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Caja Fiscal: el MEF atribuye el alto déficit a múltiples beneficios pagados con una única tasa de contribución.

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Caja Fiscal: el MEF atribuye el alto déficit a múltiples beneficios pagados con una única tasa de contribución.
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La desfavorable situación económica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, conocida como Caja Fiscal, se debe principalmente a los diversos beneficios que se sustentan con la misma tasa de aporte del 16%, según el informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El informe titulado “Análisis comparado” fue presentado el lunes pasado a la “Comisión Especial para el Estudio de la Situación Financiera y la Sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público” de la Cámara de Diputados.

El Ministerio de Economía examina en el documento los retos de los sistemas de pensiones, las reformas realizadas en la región y la perspectiva para la Caja Fiscal del sector público de nuestro país.

El MEF señala que el análisis actuarial de la Caja Fiscal predice déficits significativos en los próximos años y advierte que a partir de 2028 necesitará ser financiada exclusivamente con recursos del Tesoro, es decir, con los impuestos de la ciudadanía.

Las proyecciones de déficit indican lo siguiente: para fin de año se estiman US$ 343 millones, en 2026 subiría a US$ 430 millones, en 2027 a US$ 509 millones, en 2028 a US$ 683 millones, en 2029 a US$ 776 millones y en 2030 alcanzaría US$ 952 millones.

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“Esta situación se debe a beneficios variados financiados con la misma tasa de aporte”, indica el MEF sobre el 16% que los empleados activos aportan actualmente al fondo de jubilación.

En 2028, el déficit de la Caja Fiscal deberá ser sostenido totalmente por el Tesoro.

Se aprobaron 12 leyes que afectaron la reforma

Respecto a los beneficios diversos, el informe incluye un cuadro comparativo de los diferentes regímenes aplicados en la Caja Fiscal, los cuales fueron aprobados en el Congreso para distintos sectores públicos.

Fueron 12 leyes sancionadas por el Parlamento entre 2007 y 2022, que afectaron la ley de reforma de 2003 diseñada para orientar el sistema público hacia una estabilidad financiera.

Los regímenes vigentes determinan, en cuanto a la edad mínima para la jubilación ordinaria: funcionarios administrativos, 62 años; personal de enfermería y obstetricia, médicos, odontólogos, bioquímicos, psicólogos y trabajadores con discapacidad, 55 años; magistrados judiciales 50 años.

Beneficios heterogéneos financiados con misma tasa de aporte
Beneficios variados financiados con la misma tasa de aporte

Por otro lado, maestros, docentes universitarios, personal de la Patrulla Caminera, militares, policías, docentes de educación inclusiva y guardaparques no tienen una edad mínima para jubilarse.

Además, los haberes para militares retirados, policías retirados y personal de la Patrulla Caminera están equiparados al salario de los empleados activos. Los años de aporte varían entre 10, 15, 20, 24, 25 y 30 años.

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La Caja Fiscal incluye seis sectores públicos

La Caja Fiscal está compuesta por seis sectores: empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros.

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El sector de empleados públicos es el único con superávit, con un 13% de excedente hasta julio, mientras que los demás presentan déficits porque el aporte de los activos ya no cubre completamente las pensiones de los jubilados.

En la Comisión Especial de Diputados hay acuerdo en avanzar con ajustes estructurales, como establecer una edad mínima de jubilación de 62 años, uniformar beneficios entre sectores y aumentar la tasa de aporte de los activos.


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Video: supuesto ladrón fallece en intento de robo en Luque

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Un presunto ladrón de motos falleció tras ser apuñalado en Isla Bogado, Luque, durante un supuesto intento de robo a un conductor de motobolt. El conductor se entregó a la Policía y afirmó haber actuado en defensa propia.

Un incidente violento resultó en la muerte de un joven de 21 años este domingo en Isla Bogado, Luque, después de un presunto intento de robo contra un conductor de motobolt.

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Según el reporte de la Comisaría 46° Central, el suceso ocurrió alrededor de las 07:50 en las calles Fotógrafo del Chaco y Campo Vía. La persona fallecida fue Bruno Alfredo Acosta Alvarenga, residente en la misma localidad.

