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Denuncian pedidos de coima hechos por funcionarios del Senave

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Denuncian pedidos de coima hechos por funcionarios del Senave
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La presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas del Mercado de Abasto denunció que funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) solicitan pagos para proveer permisos a los importadores.

En comunicación con Radio Chaco Boreal, la licenciada Karen Leguizamón, presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas del Mercado de Abasto, denunció que funcionarios del Senave solicitan pagos para proveer un permiso, la Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi), que permite la importación de productos.

Según explicó Leguizamón, el Afidi es un documento que se “mal utiliza por el gobierno” para regular la importación de ciertos rubros que se denominan “rubros sensibles” y que integran productos como tomate, papa, cebolla, etc.

Señaló que cuando hay poca producción nacional, el Senave no otorga el Afidi como una medida de protección para evitar que ingresen otros productos de otros países, pero cuando los productos nacionales acaban, se debe habilitar el permiso para realizar las importaciones y así poder abastecer al país.

“Y es ese el momento donde es aprovechado por algunas personas para poder negociar. Piden plata para autorizar, funcionarios del Senave”, manifestó Leguizamón.

La dirigente explicó que existe una lista de compradores que están autorizados a recibir el permiso, proveída por el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) al Senave.

Mencionó que el 7 de febrero solicitó a través del sistema un Afidi de tomate, ya que ella se encuentra dentro de esa lista y que aún no recibió la autorización, sin embargo, se le asigna rápidamente el permiso a quienes ni siquiera aparecen en el listado.

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“Hasta hoy no se me autorizó, mientras que está el nombre de este importador que nunca compró ni medio kilo, que figura dentro de la lista de no compradores; ya se le ha autorizado más de 8 documentos en lo que va de estos dos meses”, comentó Leguizamón.

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Agregó que en cerca de cinco horas se le brinda el permiso. “¿Sabes qué hora carga su solicitud? A las 9 de la mañana, para las 13 ya está autorizado, en prácticamente menos de 5 horas ya tiene autorizado, yo no sé qué requisito está cumpliendo para que tan rápidamente se le pueda autorizar a un desconocido en el rubro”, reclamó.

Coima

La dirigente comentó que los pedidos de dinero a cambio del permiso rondan los G. 10 millones.

“Hay audios de importadores recorriendo todos los grupos de Whatsapp. Hay un importador que menciona que él supuestamente pagó G. 15 millones por un Afidi de tomate. ‘A mí me pidieron G. 7 millones por Afidi de zapallo’. Me muestran screen de cómo hacen los pagos, con quién hacen los tratos”, manifestó Leguizamón.

Asimismo, comentó que incluso llegó hasta el presidente de la república, Santiago Peña, y le puso al tanto de la situación y que este prometió tomar medidas desde el MAG.

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“Yo personalmente me fui a decirle al ministro, personalmente le escribí por Whatsapp a la persona que empezó a solicitar dinero, me dejó en vistazo y esta misma persona me dijo ‘Vení nomas ya vos sentate en la oficina, acá en la presidencia y dirigí nomas ya vos el Senave’, con esa falta de respeto por haber reclamado. Se burlan de nosotros”, agregó la dirigente, quien no descartó la realización de manifestaciones para exigir la renuncia del presidente del Senave, Pastor Soria.

Presidente

Al ser consultado sobre la denuncia, Soria señaló que “desde que iniciamos nuestra gestión al frente del Senave” la dirigente “siempre está buscando la quinta pata al gato o ponerle palo a la rueda”.

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Mencionó que Leguizamón ni siquiera es importadora, sino despachante y que exige que solo se brinde el permiso a la Asociación que preside.

“Yo le pedí que si ella tiene la denuncia concreta, que haga, así da gusto, pero no (que solo diga) ‘que se vende, no se vende’”, expresó Soria.

El mismo mencionó que el Afidi se trata de un certificado fitosanitario y que realmente se utiliza como un regulador de importaciones, pero que tiene previsto llamar una consultoría para ver la estrategia correcta “para que se termine esta historia”.

Al mencionar que esta no es una situación nueva, se refirió a la denunciante diciendo que “ella cree que va a seguir manejando como ella quería que se le dé el Afidi a quien ella quería”.

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Al comentar que Leguizamon es despachante, dio a entender que la misma tiene un interés referente a las importaciones.

“Yo soy despachante, entonces yo tengo que tener la mayor cantidad de Afidi, para que yo pueda ser el mayor importador también, o sea, el despachante que más trabaja”, insinuó.

