Nacionales
Buscaron información sobre jueza de casos destacados
En los primeros días de septiembre ocurrió un incidente extraño en el que un hombre buscó información sobre la jueza Rosarito Montanía. Funcionarios del Poder Judicial denunciaron el hecho, lo que llevó a la intervención de la Policía Antisecuestro y del fiscal Lorenzo Lezcano, quien liberó al hombre al no encontrar evidencia de un delito.
Según fuentes judiciales, a comienzos de septiembre, Cristóbal Torres Díaz, exfuncionario de mantenimiento del Poder Judicial, contactó a antiguos compañeros para preguntar sobre la jueza Rosarito Montanía, conocida por casos importantes como A Ultranza y Mercat. El 26 de agosto de 2025, un carpintero recibió un mensaje de Torres Díaz cuestionando si sabía el domicilio de la jueza, a lo cual respondió que no.
Otro funcionario de mantenimiento comentó que el 3 de septiembre recibió un mensaje de Torres pidiéndole el número de la chapa del vehículo de la jueza. El 4 de septiembre, Torres volvió a contactarlo para saber si la jueza estaba en el Palacio de Justicia y dónde estacionaba, pero el funcionario respondió que desconocía esa información.
Las repetidas consultas llevaron a un funcionario a denunciar la situación al jefe de seguridad del Poder Judicial, Freide Amarilla, quien informó a la Policía y a la Fiscalía.
El 11 de septiembre la Policía visitó la casa de Cristóbal Torres en Luque. Torres explicó que quería encontrarse con la jueza para solicitar trabajo, ya que, según él, ella le había indicado que podría hacerlo si alguna vez necesitaba empleo.
Tras esto, el fiscal Lezcano decidió no detener a Torres ni confiscar su teléfono, pues no había evidencia de amenazas o un delito. Sin embargo, solicitó a las compañías telefónicas informes sobre los números de teléfono de Torres para avanzar en la investigación.
Nacionales
Crisis en la unidad opositora tras la renuncia de Álvaro Grau en las elecciones municipales
El concejal Álvaro Grau ha decidido dejar el bloque “Unidos por Asunción”, argumentando que no se cumplió el acuerdo para establecer un método democrático de elección para un candidato único. La diputada Johana Ortega mostró su preocupación y reconoció que la oposición aún no ha logrado consensuar una forma de elección, instando a retomar el diálogo para mantener la unidad de cara a las municipales de 2026.
El proyecto “Unidos por Asunción”, que agrupa varios sectores opositores con miras a las elecciones municipales de 2026, enfrenta un momento difícil tras la renuncia de Álvaro Grau a su precandidatura a la Intendencia de Asunción. El concejal expresó su descontento por la falta de progreso en la definición de un método democrático para elegir al candidato único del grupo.
“No se cumplió el acuerdo. No hubo un mecanismo de selección y dudo que lo haya, pues tras más de un año seguimos sin definirlo”, dijo Grau al anunciar su salida.
Grau afirmó que su decisión es un gesto político para motivar a los demás precandidatos a establecer un proceso de elección interna transparente.
“Tengo encuestas que me favorecen más en el grupo, pero igualmente decido dar un paso al costado. La unidad no se trata solo de juntar nombres, sino de construir una alternativa que gane elecciones”, añadió.
Grau criticó los acuerdos de “cúpula” dentro del grupo opositor y reiteró su propuesta de un sistema participativo llamado “urna delivery”, que permitiría a los ciudadanos elegir al candidato único sin depender de estructuras partidarias tradicionales.
Por su parte, la diputada Johana Ortega, integrante del bloque y también precandidata, lamentó la decisión de Grau y advirtió que la falta de acuerdo podría debilitar el proyecto de unidad.
“Veo con mucha preocupación la declinación de Álvaro, porque muestra que no fuimos capaces de encontrar un mecanismo común. En el acuerdo que firmamos en abril se establecía claramente la creación de una mesa de trabajo para definir la metodología”, comentó la legisladora.
