El chavismo impulsa la aprobación de una ley de amnistía con alcance desde 1999
Caracas, 29 de agosto de 2024.- La bancada oficialista en la Asamblea Nacional de Venezuela avanza en la tramitación de una ley de amnistía destinada a beneficiar a personas detenidas por motivos políticos desde el inicio del gobierno chavista en 1999. La iniciativa, anunciada recientemente por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y declarada de urgencia, busca perdonar delitos asociados a protestas, expresión de opiniones críticas y procesos judiciales vinculados con causas políticas.
La norma, que llegará este jueves para su primer debate en el Parlamento, contempla un amplio marco temporal que abarca más de dos décadas de conflicto político y tensiones sociales en el país. Aunque el texto tiene apenas 15 páginas, su carácter urgente y la mayoría legislativa del chavismo —que supera con creces los dos tercios de los escaños— le permiten aprobarlo sin necesidad de acuerdos con la oposición.
El proyecto establece la excarcelación inmediata de personas encarceladas por razones políticas, así como la extinción de procesos penales, la eliminación de antecedentes judiciales y la devolución de bienes confiscados a los beneficiarios. También contempla la anulación de órdenes de captura nacionales y alertas internacionales para facilitar el regreso seguro de ciudadanos exiliados. No obstante, se excluyen delitos de gravedad como violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio, corrupción y narcotráfico.
Durante la presentación en la plenaria, el diputado Jorge Arreaza afirmó que la ley “busca consolidar lo que dice la Constitución” y promover la reconciliación nacional sin fomentar la venganza ni el odio. Del mismo modo, Nicolás Maduro Guerra resaltó el carácter histórico de la propuesta y vinculó el perdón con ejemplos bíblicos y figuras reconocidas por su lucha contra la discriminación. Por su parte, algunos legisladores opositores valoraron positivamente la intención de eliminar delitos que atentan contra las garantías jurídicas.
La iniciativa también incluye amnistía para civiles, incluidos militares retirados, procesados por tribunales militares en casos considerados como vulneraciones al principio del juez natural. Esta disposición responde a denuncias previas sobre la utilización de la justicia militar para juzgar a opositores en procedimientos con irregularidades procesales.
Organizaciones de derechos humanos y grupos de víctimas han expresado escepticismo ante la amplitud de la ley y han demandado que la medida no permita la impunidad de quienes hayan cometido crímenes graves. Según estimaciones, cerca de un millar de personas permanecen en prisión por razones políticas, cifra que ha venido disminuyendo en las últimas semanas a través de liberaciones escalonadas.
Con esta ley, el oficialismo pretende dar un paso hacia la pacificación de un país que ha atravesado una profunda crisis política, social y migratoria durante más de dos décadas. Más de ocho millones de venezolanos han emigrado en busca de mejores condiciones, mientras el gobierno apuesta por esta medida como “un acto de clemencia soberana” para sanar las “heridas profundas” del país y garantizar “paz y tranquilidad”.