Alana S. Portero es la invitada esta semana en ‘Qué estás leyendo’, el podcast del libro de EL PAÍS. La autora de ‘La mala costumbre’, un libro convertido en un fenómeno editorial que ya suma más de 20 ediciones, habla con Berna González Puerto de un éxito que la sorprendió, del Madrid hostil que refleja y de cómo la historia de una chica trans se ha universalizado. “La masculinidad siempre está llamando a sus soldados”, advierte, alertando sobre el peligro de retroceso en los avances sociales.

Portero, que ha descrito y conocido de cerca la vida de las prostitutas, cree que el debate sobre la abolición “normalmente se desarrolla sin las prostitutas” y no es realista. “Siempre los quieren sacar de la calle para ponerlos a fregar”, afirma, y ​​añade: “No veo la diferencia entre romperse la espalda fregando o ganarse la vida de cuerpo a cuerpo”. “Quitarles el trabajo es sacarlos de tu vida sin su permiso”.

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La corresponsal de género de EL PAÍS, Isabel Valdés, comenta en este episodio la “pedagogía poética” de Portero, y Jordi Amat ofrece las recomendaciones literarias de Babelia.

• La trilogía de Cromwell de Hillary Mantell.
• El cielo de la selva, de Elaine Vilar Madruga.
• Peregrinos de la belleza, de María Belmonte.
• Ana, no, de Agustín Gómez Arcos.
• Los indignos, de Agustina Bazterrica.

• Aquí nadie me esperaba, de Noelia Ramírez.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o enviar un audio a +34 649362138 (no contesta llamadas).

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El ejército israelí ha intensificado este jueves sus acciones en Líbano, donde ha llevado a cabo múltiples bombardeos que se extienden por buena parte del sur del país. Los ataques, especialmente intensos al este de la ciudad libanesa de Tiro, han causado un muerto y tres heridos, además de provocar el cierre de escuelas en medio de escenas de pánico.

El portavoz de las tropas israelíes en árabe, Avichay Adraee, anunció este jueves por la tarde una nueva ronda de ataques contra lo que afirma son puntos militares de Hezbolá, una milicia libanesa a la que Israel acusa de estar reconstruyendo sus infraestructuras en la zona fronteriza en lo que implicaría una ruptura de la tregua.

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[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve].

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«Por favor ayúdennos, pare el fuego. La situación es dramática. (…) Comunicar esto a la opinión pública, para que el presidente dé la orden», suplicó Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Radio Todelar. Era la tarde del 6 de noviembre de 1985 y la sede de la dirección del poder judicial de su país, el Palacio de Justicia de Bogotá, era un campo de guerra. 35 guerrilleros del M-19, un grupo de origen urbano y dado a los ataques mediáticos, habían entrado a sangre y fuego con la bandera de obligar a los magistrados a realizar un “juicio” al presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de haberlos traicionado en una negociación de paz que ya estaba abocada al fracaso. La reacción, que el presidente dejó en manos de los militares, fue aún más sangrienta. El edificio acabó incendiado, 11 de los 25 jueces del Tribunal Supremo fueron asesinados, se perdieron miles de expedientes de todo tipo.

En una larga historia de violencia política como la de Colombia, los acontecimientos en Palacio siguen siendo especialmente relevantes. Incluso más que otros episodios más mortíferos y recientes. En 1989, por ejemplo, el narcotraficante Pablo Escobar hizo estallar un avión que despegaba de Bogotá a Cali, dejando 110 muertos. En el año 2000, paramilitares devastaron la localidad de El Salado, en la región Caribe, y dejaron más de 100 muertos, según la Fiscalía. Y en 2002, la guerrilla de las FARC atacó la iglesia del pueblo de Bojayá, en Chocó, y asesinó al menos a 74 civiles. Las circunstancias, por el lugar del ataque, la importancia política de las víctimas o la visibilidad de lo ocurrido, marcan la diferencia. Y es por eso que un episodio que en Colombia ha sido llamado “holocausto” ha ocupado una atención en el periodismo o las artes, comparable sólo con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, y el posterior Bogotazo.

Además, el poder judicial ha sentido el ataque como un dolor permanente. Los magistrados asesinados eran colegas, profesores, jefes e incluso familiares de muchos abogados de generaciones posteriores, y sus muertes dejaron una huella que la justicia aún hoy lamenta.

Además de esta herida abierta, el debate sobre la toma y retoma es tan actual y belicoso que en él participa el presidente Gustavo Petro, quien fue militante del mismo M-19 y, aunque no participó en la toma, ha defendido un relato que reduce la responsabilidad de sus excompañeros. El tema es tan delicado que un juez ordenó recientemente la eliminación de un diálogo de una película sobre el Palacio; Tan válida es que este miércoles el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha propuesto una nueva norma “que otorga a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o aún bajo investigación o proceso, todos los beneficios equivalentes a una absolución”.

