Nacionales
Custodio muere tras accidente de camión de caudales en Caaguazú
CAAGUAZÚ. El guardia del camión de caudales que se accidentó ayer en la Ruta PY02, Carlos Mendoza Enciso, de 43 años, falleció debido a las severas lesiones que sufrió en el accidente. Llegó sin vida al Instituto de Previsión Social (IPS) de Coronel Oviedo, adonde fue trasladado junto con otros heridos.
El incidente ocurrió en el km 156 de la Ruta PY02, bajo la jurisdicción de la Jefatura de Zona N° 1. El vehículo, un Mercedes Benz blanco con placa BAT 222, de la empresa Britimp Seguridad S.A., se salió de la carretera y volcó mientras iba hacia la capital.
En el camión también viajaban el conductor Cándido Garcete, de 50 años, quien sufrió lesiones graves, así como Roque Núñez Gauto, de 41, y Armando Andrés García Chávez, de 25, ambos con heridas significativas.
Las primeras informaciones sugieren que el vuelco pudo haber sido causado por el desprendimiento de una de las ruedas delanteras, aunque las causas oficiales aún no se han confirmado.
El Inspector Superior Carlos Torales, jefe de la Zonal de Coronel Oviedo, mencionó que todavía no se ha determinado oficialmente la causa del accidente, pero por la severidad del mismo se presume que el vehículo iba a alta velocidad. Añadió que el conductor está en estado delicado y no se le pudo realizar la prueba de alcoholemia.
Las investigaciones continúan para aclarar los hechos.
El Senado, con mayoría, aprobó la ley de reforma del transporte público, aunque con modificaciones. Derlis Maidana, líder de la Comisión de Legislación, resaltó el esfuerzo de varias comisiones en la revisión del proyecto. Señaló que siete comisiones del Senado colaboraron, incluyendo Asuntos Constitucionales, Legislación, Obras Públicas, y otras relacionadas. Se ajustaron 92 artículos de la propuesta del Ejecutivo, de los cuales se aceptaron 20 y se mejoró uno.
Este proyecto busca modernizar el sistema de transporte público metropolitano de pasajeros y modificar la Ley N° 1590/2000, asegurando la gestión sobre el transporte terrestre.
El senador Natalicio Chase afirmó que los 122 artículos propuestos para transformar el sector del transporte público fueron considerados, asegurando las condiciones laborales de los trabajadores. Chase enfatizó que no hay vacíos legales y que las condiciones de contratación serán plenamente cumplidas. Además, el proyecto busca descentralizar funciones para mejorar la calidad del servicio.
Se prevé una inversión estatal inicial de 50 millones de dólares. La senadora Blanca Ovelar subrayó la importancia de asegurar la trazabilidad de la información. También indicó que el fideicomiso no sustituye a las empresas, sino que reemplaza al Estado en la provisión de recursos. Ovelar destacó la necesidad de proteger a todas las personas afectadas por las reformas.
El plan incluye concesiones de 15 a 20 años mediante licitaciones públicas, cubriendo aspectos como la provisión de flota e infraestructura. La flota no superará los 15 años de antigüedad, priorizando vehículos de bajas emisiones. Además, se licitarán contratos para infraestructura y servicios complementarios. La operación se organizará en unidades funcionales para reducir las líneas actuales a 10 empresas operadoras, implementando integración tarifaria.
La posibilidad de una huelga se aviva, ya que los conductores serán sometidos a evaluaciones periódicas para mantener sus empleos, lo cual ha generado críticas. También existe preocupación por la seguridad laboral en caso de que una empresa pierda su concesión. Por estas razones, los conductores planean convocar un congreso para discutir posibles acciones de huelga. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados para su consideración.
El abogado Óscar Tuma describió la imputación por supuesto lavado de dinero en su contra como apresurada y carente de fundamento. Indicó que la acción de la Fiscalía es un intento de intimidación relacionado con su participación en el caso central de Alexandre Rodrigues, hijo de Eulalio “Lalo” Gomes.
La Fiscalía acusó a Tuma tras recibir propiedades de Rodrigues, investigado actualmente por lavado de dinero. Él aseguró estar tranquilo y explicó que recibió cuatro propiedades como pago de honorarios, ya disponibles para el juzgado. Esto fue una dación en pago debido a que su cliente no podía pagar en efectivo.
El abogado enfatizó que la operación fue transparente y conocida por el tribunal, sin intención de ocultar nada.
La Fiscalía basa su imputación en que Rodrigues estaba inhibido, pero Tuma aclaró que esa restricción no afectaba los bienes. La escribana verificó que las propiedades estaban libres de gravámenes al momento de la transferencia.
Tuma afirmó que la acusación es prematura, ya que las propiedades aún no se han declarado como obtenidas de un delito y sugirió que es un intento de amedrentarlo por su trabajo en el caso principal. También destacó la importancia de un Ministerio Público independiente y advirtió sobre el uso de la institución como herramienta de persecución.
Además, criticó a la Fiscalía, mencionando que atraviesa su peor momento, acusando a algunos fiscales de falta de capacidad y de ceder a intereses políticos. Confirmó que los inmuebles están a su nombre desde mayo y aseguró estar dispuesto a devolverlos si se ordenara su comiso.
Nacionales
Juez cita a Nenecho y otros acusados por caso “detergente de oro” para audiencia preliminar
El juez Rodrigo Estigarribia, especializado en delitos económicos, aceptó la acusación contra el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, su exjefe de Gabinete Wilfrido Cáceres y otras 14 personas por supuesta lesión de confianza y asociación criminal relacionadas con la compra de productos como el controversial “detergente de oro”, causando un gran perjuicio al municipio entre 2020 y 2021.
El juez ha programado la audiencia preliminar para los días 6, 7 y 8 de octubre para determinar si el caso irá a juicio oral, como lo han solicitado los fiscales Marlene González, Jorge Arce y Silvio Corbeta Dinamarca. Otros acusados para estas fechas incluyen a Wilfrido Cáceres, el exconcejal César Daniel Ojeda Figueredo, Édgar Fabián Estigarribia Gavilán, y Edwin López Cattebeke.
Los acusados Enrique Antonio Chávez Benítez, Ernesto Javier Armoa Ramírez, Víctor Ramón Frágueda Ortiz, Jorge Alberto Ruiz Díaz Cabrera y David Fernández Rachid deben presentarse el 29 y 30 de septiembre. Mientras tanto, Agustín Fernández Estigarribia y otros han sido citados para el 13 y 14 de octubre.
Inicialmente, había 22 imputados, pero los fiscales han solicitado el sobreseimiento definitivo para Antonio Sebastián Cano Villagra y Darío Arturo Aquino Insaurralde, con audiencias previstas para el 24 y 26 de septiembre. Para otros seis implicados, los fiscales han sugerido una suspensión condicional del procedimiento.
La acusación fiscal indica que durante la gestión de Rodríguez, hubo sobrefacturaciones y aparentes entregas de productos, utilizando empresas sin la capacidad adecuada, causando un daño económico total de 1.808.956.000 guaraníes. La compra de productos de limpieza, como el detergente francés “Alka DDS”, se dio sin recibir el producto al completo. La investigación, motivada por una denuncia en octubre de 2021, señaló irregularidades en el manejo de fondos de emergencia en la compra de estos suministros.
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