Nacionales
Denuncian pedidos de coima hechos por funcionarios del Senave

La presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas del Mercado de Abasto denunció que funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) solicitan pagos para proveer permisos a los importadores.
En comunicación con Radio Chaco Boreal, la licenciada Karen Leguizamón, presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas del Mercado de Abasto, denunció que funcionarios del Senave solicitan pagos para proveer un permiso, la Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi), que permite la importación de productos.
Según explicó Leguizamón, el Afidi es un documento que se “mal utiliza por el gobierno” para regular la importación de ciertos rubros que se denominan “rubros sensibles” y que integran productos como tomate, papa, cebolla, etc.
Señaló que cuando hay poca producción nacional, el Senave no otorga el Afidi como una medida de protección para evitar que ingresen otros productos de otros países, pero cuando los productos nacionales acaban, se debe habilitar el permiso para realizar las importaciones y así poder abastecer al país.
“Y es ese el momento donde es aprovechado por algunas personas para poder negociar. Piden plata para autorizar, funcionarios del Senave”, manifestó Leguizamón.
La dirigente explicó que existe una lista de compradores que están autorizados a recibir el permiso, proveída por el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) al Senave.
Mencionó que el 7 de febrero solicitó a través del sistema un Afidi de tomate, ya que ella se encuentra dentro de esa lista y que aún no recibió la autorización, sin embargo, se le asigna rápidamente el permiso a quienes ni siquiera aparecen en el listado.
“Hasta hoy no se me autorizó, mientras que está el nombre de este importador que nunca compró ni medio kilo, que figura dentro de la lista de no compradores; ya se le ha autorizado más de 8 documentos en lo que va de estos dos meses”, comentó Leguizamón.
Agregó que en cerca de cinco horas se le brinda el permiso. “¿Sabes qué hora carga su solicitud? A las 9 de la mañana, para las 13 ya está autorizado, en prácticamente menos de 5 horas ya tiene autorizado, yo no sé qué requisito está cumpliendo para que tan rápidamente se le pueda autorizar a un desconocido en el rubro”, reclamó.
Coima
La dirigente comentó que los pedidos de dinero a cambio del permiso rondan los G. 10 millones.
“Hay audios de importadores recorriendo todos los grupos de Whatsapp. Hay un importador que menciona que él supuestamente pagó G. 15 millones por un Afidi de tomate. ‘A mí me pidieron G. 7 millones por Afidi de zapallo’. Me muestran screen de cómo hacen los pagos, con quién hacen los tratos”, manifestó Leguizamón.
Asimismo, comentó que incluso llegó hasta el presidente de la república, Santiago Peña, y le puso al tanto de la situación y que este prometió tomar medidas desde el MAG.
“Yo personalmente me fui a decirle al ministro, personalmente le escribí por Whatsapp a la persona que empezó a solicitar dinero, me dejó en vistazo y esta misma persona me dijo ‘Vení nomas ya vos sentate en la oficina, acá en la presidencia y dirigí nomas ya vos el Senave’, con esa falta de respeto por haber reclamado. Se burlan de nosotros”, agregó la dirigente, quien no descartó la realización de manifestaciones para exigir la renuncia del presidente del Senave, Pastor Soria.
Presidente
Al ser consultado sobre la denuncia, Soria señaló que “desde que iniciamos nuestra gestión al frente del Senave” la dirigente “siempre está buscando la quinta pata al gato o ponerle palo a la rueda”.
Mencionó que Leguizamón ni siquiera es importadora, sino despachante y que exige que solo se brinde el permiso a la Asociación que preside.
“Yo le pedí que si ella tiene la denuncia concreta, que haga, así da gusto, pero no (que solo diga) ‘que se vende, no se vende’”, expresó Soria.
El mismo mencionó que el Afidi se trata de un certificado fitosanitario y que realmente se utiliza como un regulador de importaciones, pero que tiene previsto llamar una consultoría para ver la estrategia correcta “para que se termine esta historia”.
Al mencionar que esta no es una situación nueva, se refirió a la denunciante diciendo que “ella cree que va a seguir manejando como ella quería que se le dé el Afidi a quien ella quería”.
Al comentar que Leguizamon es despachante, dio a entender que la misma tiene un interés referente a las importaciones.
“Yo soy despachante, entonces yo tengo que tener la mayor cantidad de Afidi, para que yo pueda ser el mayor importador también, o sea, el despachante que más trabaja”, insinuó.
Soria señaló que la situación debe ser abordada de forma institucional. “Hay que meterse ahí, dicen ser importadores, no son, ellos piden un Afidi para el otro importador, todo un sistema hay ahí que tenemos que revisar y ver cómo hacerlo más transparente”, mencionó.
Al ser cuestionado si en la institución todos son totalmente honestos, Soria afirmó: “No, no, ninguno. Ndovaléi ñañembotavy. Ko’ápe ko oĩ mbaite, che ndadefendemo’ãi lo indefendible, ni no voy a decir ‘Ah sí, toditos somos buenitos’”.
El presidente del Senave volvió a insistir con que se realice la denuncia correspondiente.
“Yo siempre pido que seamos responsables, vamos na a denunciar así concretamente. Acá está el documento, acá hay una evidencia de que se hizo eso”, insistió, a la par de volver a insinuar sobre supuestos intereses de la denunciante.
“Ella primero es despachante, no es importadora. Pero como tiene sus asociados, despachantes que se asocian a importadores, negocio redondo, por ahí viene la mano”, expresó.
“Está bien, cada uno juega su partido, tiene que saber jugar nomas. Si tiene los documentos, la evidencia, pues adelante”, acotó.
Fuente: Última Hora



