La crisis de inestabilidad política que atraviesa Francia ha privado al mundo de una imagen tan simbólica como excepcional: la patronal protestando en la calle. Los empresarios estaban dispuestos a manifestarse en protesta contra el llamado impuesto Zucman, un nuevo impuesto que se ha colado en el debate presupuestario y que ya ha provocado las primeras fricciones entre izquierda y derecha. es un impuesto a los grandes patrimonios -más de 100 millones de euros- cuyo diseño se ha inspirado en la propuesta lanzada en 2024 por el reconocido economista francés Gabriel Zucman.

La movilización patronal fue cancelada por coincidir con los días en que el país asomaba al abismo de un vacío de gobierno, pero el asunto ha seguido discutiéndose en la Asamblea Nacional., donde los socialistas exigen que se grave la riqueza de los ricos como condición para mantener a flote al Gobierno. El episodio refleja un debate que se intensifica en Europa y que busca que los ultraricos contribuyan más a unos sistemas fiscales que, con mil agujeros y lagunas, parecen diseñados a su medida.

“Europa no puede construir un sistema fiscal sostenible si sus ciudadanos más ricos contribuyen menos, en términos relativos, que los trabajadores comunes y corrientes”, sostiene Giulia Varaschin, asesora política del Observatorio Fiscal de la UE, que dirige el propio Zucman. El impuesto, añade, aumentaría los ingresos en unos 20.000 millones de euros anuales sólo en Francia y «realinearía el sistema tributario con los fundamentos constitucionales y morales de que cada uno contribuye según sus posibilidades».

La respuesta viene de Cristina Enache, economista de la Tax Foundation Europe, que asegura que estas cifras reducen los salarios y la inversión y destruyen empleo, además de tener un impacto redistributivo «muy limitado» y generar fuga de capitales hacia jurisdicciones más laxas en términos fiscales.

Algo anda mal en el sistema tributario. Existe una profunda brecha entre el músculo económico y financiero de los multimillonarios y el peso real de sus impuestos en las arcas públicas. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley, publicado recientemente por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) de Estados Unidos, ha analizado con datos administrativos cómo pagan impuestos los 400 estadounidenses más ricos. En este trabajo académico vuelve a aparecer una firma muy conocida, la del propio Zucman. Y muestra datos tan reveladores como incómodos: la tasa efectiva media de estas grandes fortunas es del 23,8%, muy por debajo del 30% que soporta la población media, y del 45% que recae sobre los trabajadores más cualificados.

El documento señala que lo que está sucediendo en Estados Unidos no es una excepción, sino parte de una tendencia que puede extenderse a regiones como Europa. En Francia, Países Bajos, Suecia y Noruega, los ultrarricos (en el análisis examinaron a aquellos con más de mil millones de euros) apoyan tasas efectivas que a veces son inferiores al 20%.

El informe no ofrece cifras de España, que no destaca por ser una de las jurisdicciones con más multimillonarios -algo más de 30, de un universo de casi 2.800 en todo el mundo-. Sin embargo, los datos disponibles a nivel nacional reflejan un panorama similar. Varios estudios académicos de instituciones como Fedea o el Instituto de Estudios Fiscales muestran que el 1% más rico del país -que incluye a las muy grandes fortunas y a los ricos de menor magnitud- soporta una tasa efectiva promedio sobre el total de impuestos inferior a la de los segmentos más pobres de la población.

Por ello, el grupo de economistas encabezados por Zucman exige la implementación de una tasa para un colectivo que no para de crecer en número y riqueza acumulada, y que acumula ya el 13,5% del PIB mundial, según datos del Observatorio Fiscal de la UE. Si el impuesto a los ricos prosperara y estos pagaran al menos el 2% de su riqueza cada año -lo que en conjunto equivale a cerca de 14 billones de dólares-, los países tendrían unos 250 mil millones de dólares (unos 215 mil millones de euros) de ingresos adicionales.

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Aunque con un impuesto efectivo muy inferior al 2%, España ya cuenta con el impuesto sobre el patrimonio -en las comunidades que lo tienen subsidiado opera el de las grandes fortunas-. En las elecciones noruegas celebradas en septiembre, el debate sobre los impuestos sobre la propiedad estuvo presente. El Reino Unido también mantiene sus debates y otros países, aprovechando las recientes discusiones en el seno del G-20, han puesto el tema sobre la mesa. En Francia han ido un poco más allá y los ecologistas y la coalición de izquierdas han aterrizado una propuesta que afectaría a casi 2.000 altos contribuyentes. Bernard Arnault, presidente del grupo de lujo LVMH, ha declarado que estas ideas son típicas de “militantes de extrema izquierda” deseosos de “destruir la economía liberal”. Para Varaschin, sin estas correcciones “resulta difícil pedir al resto de la sociedad que asuma cargas más pesadas mediante impuestos más altos y recortes de asistencia social”.

