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En el extenso informe final de 19.589 páginas, el interventor Carlos Pereira revela que la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez desvió G. 512.318.235.683 de los bonos G8, destinados a obras, utilizándolos para salarios, aguinaldos, bonificaciones de 9.119 empleados, y otros gastos como insumos de oficina y alquiler de camiones de basura.

Pereira explica que los bonos G8, emitidos en 2022 por G. 360.000 millones, fueron retirados de las cuentas bancarias por G. 512.318 millones (alrededor de US$ 71 millones), mediante una «cuenta única» que permitió el flujo constante de recursos entre diferentes cuentas.

El informe destaca que solo quedaron G. 23 millones y las prometidas obras de infraestructura no se concretaron, perjudicando a la comunidad.

La utilización de los fondos de los bonos G8 en 2022 y 2023 fue ilegal y perjudicial para los intereses municipales, incumpliendo principios de legalidad y transparencia, según el interventor. Esto se debe a que los fondos se destinaron a gastos no autorizados, involucrando a los administradores públicos en esta ilegalidad.

La Junta Municipal de Asunción aprobó el uso indebido de los US$ 71 millones, a pesar de conocer las denuncias de desvíos, aprobando las ejecuciones presupuestarias de 2023 y 2024. A pesar de que en el balance de 2023 ya no figuraban los G. 500.000 millones originales para obras, varios concejales votaron a favor de la rendición de cuentas de Rodríguez.

El 14 de abril, la CGR confirmó el desvío de los fondos y la falta de documentos para rastrear su destino final. Sin embargo, con 14 votos a favor, se aprobó la ejecución presupuestaria de 2024. Luego, a pedido de la Contraloría, se aprobó una intervención.

Presionado, Rodríguez renunció a su cargo el 22 de agosto, y Carlos Pereira entregó su informe final. La bancada colorada eligió a Luis Bello como nuevo intendente hasta diciembre de 2026.

Pereira también presentó cinco denuncias penales ante la Fiscalía. La intervención reveló un manejo caótico en la asesoría jurídica, con un potencial perjuicio millonario para la comuna. La cartera total reclamada por la Municipalidad es de unos US$ 109,6 millones, con una «Cartera de Riesgo Recurrente» de US$ 20,6 millones concentrada en pocos abogados externos y una funcionaria, Deisy Yohana Balbuena Prieto, quien está involucrada en un conflicto de intereses.

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El abogado Andrés Gustavo Simón Flecha tiene 31 juicios con una cartera judicial de G. 80.230.437.665. Además, varios abogados externos no informaron al equipo interventor sobre el estado de los juicios. El informe advierte sobre la falta de información sistemática en la gestión judicial y extrajudicial.