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El gerente de Aduanas, Juan Olmedo, detalló que la intervención en una finca en Boquerón fue resultado de investigaciones previas. Explicó que durante los operativos no se encontró trazabilidad en las mercaderías. Mencionó que en una compra simulada no recibieron ninguna documentación.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), bajo la dirección de Óscar Orué, lideró la intervención en una finca de la empresa Cebolla Chaqueña por sospechas de contrabando. Estas acciones fueron criticadas por la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), quienes pidieron sanciones y garantías legales para la producción.

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Olmedo aclaró que la intervención no fue un evento aislado, sino parte de un seguimiento iniciado hace un mes, enfocado en el control fitosanitario y tributario. En septiembre, detuvieron cargas y advirtieron a los productores sobre la falta de trazabilidad y correspondencia en sus documentos.

Indicó que en una ocasión anterior, los productores no tenían documentos tributarios. Quince días después, se realizó otro control y se encontraron más inconsistencias como documentación mixta entre productores.

Olmedo resaltó la diferencia entre declarar mil bolsas de cebolla sin especificar los tipos, lo cual es importante por los diferentes controles y precios.

El gerente también mencionó reclamos recientes sobre contrabando y una supuesta superproducción de cebollas en el Chaco. Detectaron productos con etiquetas brasileñas y otros que parecían nacionales.

En un segundo allanamiento con autoridades, encontraron unas 2.900 bolsas, de las cuales 300 tenían envoltorios brasileños y las otras eran sospechosamente nacionales. Resaltó que las regulaciones de Senave prohíben el uso de embalajes reutilizables para productos nacionales, ya que no aseguran la calidad e inocuidad del producto.

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El 20 de octubre de 2025, a las 13:07, se destacó que los reclusos del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú denunciaron la continua escasez de agua potable necesaria para beber y para el aseo personal. En una carta enviada el 18 de octubre, los internos afirmaron que el agua suministrada es “intomable y de color rojizo”, y que los baños están en condiciones deplorables debido a la falta de agua. El Ministerio de Justicia afirmó que no hay falta de suministro de agua en el lugar.

Los reclusos argumentan que, incluso antes del operativo «Umbral», cuando el centro acogió a 783 internos en agosto, ya presentaban serios problemas de acceso al agua, agravándose esta situación actualmente.

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Han suplicado que se les provea de agua potable para beber y asearse, describiendo el agua recibida como asquerosa e insalubre. La Asociación de Familiares por los Derechos Humanos del penal expresó su preocupación sobre esta crisis ante el viceministro de Justicia, calificando la carencia de agua como una violación a los derechos humanos.

Aunque los familiares pidieron al director del penal, Jesús Pérez Guerrero, establecer un diálogo sobre este problema, no han conseguido respuesta. La Asociación de Familiares informó que los internos están considerando amotinarse debido a la situación «degradante» que enfrentan.

Un familiar comentó que el agua suministrada llegó a ser de color naranja, y muchos internos, que no reciben visitas, se ven obligados a consumir esta agua. Además, denunció amenazas hacia quienes intentan reclamar por sus derechos, y comentó que el penal fue presentado como un «modelo» en reinserción social, pero desde su inauguración ha tenido problemas de agua.

Por otro lado, Stella Azuaga, directora de Obras e Infraestructura del Ministerio de Justicia, aseguró que no hay falta de agua, mencionando que diariamente reciben 80.000 litros de Itaipú Binacional y disponen de un pozo artesiano para tareas de limpieza. Azuaga también indicó que una planta de tratamiento construida por el Parque Tecnológico de Itaipú estará operativa este fin de semana, lo que resolverá el problema de suministro, y que el agua suministrada cumple con los estándares de calidad.

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La condenada a tres años y seis meses de cárcel por estafa en el caso «UNA no te calles», María del Carmen Martínez, conocida como la “comepapeles”, enfrentó un contratiempo en su solicitud de salidas temporales de prisión. El juzgado de Ejecución a cargo del caso ordenó que se someta a tratamiento psicológico y que ayude en la instalación de la biblioteca del Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE).

El pedido de salidas transitorias presentado por la defensa de María del Carmen Martínez Méndez fue rechazado por la jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, María Lidia Wyder. El abogado Yamil Colucci, representante legal de Martínez, argumentó que su cliente ha cumplido la mitad de su pena desde el 19 de junio de 2025, cumpliendo así con el Art. 59 del Código de Ejecución Penal.

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Sin embargo, la jueza resaltó que antes de obtener las salidas transitorias, la condenada debe pasar por un periodo de prueba y ser trasladada a un establecimiento que fomente la autodisciplina para prepararse para su reintegración social. Wyder ordenó su traslado al Pabellón 1 Alta del COMPLE, donde colaborará en la instalación de la biblioteca y recibirá tratamiento psicológico.

Por otro lado, Froilán Enrique Peralta, ex rector de la UNA, fue condenado a tres años de prisión por lesión de confianza por contratar a personas sin la cualificación necesaria. A su vez, María del Carmen Martínez fue hallada culpable de contratar personal para su granja con fondos del Rectorado, recibiendo una condena de tres años y medio.

Froilán Peralta cumple su condena en prisión domiciliaria desde febrero de 2024. Las condenas de ambos han sido vistas como insuficientes por algunos, ya que consideran que no reparan el daño causado a la Universidad Nacional de Asunción.

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