PILAR
Habitantes de comunidades rurales en el distrito de Tacuaras han solicitado formalmente la intervención de la Fiscalía del Medio Ambiente. Denuncian que una empresa arrocera ha bloqueado el canal principal del arroyo Las Hermanas, causando inundaciones en diversas áreas. Esta solicitud cuenta con el respaldo del intendente de Tacuaras, Lorenzo Irún (PLRA).
El 5 de septiembre de 2025, los residentes de Tacuaras y Laureles reportaron inundaciones. Según ellos, estas fueron provocadas por las obras de una empresa arrocera en Punta Diamante. Lorenzo Irún presentó una solicitud al fiscal del Medio Ambiente, Milciades Ramos, con el apoyo de las comunidades de Tacuara’í, San Jorge, Piretû Cué, Punta Diamante y Yaguarón.
Los habitantes acusaron a la empresa de obstruir los canales naturales del arroyo Las Hermanas para crear reservorios de agua y terraplenes para el cultivo de arroz. Esto habría afectado el ecosistema local y las fuentes de agua para consumo y producción.
Aunque no se mencionó oficialmente el nombre de la empresa en la solicitud, se supo que podría tratarse de AV Agroganadera S.R.L. Ademir Valkarenchi, su representante, afirmó estar dialogando con los vecinos para encontrar una solución conjunta.
Los pobladores esperan que la fiscalía actúe urgentemente para prevenir más inundaciones. En julio, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizaron una inspección en el área y encontraron varias irregularidades, según Rocío Mendoza, directora de Fiscalización Ambiental.
Mendoza informó que durante la inspección se detectaron obras hidráulicas de gran magnitud no incluidas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado por Mades, lo cual podría estar afectando los humedales y áreas circundantes. Sin embargo, las autoridades municipales todavía no han recibido un informe oficial o confirmación de posibles sanciones por parte del Mades.

Nacionales
Agentes de San Pedro y Concepción llevan a cabo un operativo conjunto contra el abigeato

En una operación conjunta, la policía de Tacuatí (San Pedro) y Horqueta (Concepción), junto con un equipo fiscal, realizaron un allanamiento para combatir el abigeato, arrestando a dos personas e incautando varias pruebas relacionadas con el delito.
La acción se desarrolló en la zona de Santa Librada, en un terreno comunal junto al río Ypané, frontera natural entre San Pedro y Concepción. Este lugar es frecuentemente usado por abigeos para faenar animales en un lado y venderlos en el otro, utilizando botes.
El operativo fue liderado por el fiscal José Alberto Godoy Blanco, especializado en casos de abigeato en Santa Rosa del Aguaray, como parte de una investigación por denuncias recientes en la Comisaría de Tacuatí.
Durante el allanamiento, se incautaron varias evidencias importantes: cuatro bolsas de carne bovina, dos motocicletas, un vehículo Volkswagen Gol blanco, dos botes de madera (uno con motor fuera de borda), y un rifle calibre 22.
Joel Godoy Brizuela (35) y Federico López (18), ambos del distrito de Horqueta, fueron capturados mientras estaban en uno de los botes. Por orden del fiscal Godoy, fueron trasladados a la Comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray, donde permanecen detenidos con libre comunicación. Todas las evidencias fueron enviadas al Ministerio Público para continuar con la investigación.
En la región del río Ypané, el abigeato es un problema constante. A pesar de los efectivos operativos policiales, este flagelo persiste debido al terreno difícil y el uso de rutas fluviales clandestinas por parte de los delincuentes.
La colaboración entre las fuerzas de seguridad de San Pedro y Concepción es un paso significativo en la lucha contra este grave problema que afecta al sector ganadero.

Nacionales
San Estanislao: indígenas obtienen compromisos de apoyo y detienen las protestas

SAN ESTANISLAO
Un grupo de manifestantes de diversas comunidades indígenas, que llevaban 22 días protestando en Cruce Guaicá, en el kilómetro 150 de la ruta PY03 de este municipio, decidió concluir la manifestación. Estos manifestantes, ubicados al costado de la vía principal que atraviesa el departamento de San Pedro, se retiraron.
Los pueblos originarios de San Pedro y otras regiones reclaman por la falta de apoyo del organismo responsable, exigiendo la remoción del presidente del Indi, el Gral. (R) Juan Ramón Benegas.
Según los líderes de las comunidades indígenas, tras acordar con las autoridades nacionales, incluida el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y otras entidades estatales, las familias que cerraban intermitentemente la ruta regresaron a sus asentamientos.
El portavoz de los manifestantes, César Dosanto, líder de la comunidad La Paloma de Yataity del Norte, del grupo Ava Guaraní, afirmó que decidieron levantar la protesta temporalmente mientras esperan que se cumplan los compromisos asumidos con la gente.
Acuerdo Alcanzado
Luego de semanas de negociación, se logró un acuerdo donde las autoridades prometieron acelerar la asistencia a las familias en numerosos asentamientos. Estas comunidades solicitan casas, pozos artesianos, electricidad, mejora de caminos, arreglos de escuelas y puestos de salud.
En La Paloma, las principales necesidades incluyen caminos y la construcción de un puente sobre el arroyo Tapiracuai para conectar con la comunidad Virgen del Carmen, la cual actualmente no tiene acceso.
Dosanto destacó que, tras días de sacrificio, lograron llegar a un consenso con los representantes del Indi para regresar a sus comunidades. Además, mencionó que su gente retorna con algunos víveres para complementar la producción agrícola local, mientras se esperan los trabajos de mejora prometidos por diversas entidades del gobierno nacional.

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