Ortega recordó que tres de los cuatro precandidatos —entre ellos ella, Grau, y Agustín— estaban de acuerdo en usar el modelo de “urna delivery”, pero que finalmente no hubo acuerdo con la precandidata Soledad Núñez, lo cual frenó las negociaciones.
“La democracia no se predica, se practica. Estos debates no son negativos; son necesarios si queremos cambiar la forma de hacer política. Tenemos que dejar de temerle a competir”, enfatizó.
La diputada insistió en que el bloque opositor aún puede recomponerse si se retoma el diálogo y se respeta el compromiso firmado por los distintos sectores.
## Un sicario disfrazado de vendedor de chipa mató a un joven durante un partido de piki vóley en Salto del Guairá
Un supuesto sicario asesinó a un joven de 26 años en el barrio Nuevo Horizonte de Salto del Guairá, Canindeyú. El atacante se hizo pasar por un vendedor ambulante de chipa para acercarse y disparar a su objetivo, según el reporte policial.
La víctima, Richar Osmar Galli Prieto, estaba observando un partido de piki vóley sentado en una silla de plástico. Testigos relatan que el atacante llegó simulando ser un chipero y, en un momento, sacó un arma de su cintura, disparando contra Galli Prieto. Luego, escapó en una motocicleta roja donde lo esperaba un cómplice.
El joven herido fue llevado de urgencia al Hospital Regional de Salto del Guairá, donde murió.
### Investigación en curso
Las autoridades del Departamento de Investigaciones, Criminalística y la Fiscalía están trabajando para resolver el caso. Incluyen la revisión de cámaras de seguridad para identificar al agresor.
Nacionales
Ejecutivo aprueba ley para aumentar a cuatro las salas del Tribunal de Cuentas.
El Gobierno aprobó la Ley Nº 7543, que altera el Código de Organización Judicial, aumentando las salas del Tribunal de Cuentas de dos a cuatro. La versión aprobada finalmente dejó de lado los cambios que pretendían legalizar el «puenteo» a la Contraloría General, una táctica para evitar el control financiero. No obstante, sigue siendo posible utilizar la inconstitucionalidad para esto, y ahora hay más tribunales para juzgar las rendiciones.
Por ABC Color
24 de octubre de 2025 – 20:22
Mediante la Gaceta oficial, el presidente Santiago Peña aprobó la Ley Nº 7543, que modifica el artículo 30 de la Ley Nº 879/1981, relacionada con el Código de Organización Judicial, ampliando así el Tribunal de Cuentas de dos a cuatro salas.
Cada sala tendrá tres miembros y se encargará exclusivamente de los juicios contencioso-administrativos.
La nueva ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de julio de 2025, ratificada por el Senado el 20 de agosto, y promulgada por el Poder Ejecutivo.
Se otorga a la Corte Suprema de Justicia la potestad de reglamentar la norma, a implementarse según los recursos indicados en el Presupuesto General de la Nación.
La norma deja intacta la estructura del Tribunal de Cuentas, pero duplica el número de salas para aliviar el sistema judicial.
Las autoridades seguirán teniendo la opción de recurrir a la inconstitucionalidad para eludir el control de la CGR y permitir que el Tribunal de Cuentas evalúe las rendiciones.
No se modificó el control de la Contraloría
Aunque se amplían las salas del Tribunal de Cuentas, no se introduce ningún cambio en la jurisdicción ni en la relación con la Contraloría General de la República (CGR).
El proyecto original fue alterado en el Senado para incluir disposiciones que buscaban legalizar el «puenteo» a la Contraloría, según advertencias del contralor general.
Esta táctica es común entre intendentes y administradores públicos investigados por irregularidades, quienes evaden el control usando una acción de inconstitucionalidad y envían sus rendiciones al Tribunal de Cuentas.
Tras volver a la Cámara de Diputados, las modificaciones fueron rechazadas casi por unanimidad.
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