El futuro judicial de Jeison Obando Pérez, el colombiano de 34 años que fue repatriado por Estados Unidos tras haber sobrevivido al ataque de Washington a un supuesto narcosubmarino el 16 de octubre en el Mar Caribe, está en duda. Pérez fue deportado a Colombia con “trauma cerebral, sedado, dopado y respirando con ventilador”, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien también aseguró que Pérez será “procesado conforme a la justicia, porque presuntamente es un delincuente que traficaba drogas”. Sin embargo, la capacidad de maniobra de la justicia colombiana en su caso es limitada: no hay pruebas de que haya cometido ningún delito en el país.

“Hay una investigación abierta, pero no tendrá final judicial, a menos que él mismo se incrimine”, dice un alto funcionario del departamento antinarcóticos de la Fiscalía General. La agencia, en resumen, sólo puede procesarlo si decide voluntariamente hablar con la justicia sobre su caso. Una acusación es aún menos probable, ya que la investigación abierta por el Ministerio Público indica que el ataque ocurrió en aguas internacionales, es decir, es un incidente fuera de su alcance.

Obando Pérez fue detenido por las autoridades de Washington tras el bombardeo a un barco en el mar Caribe el pasado 16 de octubre, según confirmaron el presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario de Guerra, Pete Hegseth. Según la Casa Blanca, la embarcación atacada era un semisumergible que transportaba “fentanilo y otros narcóticos ilegales”. En él fueron transportadas cuatro personas. Dos murieron y sobrevivieron Obando Pérez y un ciudadano ecuatoriano. Aunque los ataques a nueve embarcaciones en el Caribe y el Océano Pacífico son extrajudiciales, según organizaciones humanitarias como Human Rights Watch, Trump indicó, al repatriar a los sobrevivientes, que ambos serían llevados para «detención y procesamiento» en sus respectivos países.

El alto funcionario de la Fiscalía, que habló bajo condición de anonimato al revelar información confidencial, confirma que Obando Pérez no tiene antecedentes penales en Colombia y que la entidad no participó en el operativo de retorno al país. Los encargados fueron la agencia de Migración Colombia y el Ministerio del Interior. También asegura que, si bien el ente investigador abrió una investigación de oficio, el repatriado no ha sido mencionado en ningún proceso judicial en Colombia ni ha sido vinculado formalmente con investigaciones por narcotráfico en el pasado.

Obando Pérez se encuentra internado en el Hospital Kennedy, en el suroeste de Bogotá. Un informe médico al que tuvo acceso este diario detalla que ingresó con “fractura en la base del cráneo y órbita, así como lesiones intracerebral”, pero “sin evidencia de gravedad”. A principios de semana, según el documento, ya presentaba “mejorías” y le retiraron la asistencia respiratoria. “Permanece en observación y atención médica multidisciplinaria”, señala el parte clínico. Fuentes del Ministerio del Interior sostienen que no ha habido contactos con sus familiares.

El escenario de que Obando salga de la internación como un hombre libre cobra fuerza con el antecedente de Andrés Fernando Tufiño. Es el otro sobreviviente del narcosubmarino, que fue enviado a Ecuador, su país de origen. Allí, recién llegado, también fue atendido en un hospital. Y, aunque su detención estaba prevista al momento de su alta médica, los fiscales se negaron a proceder con su captura y lo dejaron en libertad este lunes. Un documento gubernamental al que tuvo acceso la agencia Associated Press indicó que “no existen elementos de convicción ni indicios que puedan llevar a la autoridad fiscal o judicial a tener certeza” de que Tufiño cometió un delito en territorio ecuatoriano. En resumen, la organización ecuatoriana no tenía pruebas contra Tufiño, situación similar a la de Obando Pérez en Colombia.

Washington intensifica el cerco a Colombia

Los ataques estadounidenses tienen cada vez más su radar más cerca de Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo. Al principio, la campaña militar de Trump parecía tener a Venezuela en la mira. Fue, según los expertos, un preludio de una posible incursión terrestre para derrocar a Nicolás Maduro, o al menos una forma de promover un cambio de gobierno desde dentro. La Armada Nacional sostiene, sin embargo, que la mayor cantidad de submarinos o embarcaciones con cargamentos de droga no tienen vínculos con Venezuela, ya que los narcotraficantes utilizan más la ruta del Pacífico que la del Caribe.

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De los nueve atentados que Washington ha registrado en los últimos dos meses, al menos cuatro tienen alguna conexión con Colombia. Además del presunto narcosubmarino en el que navegaba Obando Pérez, el presidente Gustavo Petro defiende que en otro ataque, el 15 de septiembre, murió un colombiano. El mandatario se hizo eco de información de RTVC, el medio de comunicación público, que identificó al fallecido como Alejandro Carranza Medina, oriundo de Santa Marta, ciudad del Caribe. Sus familiares, que denunciaron su desaparición, sostienen que no tenía vínculos con el narcotráfico. Petro sospecha que este bombardeo pudo haber ocurrido en aguas colombianas. Estados Unidos no ha confirmado las coordenadas de ninguna de sus operaciones.

Otro barco supuestamente vinculado a Colombia fue el que Washington atacó el 17 de octubre en el Caribe. El secretario Hegseth dijo que estaba “afiliado” al Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que Petro ha intentado en varias ocasiones llegar a un acuerdo de paz. Tres personas murieron en el bombardeo. El grupo armado negó que el barco fuera suyo. Finalmente, uno de los dos ataques de este miércoles, el primero en el Pacífico en esta campaña militar, tuvo lugar “frente a las costas colombianas”, indicó Hegseth. La Casa Blanca no ha confirmado si el barco salió de Colombia o si en él viajaban colombianos.