Soria señaló que la situación debe ser abordada de forma institucional. “Hay que meterse ahí, dicen ser importadores, no son, ellos piden un Afidi para el otro importador, todo un sistema hay ahí que tenemos que revisar y ver cómo hacerlo más transparente”, mencionó.

Al ser cuestionado si en la institución todos son totalmente honestos, Soria afirmó: “No, no, ninguno. Ndovaléi ñañembotavy. Ko’ápe ko oĩ mbaite, che ndadefendemo’ãi lo indefendible, ni no voy a decir ‘Ah sí, toditos somos buenitos’”.

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El presidente del Senave volvió a insistir con que se realice la denuncia correspondiente.

“Yo siempre pido que seamos responsables, vamos na a denunciar así concretamente. Acá está el documento, acá hay una evidencia de que se hizo eso”, insistió, a la par de volver a insinuar sobre supuestos intereses de la denunciante.

“Ella primero es despachante, no es importadora. Pero como tiene sus asociados, despachantes que se asocian a importadores, negocio redondo, por ahí viene la mano”, expresó.

“Está bien, cada uno juega su partido, tiene que saber jugar nomas. Si tiene los documentos, la evidencia, pues adelante”, acotó.

Fuente: Última Hora

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Petropar afirma «confidencialidad bancaria» para no revelar morosidad de operadores, algunos políticos

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Petropar afirma «confidencialidad bancaria» para no revelar morosidad de operadores, algunos políticos
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El jueves pasado, el presidente de Petropar, Eddie Jara, presentó su presupuesto 2026 ante la Comisión Bicameral del Presupuesto del Congreso. En la reunión se plantearon críticas sobre la transparencia de la estatal, especialmente por la gran deuda de los operadores de estaciones de servicio, muchos de ellos con conexiones políticas.

Según el balance de la empresa, la deuda de los operadores asciende a 33 millones de dólares hasta diciembre de 2024. Sin embargo, cuando los legisladores pidieron un informe detallado de los deudores, Petropar solo proporcionó información general.

El diputado Raúl Ramírez criticó esta falta de claridad, preguntando quiénes son los deudores, si todavía están operando normalmente y recibiendo combustible.

Jara respondió invocando un supuesto “secreto bancario” en los contratos, mencionando que divulgar información podría llevar a demandas a menos que sea por requerimiento judicial.

Jara también afirmó que las deudas están respaldadas por garantías reales, como hipotecas y avales. En caso de morosidad permanente, se activan estas garantías o se transfiere la estación a otro operador. Dijo que el 90% de las líneas de crédito están cubiertas por estas garantías.

Mencionó también el caso de Fusión Pilar SA, ligada al vicepresidente Pedro Alliana, que tenía un crédito mensual con un simple pagaré como garantía. No se sabe si la estación de Alliana fue exigida como garantía.

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La diputada Rocío Vallejo criticó el modelo de negocio que permite a las estaciones financiarse con Petropar sin pagar puntualmente, además del fuerte gasto en publicidad de la empresa.

Jara afirmó que la morosidad es solo del 5% del total vendido y defendió la estrategia de marketing como necesaria para el posicionamiento de marca, comparándose con emblemas internacionales que invierten mucho más.

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Vallejo insistió en la falta de transparencia, argumentando que la estatal debería ser más estricta con los deudores al tratarse de recursos públicos.

Jara aclaró que no todas las ventas son al contado ya que la alta competencia obliga a vender a crédito, y defendió las políticas de precios de Petropar que han incrementado su participación en el mercado.

El debate dejó claro que Petropar utiliza cláusulas contractuales para no revelar la lista de morosos, muchos de los cuales son políticos, lo que sugiere una falta de transparencia en el manejo de recursos públicos.

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Juez paraguayo asegura que la democracia depende de una prensa libre

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Juez paraguayo asegura que la democracia depende de una prensa libre
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Sure, here’s a rephrased version:


– ¿Qué opinas de las sesiones plenarias presenciales de la Corte Interamericana en Paraguay, siendo la tercera en dos décadas?

  • Gracias por la entrevista. La experiencia fue muy positiva. La sesión fue intensa y productiva, con una agenda cargada. Realizamos tres audiencias públicas y una privada, además de visitas protocolares con diversas autoridades. La Presidenta, doctora Nancy Hernández, firmó convenios de cooperación y visitó varias instituciones. Los jueces tuvieron diálogos con autoridades locales y se estableció un valioso espacio de diálogo con la sociedad civil. También organizamos un seminario académico en la Universidad Nacional de Asunción para divulgar el trabajo de la Corte IDH. Visitamos el Museo de la Memoria con el Dr. José Agustín Fernández y su equipo, lo que fue significativo. Aunque no participé, se realizaron audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias contra el Estado paraguayo, fundamentales para medir los avances necesarios para el pleno cumplimiento de las sentencias. Agradezco a todos en este maravilloso país por hacer sentir bien a nuestros invitados internacionales.

