Denuncian irregularidades en la adjudicación de servicio de lavandería por parte del IPS
Un reciente escándalo de corrupción se ha desatado en torno a la adjudicación del servicio de lavandería y la provisión de sábanas para el Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay. A pesar de que el portal oficial de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas aún clasifica esta licitación como impugnada, el diputado Mauricio Espínola ha afirmado que el contrato ya fue otorgado en noviembre del año pasado por sumas que oscilan entre 40 y 80 millones de guaraníes, a empresas cuyos precios están significativamente por encima del mercado.
En el marco de esta denuncia, se reveló la existencia de un proceso que, según Espínola, está viciado de raíz. A pesar de que oficialmente la licitación para el servicio de lavandería alcanzaba un total de 160.000 millones de guaraníes (aproximadamente 23 millones de dólares), el legislador ha compartido documentación que respalda la adjudicación de dos consorcios: DYLAV y el consorcio de Industrias Médicas, con montos exagerados en comparación a los estándares del sector.
Espínola denunció que la adjudicación no se limita al servicio de lavado, sino que incluye «la provisión de textiles hospitalarios por evento», un concepto crítico que carece de límites claros. Esta imprecisión permite a los proveedores entregar una gran cantidad de sábanas bajo un esquema que se asemeja a una compra masiva disfrazada de un servicio, con costos que superan los 300.000 guaraníes por unidade.
Además, el legislador contrastó los costos reportados por el IPS que alcanzarán más de 40.000 guaraníes por kilo de lavado, destacando que ese precio corresponde habitualmente a un total de diez kilos en el mercado. La falta de competencia real ha sido otro de los puntos que Espínola subrayó, afirmando que las empresas adjudicadas presentan vínculos societarios que generan dudas sobre la transparencia del proceso.
Sospechas sobre vínculos con políticos
Uno de los aspectos más controvertidos de esta situación es la relación entre las empresas adjudicadas y funcionarios políticos, específicamente el senador Luis Pettengil. Este senador estaría vinculado al consorcio DYLAV a través de su firma Ocho A S.A., que ha recibido múltiples contratos en el pasado. Varios de los accionistas del consorcio tienen el mismo apellido, lo que indica posibles lazos familiares y aumenta las sospechas de favoritismo en el proceso de licitación.
Ante estas revelaciones, Espínola ha enfatizado que el proceso presenta características de una «competencia aparente», donde las formalidades se cumplen pero se vulneran los principios de competencia libre, un aspecto fundamental según la legislación vigente. Estas preocupaciones no son meras especulaciones, sino que están respaldadas por los propios documentos presentados por los oferentes durante el trámite de la licitación.
El diputado ha solicitado una revisión exhaustiva de este caso por parte de los organismos competentes, subrayando que la Ley de Contrataciones Públicas no solo exige la presentación de propuestas, sino también una verdadera independencia entre los oferentes, algo que no se ha cumplido en este caso. La situación plantea serias interrogantes sobre la integridad del proceso de adjudicación y el uso de los recursos públicos en Paraguay.