Los principales rostros de la Administración de Donald Trump, que estos días dividen por turnos su presencia en territorio israelí para salvaguardar la tregua que promueve la Casa Blanca en Gaza, han advertido este jueves de que el avance israelí hacia la anexión de Cisjordania palestina haría tambalear el alto el fuego en el enclave. Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, ha calificado la medida a pie de avión en Washington como una «amenaza» al acuerdo. Desde la pista de despegue donde acabó dos días en Israel, el vicepresidente, JD Vance, aseguró horas después que “la política de Trump es que Cisjordania no va a ser anexada”.

Ambas declaraciones se producen después de que la Knesset, el Parlamento israelí, aprobara el miércoles de forma preliminar la extensión de la soberanía de Israel sobre Cisjordania. El resultado no es definitivo y la anexión requeriría otras votaciones futuras, pero el momento en el que se produjo el debate parlamentario, con altos funcionarios estadounidenses en el país, fue un intento de la oposición de obligar a la coalición a pronunciarse sobre un tema al que Trump mostró su oposición en septiembre con un contundente «no sucederá».

El vicepresidente estadounidense dijo este jueves que se sintió «ofendido» por esa «estúpida maniobra política» que el Parlamento israelí acogió con agrado durante su presencia en el país. Vance se suma así a la posición del Likud, el partido político de Netanyahu, que primero intentó retirar la votación mientras el estadounidense estaba en Israel y luego criticó «la acción irresponsable de la oposición» de «dañar las relaciones con Estados Unidos».

Este jueves, Vance ha posicionado la Casa Blanca en las antípodas de la anexión que parte de la coalición gubernamental de Netanyahu sueña con proyectar en Cisjordania, uno de los tres territorios palestinos -junto con la Franja y Jerusalén Oriental como capital- que el derecho internacional defiende como futuro suelo de un hipotético Estado palestino. “Israel no va a anexar Cisjordania”, dijo Vance en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. “La política de la Administración Trump es y seguirá siendo que Cisjordania no será anexada por Israel”, concluyó.

Vance se cruzará en el aire con el secretario de Estado, que se espera que llegue a Israel este jueves en la última de las sucesivas visitas de altos cargos que la Casa Blanca tiene previstas oficialmente para mantener a flote el alto el fuego. “Creemos que [la anexión israelí de Cisjordania] «Podría amenazar el acuerdo de paz», dijo Rubio a los periodistas. «El presidente ha dejado claro que esto no es algo que cuente con nuestro apoyo en este momento».

El 26 de septiembre, Trump abordó por primera vez las presiones israelíes en Cisjordania, para disgusto de algunos de los socios de la coalición de Netanyahu. «No permitiré que Israel se anexe Cisjordania. Esto no sucederá», dijo en la Oficina Oval. La contundente respuesta respondió a preguntas sobre si su Administración había asumido un compromiso con los líderes del mundo árabe e islámico en este asunto. El 15 de octubre, durante una entrevista con la revista Time publicada este jueves, el presidente se expresó en idénticos términos. “[Esa anexión] «No sucederá porque he dado mi palabra a los países árabes», dice Trump en la conversación. Y añade: «Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si eso sucediera».

Aunque la soberanía israelí carece del sello del Parlamento, la situación sobre el terreno en Cisjordania ha estado lejos de parecerse a la soberanía palestina durante décadas. Los sucesivos gobiernos israelíes de centro y derecha han ido ampliando la presencia de colonos en el territorio, que según organizaciones especializadas como Peace Now está dividido por 340 asentamientos o puestos de avanzada israelíes en poco más de 5.600 kilómetros cuadrados -más pequeño que la Comunidad de Madrid-. Más de medio millón de colonos residen allí ilegalmente, favorecidos por redes de carreteras, agua o electricidad cuyo uso está prohibido a los palestinos, que aseguran que la violencia y la humillación a manos de las fuerzas ocupantes son una constante.

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La Guardia Civil investiga a un vecino de Molina de Segura (Murcia) tras localizar en su domicilio seis tortugas protegidas o en peligro de extinción. El hombre no pudo acreditar su origen, según informaron los agentes en un comunicado. La acción comenzó gracias a la colaboración ciudadana, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) fue alertado de que tenía tortugas en el jardín de su domicilio.

En la vivienda fueron intervenidas tres hembras de tortuga mediterránea, un macho y una hembra de tortuga mora y una hembra de tortuga rusa. Al no poder acreditar su procedencia, el propietario se enfrenta a un delito contra la flora y la fauna.

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En España y Europa la tortuga mora tiene un estricto grado de protección, siendo considerada una especie en peligro de extinción a nivel nacional y vulnerable a nivel internacional. También está protegido por la Directiva Hábitat de la Unión Europea y es ilegal tenerlo como mascota desde 2015.

A su vez, la tortuga mediterránea tiene un alto grado de protección y está considerada en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y dentro de la Unión Europea (Directiva 92/43/CEE). Su protección también cuenta con el apoyo internacional de la CITES y la Convención de Berna, que prohíben la captura de especímenes silvestres y regulan el comercio de especímenes cautivos.

La tortuga rusa está clasificada en el Apéndice II de CITES, lo que significa que su comercio está regulado y sus ejemplares deben contar con la correspondiente documentación legal que acredite su origen en cautiverio o importación legal. Así, aunque no se encuentra en las categorías de especie amenazada o vulnerable según el catálogo nacional español, su regulación garantiza el control sobre su comercio.

Los seis ejemplares han sido entregados al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle de Murcia.

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