Nacionales
Condena reducida a 9 años para joven que atropelló y mató a niño en Ciudad del Este
CIUDAD DEL ESTE:
El juicio de Lucas Gabriel González Leiva terminó ayer con una sentencia de 9 años de cárcel debido a la muerte de Francisco Samuel Moreira, de 11 años, en un accidente en noviembre de 2020.
Fuente: ABC Color
Fecha: 9 de septiembre de 2025 – 12:25
La condena, que inicialmente era de 12 años dictada en septiembre de 2023, fue reducida en tres años después de un nuevo juicio ordenado por el Tribunal de Apelación.
Para más detalles: Caso Samuelito: joven condenado a 12 años por atropellar y matar a un niño.
Los cargos de homicidio doloso, daño a propiedad pública y exposición al peligro en tráfico terrestre se mantuvieron sin disputa.
Proceso Judicial
En el nuevo juicio, los jueces Milciades Ovelar y Emilia Santos decidieron por 9 años, mientras que la jueza Flavia Lorena Recalde no estuvo de acuerdo. Las fiscales Cinthia Leiva y Estela Mary Ramírez participaron, al igual que la abogada querellante Carolina Arias, quien criticó la postura de Recalde.
González Leiva está actualmente en arresto domiciliario tras pasar un año y medio en prisión preventiva. Su defensa ha planteado una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema.
El Incidente
El accidente sucedió el 15 de noviembre de 2020, cuando González Leiva, manejando a 90 km/h en una zona urbana, perdió el control después de golpear dos autos y atropelló al niño Francisco Samuel. El niño estaba caminando con su familia tras salir de una hamburguesería.
Para más información: Caso Samuelito: camaristas conceden arresto domiciliario al culpable.
Las pericias revelaron que González estaba bajo los efectos del alcohol y cocaína, y huyó tras el accidente. Testigos declararon haber esquivado su vehículo.
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El conflicto por la creación de un vertedero privado en Arroyos y Esteros (Cordillera) llegó a la Cámara de Diputados, donde se pidió a la población calma y a las autoridades provinciales actuar con cautela para evitar la violencia.
Desde hace más de un año, los residentes de la comunidad Mainumby de Arroyos y Esteros están en protesta debido a la autorización municipal para que una empresa privada instale un vertedero cerca de 1.400 metros del río Piribebuy.
La tensión ha aumentado: hace unas semanas, los habitantes arrojaron basura frente a la Municipalidad y en las residencias del intendente José Filippi y del gobernador Denis Lichi. Además, solicitaron un amparo constitucional, pero el proyecto parece ser apoyado por estas autoridades.
“Las autoridades municipales han aprobado que una empresa de tratamiento de basura se instale cerca del río Piribebuy”, dijo el diputado Roberto González. Se instó a las autoridades a reflexionar sobre la decisión perjudicial para la ciudadanía y el medio ambiente.
La situación podría generar violencia si se ignoran las quejas ciudadanas. El diputado González expresó su preocupación por el agravamiento del conflicto y pidió «sana rebeldía» sin violencia, siguiendo ejemplos como la desobediencia civil no violenta de Mahatma Gandhi.
El conflicto comenzó en 2024 cuando la empresa El Farol S.A., con monopolio en la recolección de basura en Asunción y Central, intentó abrir un depósito en humedales de Arroyos y Esteros, causando rechazo inmediato. Este año la situación empeoró al confirmarse el apoyo a la iniciativa por parte de las autoridades locales.
Después de que la Cámara de Diputados decidiera posponer por 90 días los pedidos de intervención, las reacciones no tardaron en aparecer. El concejal Adalberto Caballero, de Tomás Romero Pereira, expresó su descontento.
El mes anterior, el ministro del Interior Enrique Riera, tras 14 meses de haber mantenido «congelado» el pedido de intervención de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, cuyo intendente es Hernán Ysidro Rivas, envió finalmente la solicitud a la Cámara de Diputados. Sin embargo, hoy decidieron aplazar su tratamiento por 90 días.
El concejal sospechaba que se pretendía «blanquear» a municipios colorados-cartistas con denuncias de corrupción y está decepcionado por el aplazamiento en la Cámara Baja. Comparó el caso con el de la Municipalidad de Ciudad del Este que fue tratado rápidamente, mientras que el de su ciudad, con pruebas sólidas según él, no ha sido considerado.
Afirmó que sigue luchando desde Tomás Romero Pereira en Itapúa para reclamar lo que corresponde a su pueblo. Responsabilizó a los diputados que votaron por el aplazamiento y calificó el hecho como un «blanqueo».
Mencionó que un intendente al que acusan de corrupción ha recibido luz verde para continuar desviando fondos. Habló de una «superprotección» al intendente permitiendo seguir con la misma gestión. Denunció que, durante cuatro años, se han malversado aproximadamente G. 20.000 millones anuales de presupuesto municipal, lo cual podría haber significado mejoras significativas para el distrito.
El concejal no teme a las elecciones y cree que la ciudadanía ahora es más consciente al votar. Insistió en que aunque esto enfurece a la gente, seguirán luchando y apelando a la justicia.
El Senado, con mayoría, aprobó la ley de reforma del transporte público, aunque con modificaciones. Derlis Maidana, líder de la Comisión de Legislación, resaltó el esfuerzo de varias comisiones en la revisión del proyecto. Señaló que siete comisiones del Senado colaboraron, incluyendo Asuntos Constitucionales, Legislación, Obras Públicas, y otras relacionadas. Se ajustaron 92 artículos de la propuesta del Ejecutivo, de los cuales se aceptaron 20 y se mejoró uno.
Este proyecto busca modernizar el sistema de transporte público metropolitano de pasajeros y modificar la Ley N° 1590/2000, asegurando la gestión sobre el transporte terrestre.
El senador Natalicio Chase afirmó que los 122 artículos propuestos para transformar el sector del transporte público fueron considerados, asegurando las condiciones laborales de los trabajadores. Chase enfatizó que no hay vacíos legales y que las condiciones de contratación serán plenamente cumplidas. Además, el proyecto busca descentralizar funciones para mejorar la calidad del servicio.
Se prevé una inversión estatal inicial de 50 millones de dólares. La senadora Blanca Ovelar subrayó la importancia de asegurar la trazabilidad de la información. También indicó que el fideicomiso no sustituye a las empresas, sino que reemplaza al Estado en la provisión de recursos. Ovelar destacó la necesidad de proteger a todas las personas afectadas por las reformas.
El plan incluye concesiones de 15 a 20 años mediante licitaciones públicas, cubriendo aspectos como la provisión de flota e infraestructura. La flota no superará los 15 años de antigüedad, priorizando vehículos de bajas emisiones. Además, se licitarán contratos para infraestructura y servicios complementarios. La operación se organizará en unidades funcionales para reducir las líneas actuales a 10 empresas operadoras, implementando integración tarifaria.
La posibilidad de una huelga se aviva, ya que los conductores serán sometidos a evaluaciones periódicas para mantener sus empleos, lo cual ha generado críticas. También existe preocupación por la seguridad laboral en caso de que una empresa pierda su concesión. Por estas razones, los conductores planean convocar un congreso para discutir posibles acciones de huelga. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados para su consideración.
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