Recetas opuestas

El fenómeno de la baja tributación de los más ricos no responde tanto a prácticas de evasión o fraude como a la estructura que rige a todos estos países. El denominador común es que los impuestos están diseñados en torno al trabajo y a las formas tradicionales de obtención de ingresos, por lo que son menos eficaces a la hora de gravar la riqueza procedente de vehículos empresariales, financieros y de inversión (acciones, dividendos, intereses, plusvalías…), que son los que engordan las grandes fortunas. Cómo abordar esta situación –y si es apropiado hacerlo– es lo que divide a los expertos.

Algunos creen que es difícil precisar los activos sujetos al impuesto y que estos impuestos provocarían deslocalizaciones masivas, penalizando la inversión y, por tanto, el empleo. Otros sostienen que una respuesta coordinada entre varios países, junto con un diseño blindado y bien estructurado, puede capturar esa riqueza y ayudar a los gobiernos a reducir las desigualdades y sanear sus cuentas públicas.

Los esquemas por los que se rigen los sistemas tributarios, cree José María Durán, profesor de la Universidad de Barcelona e investigador del Instituto de Economía de Barcelona, ​​son los que dificultan la aplicación efectiva de impuestos de este tipo. “El problema no es tanto la idea de gravar a los más ricos, sino cómo hacerlo sin crear distorsiones ni duplicidades”, apunta. Durán se muestra cauteloso ante el entusiasmo que genera el tasa de Zucman en determinados sectores políticos. “En impuestos los detalles son fundamentales”, recuerda. «Sabemos qué es la fiscalidad sobre el patrimonio, pero hay que especificar qué se grava y qué no, además de las exenciones previstas, como las que se aplican a las empresas familiares. Todo ello condiciona el efecto final del impuesto».

Durán insiste en aspectos como la valoración de los activos. “No es lo mismo una acción cotizada que una que no lo es, ni un inmueble nuevo versus uno antiguo, ni utilizar el precio de mercado u otro indicador”. El investigador señala también que la riqueza, a diferencia de los ingresos, “se grava con independencia de que en un año haya ganancias o pérdidas”, lo que puede resultar “muy distorsionante”. También plantea interrogantes sobre qué hacer con las empresas familiares y los activos repartidos en varios países. «Sin cooperación entre administraciones tributarias todo se irá. Los que más tienen también tienen más capacidad de deslocalizar», advierte.

El investigador destaca el pequeño grupo de millonarios -sobre todo americanos y europeos- que se han mostrado públicamente a favor del impuesto, pero cree que «son muy pocos» y que la mayoría de ellos tomaría la decisión de no pagar.

Hay quienes son más contundentes. Gregorio Ordóñez, director del Instituto de Estudios Económicos -centro de estudios de la patronal española- asegura que el impuesto sobre bienes inmuebles «es la figura que más distorsión genera en términos de actividad económica y deslocalización». Recuerda que muchos países europeos lo han ido eliminando a lo largo de los años “precisamente por eso”. Por un lado, dice, reduce el ahorro y la inversión al aumentar el costo del capital. Por otro lado, “los sistemas económicos modernos son interdependientes: si penalizas a algunos, terminas afectando a todos”.

En su opinión, es injusto incluir los activos productivos (las empresas) en este debate, pues el capital ya está gravado «directa e indirectamente, a través del IRPF, el impuesto de sociedades o los impuestos locales». Y añade que, si sólo unos pocos países aplicaran el impuesto, los demás se convertirían en polos de atracción de grandes fortunas. «La experiencia demuestra que gravar a estos perfiles no tiene efectos positivos. Se deslocalizan y se reducen los incentivos para seguir creando riqueza», concluye Ordóñez.

Enache también cree lo mismo: “Un impuesto al patrimonio reduce los salarios, destruye empleos y reduce los ingresos”. existencias de capital. Todos los grupos de ingresos se ven perjudicados debido a la menor actividad económica”. Además, añade, un acuerdo global o europeo «es muy improbable», ya que un número crítico de países tendrían que firmarlo, incluida Suiza, «lo que haría inviable esta propuesta».

Sin embargo, excluir los activos profesionales neutralizaría los efectos de la reforma, opina Varaschin. Estos representan alrededor del 90% de la riqueza de los multimillonarios, por lo que su exclusión abriría un “enorme vacío legal, fomentando la reclasificación de activos y reduciendo los ingresos potenciales hasta 40 veces”. El analista tampoco cree en los desincentivos resultantes para la actividad empresarial. De hecho, “un sistema tributario justo, junto con servicios públicos sólidos e inversión en investigación, proporciona una mejor base para la innovación que un entorno de bajos impuestos marcado por la inestabilidad”, concluye.

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