Comisionamiento de exdirector de Inteligencia de Senad en Diputados es preocupante.

Comisionamiento de exdirector de Inteligencia de Senad en Diputados es preocupante.
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El diputado Raúl Benítez mencionó que es «llamativo» el posible vínculo entre el exdirector de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas y el narcotraficante Miguel «Tío Rico» Insfrán. Este exdirector había estado comisionado en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados.

Según Benítez, la presencia de esta persona relacionada con el crimen organizado en una comisión que trata temas de combate al narcotráfico genera preocupación. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, revocó hoy el comisionamiento de esta persona tras el escándalo.

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El exdirector de Inteligencia mencionado se encontraba trabajando en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, presidida por el diputado colorado cartista Carlos Godoy. Su presencia en esta comisión fue cuestionada luego de que se filtrara información sobre su posible vínculo con el narcotraficante Insfrán.

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Este caso ha generado controversia en el ámbito nacional, ya que la presunta conexión entre una figura clave en el combate al narcotráfico y un criminal pone en entredicho la efectividad de las instituciones encargadas de combatir este flagelo en el país. La revocación del comisionamiento es un primer paso para esclarecer esta situación.

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Las autoridades pertinentes deberán investigar a fondo este caso para determinar si hubo negligencia o complicidad en la incorporación de esta persona en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

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El diputado Benítez ha destacado la importancia de mantener la integridad en las instituciones públicas y garantizar que las personas que ocupan cargos de responsabilidad cumplan con los más altos estándares éticos. La lucha contra el narcotráfico es una tarea fundamental para la seguridad y el bienestar de la sociedad, y cualquier implicación de funcionarios en actividades ilícitas debe ser investigada y sancionada.


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