La relevancia de lo que ocurrió hace cuatro décadas implica preguntas sin respuesta. Uno de ellos tiene que ver con la protección de los magistrados. A pesar de que se había revelado un plan guerrillero para atacar el Palacio, noticia que había llenado los titulares, ya que varios magistrados habían recibido amenazas de muerte, la seguridad del Palacio había sido reducida el 5 de noviembre. “Me gustaría tener la respuesta a la pregunta de quién dio esa orden”, dice Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y quien como fiscal lideró la investigación penal sobre las desapariciones forzadas de una decena de personas, a manos de militares.

Otra pregunta sin una respuesta clara son los motivos del ataque. El M-19 emitió un proclama desde Palacio sobre lo que denominó Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. “Llamamos al juicio público de las minorías apátridas que han defraudado el deseo de paz y traicionado las exigencias de progreso y justicia social a toda la nación”, dice en una de sus frases centrales, para luego exigir que los principales medios difundan el proceso con el que soñaron. “Estimados magistrados: tenéis la gran oportunidad, de cara al país, y en vuestra calidad de gran reserva moral de la República, de presidir un juicio memorable”, se lee más adelante.

Pero la sombra del narcotráfico se cierne sobre lo ocurrido desde 1985, desde que la guerrilla acordó una demanda de los narcotraficantes. «A través de un impopular y escandaloso Tratado de Extradición, se logra nuestra legalidad – la más creciente e innovadora de todas las entregas – lo que es un golpe mortal contra la soberanía nacional», se lee en la misma proclama. Aunque, especialmente personas cercanas a Pablo Escobar han dicho que el capo pagó a la guerrilla por el ataque, tratando de evitar que la Corte Suprema avalara ese tratado, al que se opusieron a sangre y fuego. Quien fuera el teniente, Jhon Jairo Velásquez, popeyees una de esas fuentes; Otros han sido Virginia Vallejo, amante de las drogas, o el jefe paramilitar Carlos Castaño. La cuestión queda en el aire, ya que no hay pruebas ni está claro que una atrocidad de este tipo tendría el efecto esperado. Lo más parecido a una respuesta, según una Comisión de la Verdad formada por los altos tribunales en 2005 para esclarecer los hechos de Palacio, es señalarla como una hipótesis probable. “Todo indica, entonces, que hubo conexión entre el M-19 y el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”, se lee en su informe final.

Una tercera pregunta es hasta qué punto los militares asumieron el poder real durante esas horas. El entonces Ministro de Justicia, el político liberal Enrique Parejo, argumentó que había un vacío de poder, en el que eran los generales quienes decidían qué hacer. Pero su entonces compañero de Gobierno, Jaime Castro, publicó un libro dedicado a argumentar que no existía tal cosa, y que la decisión de responder con la fuerza vino de Betancur y su Gobierno, que temían que darle juego a la guerrilla les hubiera llevado a lograr un levantamiento popular y tomar el poder.

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La cuarta cuestión gira en torno a la responsabilidad de cada asesinato, cada desaparición, cada decisión en las más de 27 horas de combates e incendios. Investigadores, periodistas e interesados ​​se han topado con todo tipo de problemas para encontrar pruebas suficientes de lo ocurrido. En algunos casos, los testigos dan versiones contradictorias; en otros, los testigos han muerto -esos días, o en las cuatro décadas que han transcurrido-; En algunos casos, la falta de pruebas balísticas o la manipulación del Palacio por parte de policías y militares antes de la llegada de los funcionarios judiciales impiden obtener pruebas técnicas suficientes.

Quizás la más significativa de las preguntas sin respuesta, que va desde lo judicial a lo político, es si los militares sabían que el M-19 iba a realizar el ataque y lo permitieron, para golpear duramente al M-19 en lo que algunos han llamado «operación ratonera». Aunque los generales lo han negado reiteradamente, los tres magistrados que encabezaron una comisión para investigar los hechos entre 2005 y 2010, dan crédito a la medida. “La Comisión de la Verdad considera esta hipótesis como una de las más probables”, se lee en su informe final. Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla señalan que el Ejército estaba “violado en su dignidad” y “herido en su autoestima” por acciones pasadas de una guerrilla particularmente mediática. Otros han añadido que los militares estaban molestos con el presidente, que había adelantado conversaciones de paz sin consultarles y en contra de su opinión.

Lo más complejo, según el exministro Buitrago, es que las respuestas a estas preguntas han variado, dejando un legado de desconfianza y poca credibilidad, como cuando los militares negaron tener conocimiento del plan M-19. Y eso mantiene las heridas vivas y abiertas.