Se informó que Acosta habría robado el teléfono celular del conductor, identificado como Diego Daniel Junior Delgado Florenciañez, de 28 años. Este lo persiguió y, en medio de una pelea, utilizó un cuchillo para herir al joven dos veces, una de ellas en el tórax.

La situación fue capturada en imágenes de cámaras de seguridad, las cuales serán fundamentales para la investigación.

El herido fue atendido por la Policía y llevado al Hospital General de San Lorenzo, donde falleció poco después.

El conductor se presentó voluntariamente en la Comisaría 46° de Isla Bogado y alegó defensa propia. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para las diligencias pertinentes.

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Personas mayores de Ñeembucú exigen comprensión y ayuda genuina de las autoridades

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Personas mayores de Ñeembucú exigen comprensión y ayuda genuina de las autoridades
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En el contexto del Día Internacional de las Personas de Edad, representantes de asociaciones de adultos mayores de Alberdi y Pilar se reunieron para celebrar y expresar su descontento por la falta de apoyo institucional hacia este grupo.

En Ñeembucú, durante un encuentro en Alberdi para conmemorar este día, se destacaron las quejas sobre la falta de empatía de las autoridades hacia los adultos mayores.

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La actividad tuvo lugar en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Alberdi, con participantes de asociaciones de Alberdi y Pilar. Según la ONU, cada 1 de octubre se celebra este día para reconocer la contribución de las personas mayores y promover su inclusión y respeto.

Aurora Bernal, presidenta de la Asociación de Adultos Mayores de Alberdi, señaló la falta de interés de las autoridades hacia este grupo y la necesidad de asistencia básica en medicamentos y alimentos, un apoyo que brindan sin fines de lucro.

Bernal lamentó la falta de respuesta de las autoridades y la necesidad de un espacio para el esparcimiento de los mayores en Alberdi. Desde la creación de su Asociación en 2008, han buscado apoyo sin éxito.

Cristina Ozuna, presidenta de la Asociación de Adultos Mayores de Pilar, también expresó preocupación por la falta de empatía y el respeto que merecen los mayores en instituciones y en la vida diaria.

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El evento incluyó presentaciones artísticas de jóvenes de Alberdi y Pilar, terminando con un almuerzo de confraternidad y el compromiso de formar un Consejo Departamental de Adultos Mayores para defender sus derechos en Ñeembucú.

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Investigación sobre la mafia de pagarés: nuevas acusaciones contra jueces de paz por manipular la ley

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Investigación sobre la mafia de pagarés: nuevas acusaciones contra jueces de paz por manipular la ley
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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ha ordenado iniciar nuevas acciones penales contra tres jueces de paz relacionados con el caso «mafia de los pagarés». Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, coordinados por la fiscala adjunta Soledad Machuca, están a cargo de estas investigaciones.

Los jueces involucrados son Carmen Analía Cibils Miñarro de La Encarnación, Nathalia Guadalupe Garcete Aquino de La Catedral 2° Turno (ambas actualmente suspendidas por la Corte Suprema de Justicia), y el exjuez Víctor Nilo Rodríguez Acosta de La Recoleta.

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Rolón tomó estas medidas debido a nuevas pruebas, como denuncias recientes de víctimas, que no pueden añadirse a los casos actuales por estar ya avanzados. Según la Fiscalía, los jueces habrían emitido resoluciones favoreciendo a demandantes a pesar de saber que la información era falsa.

Se destacan dos casos separados relacionados con el Juzgado de Paz de La Encarnación, a cargo de Analía Cibils, acusada de prevaricato y uso de documentos falsos. En uno de ellos, la ujier Audrey Galeano informó incorrectamente sobre una notificación en Argentina realizada fuera de los procedimientos legales adecuados.

En cuanto a la jueza Garcete, se menciona su participación junto a abogados de la firma CARSA en juicios ejecutivos basados en notificaciones falsas. Asimismo, se investiga la posible manipulación en el sistema judicial para adjudicar casos al Juzgado de Paz de La Recoleta, supervisado anteriormente por Rodríguez Acosta.

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