– ¿Puede explicar por qué la Corte IDH no actúa como una cuarta instancia?

  • Claro, es una pregunta crucial. A menudo se malinterpreta el rol del sistema internacional de derechos humanos. La Corte Interamericana no es un tribunal de apelación para decisiones de tribunales nacionales. Su función es determinar si un Estado ha violado artículos de la Convención Americana u otros tratados del Sistema. Generalmente, las violaciones se relacionan con los artículos 8 y 25, sobre las garantías judiciales y la protección judicial. La Corte IDH puede señalar si hubo fallos en respetar el debido proceso o el acceso a un recurso efectivo, pero el sistema es subsidiario, complementario y coadyuvante. Esto significa que se deben agotar primero las instancias internas. Si un caso pasa a la Corte IDH, evalúa la responsabilidad del Estado y puede ordenar reparaciones para las víctimas de violaciones. La Corte no se encarga de resolver desacuerdos sobre la valoración de prueba o aplicación del derecho interno, a menos que afecten obligaciones internacionales en derechos humanos.
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– ¿Cuándo se puede acudir a la Corte IDH?

  • Como mencioné, primero se deben agotar las instancias internas. Si estos mecanismos fallan, se puede recurrir a la Comisión Interamericana. Si no se encuentra solución allí, la Comisión puede remitir el caso a la Corte IDH. Es un proceso que lleva tiempo y ha recibido críticas. Debemos abordarlo colectivamente, involucrando órganos políticos de la OEA, y todas las partes interesadas como Estados, academia, sociedad civil, víctimas, etc. Lo ideal sería seguir mejorando el Sistema en lugar de solo criticarlo.

– ¿Qué piensa sobre la situación de la democracia en Latinoamérica?

  • Me preocupa el retroceso democrático global y regional. En varios países es evidente. Los índices internacionales muestran claramente esta tendencia. La democracia representativa tradicional está en crisis. Proyectos autoritarios intentan reemplazar este modelo, lo que es inaceptable para mí. Hay un paralelismo con la deslegitimación de democracias en Europa a principios del siglo XX. La lucha ocurre en la política y en el ámbito de las ideas, y podría llevar a una catástrofe como la pasada. La Corte IDH tiene un gran desafío, dependiendo de la cooperación de los Estados y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En contextos autoritarios, la Corte podría enfrentar tensiones con democracias y estados que desacaten sus decisiones. A pesar de esto, debe actuar como barrera para evitar retrocesos. Un tribunal internacional puede apoyar los valores de una democracia abierta y respetuosa de derechos, pero necesita el apoyo de una ciudadanía comprometida.
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– ¿Cómo ve la situación actual de los derechos humanos en la región?

  • El Sistema Interamericano siempre ha enfrentado problemas. Antes fueron las dictaduras militares; hoy es la violencia y discriminación contra mujeres y otros grupos, desigualdad social, pobreza, corrupción y su impacto en derechos. También enfrentamos desafíos como la emergencia climática, el auge del neotoditarianismo y cómo las nuevas tecnologías afectan los derechos. La Corte IDH debe proteger la dignidad humana frente a estos desafíos.

– ¿Cuál es el papel de la prensa en las sociedades latinoamericanas?

  • La prensa es fundamental en una democracia. La Corte IDH la llama "piedra angular" de una sociedad democrática. Sin prensa libre no hay democracia. La Corte defiende la libertad de expresión y prensa, contribuyendo al control y transparencia estatal, y permite una participación ciudadana más activa. La libertad de prensa se debe proteger porque es esencial para las libertades públicas. Modelos neoautoritarianos tienden a atacar la libertad de prensa y judicial, pilares de nuestras democracias.

– ¿Qué opina sobre las amenazas a periodistas?

  • Es preocupante y nos lo tomamos en serio en la Corte IDH. Hemos desarrollado jurisprudencia para proteger a los periodistas, vinculada a la libertad de expresión en el artículo 13 de la Convención. Intentamos garantizar seguridad para que desempeñen su rol informativo y proteger sus derechos de vida e integridad. Los Estados deben ofrecer especial protección a periodistas en riesgo. Las reglas del juego democrático implican que los políticos acepten el escrutinio público, indispensable para sociedades más justas que respeten la dignidad humana.
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Perfil del Dr. Diego Moreno

Diego Moreno Rodríguez Alcalá es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y Master en Derecho por la Universidad Columbia de Nueva York. Es abogado, graduado con honores de la Universidad Católica de Asunción. Cuenta con más de 20 años de experiencia en academia, función pública internacional y práctica profesional.

