Dos intendentes cartistas fueron cuestionados por no informar sobre el uso de fondos recibidos del Estado en el primer cuatrimestre. Otros cinco jefes comunales lo hicieron de forma tardía, según la Contraloría General.
Gustavo Penayo, de Caapucú, recibió G. 601 millones en royalties y G. 212 millones por Fonacide, sin detallar en qué se destinó ese dinero. Por otro lado, Hilario Adorno, de Puerto Casado, recibió G. 730 millones y G. 208 millones, también sin dar explicaciones sobre su uso.
Adorno, quien enfrenta acusaciones por lesión de confianza y tiene restringido el acceso a la sede municipal, ha sido señalado por realizar actividades administrativas en el polideportivo municipal. Ambos intendentes han generado críticas por la falta de transparencia en la gestión de fondos públicos.
La Contraloría General ha expresado su preocupación por la falta de rendición de cuentas de algunos jefes comunales, destacando la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos del Estado. Se espera que los intendentes den explicaciones claras sobre el destino de los fondos recibidos y cumplan con sus obligaciones de informar a la ciudadanía.
Las denuncias de presunta malversación de fondos han generado un fuerte debate en el ámbito político nacional, con varios sectores exigiendo una investigación profunda sobre el manejo de los recursos públicos en las municipalidades. La falta de transparencia en la gestión de fondos municipales es un tema que preocupa a la ciudadanía y que necesita ser abordado con seriedad.
Los intendentes involucrados han sido convocados a rendir cuentas ante las autoridades competentes, a fin de esclarecer las irregularidades detectadas en la utilización de los fondos públicos. Se espera que este episodio sirva como un precedente para fortalecer los controles internos en las municipalidades y garantizar una gestión transparente y responsable de los recursos estatales.
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