudas no se aclaran. Presentaron un cuestionario al ministro sobre la reglamentación del polígrafo, el estado de los equipos, la capacitación y los procedimientos.
El senador Natalicio Chase comentó que la ley, aunque sin reglamentar, sigue vigente y debe aplicarse hasta que se modifique. Confirmó que se está trabajando en cambiar el artículo sobre el uso del polígrafo para que sea más claro y ajustado a las garantías constitucionales.
La comparecencia de Riera y la APYP es clave para definir la situación. Filizzola advirtió que, si no se aclaran las irregularidades, el Senado no debe aprobar los ascensos, ya que promueve a quienes tienen antecedentes y castiga a los mejores, afectando la moral policial.
La reunión será crucial para esclarecer el uso del polígrafo en los ascensos policiales y verificar si se ajusta a la legalidad y a la transparencia institucional.
La bancada de Cruzada Nacional solicitó un informe al Poder Ejecutivo, dirigido al Ministerio del Interior, para aclarar los motivos, alcances y regulaciones del uso del polígrafo en la Policía Nacional. El proyecto de resolución, presentado por los senadores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Walter Kobilansky, será tratado en la sesión de mañana de la Cámara de Senadores, programada para las 9:00.
El documento solicita al Ejecutivo detalles sobre los actos administrativos que autorizan el uso de esta herramienta en evaluaciones y ascensos del personal policial. Los legisladores desean conocer la norma que regula su aplicación, incluyendo fecha y texto completo, y qué disposiciones internas (manuales, protocolos) existen.
También se consulta si el polígrafo se usa solo en ascensos o también en investigaciones internas, selección o control disciplinario. Además, buscan saber qué porcentaje del puntaje final en los ascensos depende del polígrafo, incluyendo la fórmula de cálculo.
El pedido también pretende esclarecer los aspectos operativos y financieros del sistema. Por ello, los senadores solicitan identificar a las empresas proveedoras de equipos, detallando la cantidad y características de los aparatos disponibles.
Además, requieren información sobre los operadores, especificando si son parte del cuerpo policial o contratados externamente. Se pide también confirmar si los funcionarios sometidos dan su consentimiento y qué mecanismos existen para proteger su confidencialidad y datos personales.
Respecto al presupuesto, se solicita al Ministerio del Interior un desglose del monto invertido en compra, mantenimiento, software y capacitación desde la implementación del polígrafo hasta la fecha, detallado por año.
El objetivo del proyecto es garantizar la transparencia en los procesos internos de la Policía Nacional y asegurar que el uso del polígrafo sea conforme a criterios legales, éticos y técnicos. Este tema será discutido en el Senado en el orden del día, donde se espera la opinión del oficialismo y la respuesta del Ministerio del Interior.
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