Ha sido profesor en diversas universidades e institutos y ha publicado extensamente en materia de justicia constitucional y derechos humanos. Con experiencia en el Sistema Interamericano, trabajó más de seis años en el Departamento de Derecho Internacional de la OEA. Fue electo Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2024 para el período 2025-2030. También fue Oficial Jurídico en la OEA, asesorando en temas de derecho internacional y derechos humanos, participando en procesos de elaboración de convenciones contra el racismo y otras formas de discriminación e intolerancia.

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El MEC desestimó a oferentes que alertaban sobre una licitación manipulada

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El MEC desestimó a oferentes que alertaban sobre una licitación manipulada
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El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recibió observaciones de posibles oferentes que señalaron un posible sesgo en la licitación para la impresión de libros. Antes de la apertura de sobres, solicitaron cambios en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), pero el ministerio no hizo caso y mantuvo criterios de selección poco usuales, como donaciones y voluntariados.

Los documentos de la licitación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la impresión de libros revelan múltiples advertencias sobre un posible direccionamiento. Estas advertencias llegaron al ministerio antes de la apertura de sobres, pero no se consideraron.

Información del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) indica que varios posibles oferentes pidieron cambios urgentes en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) durante el periodo de consultas.

El ministro de Educación y Ciencias Luis Fernando Ramírez.

Sistema de puntajes inalcanzable

En la consulta N° 2 se cuestionó la arbitrariedad de uno de los parámetros de la convocatoria, denominado “Otros Criterios que la Convocante Requiera”.

“Quisiera saber por qué incluyen los ‘Otros Criterios que la Convocante Requiera’ en las páginas 15 y 16 del Pliego. El sistema de puntajes es inalcanzable para las Pequeñas y Medianas Empresas, así como la Certificación ISO 9001/2015 o similares. Podrían volver a criterios de evaluación como precio e infraestructura, como antes”, se reclamó.

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El MEC respondió: “Los criterios de evaluación por multiplicidad de criterios se ajustan a la Ley 7021, que promueve la selección de ofertas basándose en criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica para determinar la mejor relación costo-beneficio. Por lo tanto, se mantiene el método de evaluación por multiplicidad de criterios”.

María José Carrillo de Lezcano, directora de Contrataciones del MEC.
María José Carrillo de Lezcano, directora de Contrataciones del MEC.

Exclusión de Pymes

La consulta N° 3 también criticó este ítem, mencionando la exclusión de las pymes y añadió una denuncia: “Solicito se eliminen los puntos discutidos y se restablezca el mecanismo habitual de evaluación de ofertas. Con lo señalado en el PBC sólo se evidencia un direccionamiento de la convocatoria (…)”. El ministerio respondió lo mismo que a la consulta 2.

En la consulta N° 5 se pidió eliminar estos criterios de las páginas 15 y 16, explicando cómo afectan a las Pymes que no están en igualdad de condiciones para cumplir estos requerimientos. Y concluyó: “Posponer esta forma de adjudicación permitirá no discriminar a ningún licitador. Estamos seguros que no se comprometerá el producto final solicitado”.

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El MEC respondió lo mismo que en anteriores ocasiones, sin justificar técnicamente el motivo del cambio en su sistema de evaluación para este llamado.

Herman Weisensee, asesor de Luis Ramírez. Supuestamente tuvo injerencia en la polémica licitación.
Herman Weisensee, asesor de Luis Ramírez. Supuestamente tuvo injerencia en la polémica licitación.

Mayor peso a la beneficencia que al precio

Finalmente, el ministerio valoró más criterios como “sostenibilidad social”, “responsabilidad social” y “cultura organizacional” que el precio. Ante la consulta sobre estos criterios, el ministro Luis Ramírez explicó: “Experiencia en programas de voluntariado, donaciones, apoyo a instituciones de beneficencia, cooperación, trabajo con el entorno y medio ambiente».

Sin embargo, aunque el MEC promociona este nuevo sistema de evaluación como óptimo para el Estado, terminará pagando US$ 1 millón más, ya que eligió ofertas más costosas al dar más importancia a criterios “sociales” (como donaciones) que al “precio bajo”. Tampoco tuvo en cuenta la experiencia ni capacidad técnica o financiera de las empresas oferentes.

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La licitación está impugnada ante la DNCP y suspendida mientras se revisa la protesta de un oferente.


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