Nacionales
Buscan a 11 miembros del clan Díaz, la banda que quiere exterminar a Macho
La Policía identificó y luego la Fiscalía emitió las órdenes de captura correspondientes contra 11 supuestos miembros de una red de sicarios de Canindeyú, conocida como clan Díaz. Este grupo aparentemente tiene la misión de exterminar a la banda del criminal más buscado del Paraguay, Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho.
Felipe Santiago Acosta Riveros, paraguayo, de 41 años de edad, alias Macho, es un asesino prófugo con una condena pendiente de 25 años de cárcel.
El ahora famoso delincuente apodado Macho cayó preso en 2005 por el asesinato de un colono japonés, se escapó de la cárcel por primera vez en 2011, lo recapturaron en 2015 y se fugó de nuevo en 2016.
Desde entonces, Macho dirige una organización criminal que en los últimos tres años se consolidó como la más importante y peligrosa del departamento de Canindeyú, donde llegó a operar con al menos 30 sicarios a su servicio, como una especie de miniejército.
Uno de los integrantes del clan Díaz exhibe un fusil en redes sociales.
Macho alquila tierras ancestrales de indígenas para plantar marihuana y construir pistas de aterrizaje clandestinas donde descarga cocaína, según las investigaciones en curso.
Tan fuerte llegó a ser Macho en Canindeyú que el presidente Santiago Peña Palacios tuvo que ampliar la jurisdicción del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y ordenó la instalación en esa región de un cuartel denominado SAP 5, que funciona en el distrito de Yby Pytá.
Sin embargo, con la instalación de los militares y la renovación casi completa de los planteles policiales y de la Senad que venían operando en Canindeyú, todos corrompidos por Macho, los otros grupos criminales más “pequeños” también se vieron afectados por las sucesivas operaciones de los organismos de seguridad.
El acecho de los uniformados fue lo que despertó la molestia de los rivales de Macho que tampoco podían “trabajar”.
Su principal enemigo
El principal enemigo de Macho era Cristino Díaz Méndez, de 46 años, líder de la gavilla conocida como clan Díaz.
Cristino murió el 24 de febrero de 2024 justamente al comandar un atentado contra Macho en Yby Pytá.
Otro presunto miembro del clan Díaz, con fusil y chaleco táctico.
Desde entonces, los “soldados” del clan Díaz emprendieron un operativo de exterminio del grupo de Macho, matando o facilitando a las autoridades información sobre integrantes de ese bando.
El último gran ataque atribuido al clan Díaz se produjo el 19 de noviembre de 2024, cuando murieron los hermanos Kléber Zárate Martins (28) y Wellinton Zárate Martins (25) y el primo de estos, Fredy Amarilla Zárate (27), en Yby Pytá.
Los tres hombres salían de un campamento marihuanero cuando fueron masacrados con fusiles.
Macho se salvó ese día porque salió de la zona unos momentos antes.
Identificados y ahora buscados
Aunque ya había pistas sobre el clan Díaz, fue recién después de ese triple homicidio que surgieron más pistas concretas sobre la banda.
Resulta que, para subsistir, sus miembros aparentemente vienen cometiendo otros delitos como extorsión y secuestro exprés, todo en la zona de Canindeyú, obviamente aparte de su actividad principal que es plantar marihuana.
En ese sentido, agentes de la Dirección de Policía de Canindeyú y del Departamento de Investigaciones de Canindeyú elevaron varios informes al Ministerio Público, que fueron procesados por el fiscal de Curuguaty Christian Ramón Roig Escandriolo.
Con base en los elementos recogidos por los policías, el fiscal emitió órdenes de captura contra 11 presuntos miembros del clan Díaz.
Se trata de Diego Díaz Méndez, de 27 años, quien sería hermano menor del fallecido Cristino Díaz Méndez; Jorge Argüello Ayala, de 27 años, alias Pucarí, que sería el segundo al mando en la estructura, y Miguel Ángel González Jacquet, de 27 años, quien es un policía aún en actividad.
También figuran Gustavo Ariel Díaz, de unos 25 años, quien sería sobrino de Cristino Díaz; Carlos Antonio Sanabria Arévalos, de 23 años; Bienvenido Benítez González, de 48 años, y Denilson Ávalos Díaz, de 20 años.
La lista sigue con Óscar Daniel Ávalos Díaz, de 19 años; Mario Rafael Alonso López, de 28 años; Santiago Benítez Flor, de 18 años, y Alcides S. A., de 16 años.
Uno de los «fusileros» luce su arma en Yby Pytá.
Los oficios firmados por el fiscal Roig, que fueron recibidos en la Dirección de Policía de Canindeyú, dicen que una vez detenidos los sospechosos deben ser trasladados a la comisaría 5ª de Curuguaty.
Los integrantes de este nuevo grupo son considerados altamente peligrosos, porque tienen armas de guerra y abundante munición, según publicaron ellos mismos en diversas redes sociales.
Fuente: ABC Color
Más de dos años después del inicio del gobierno de Santiago Peña, la situación de las empresas públicas empeora, acumulando pérdidas significativas, como ocurre con Copaco, Petropar, INC y Fepasa, según las auditorías más recientes del año 2024.
El exministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló que las críticas y el descontento de la ciudadanía están justificados debido a los deficientes servicios de las empresas estatales y la falta de transparencia y evaluación de resultados, así como la carencia de planificación futura.
Borda sugirió que es el momento para que las empresas públicas firmen contratos de gestión con el Consejo Nacional de Empresas Públicas y divulguen sus resultados. Se destacó que las auditorías externas de 2024 muestran pérdidas millonarias, y se cuestionó quién decidió llevar a cabo estas auditorías.
Durante el gobierno de Fernando Lugo se creó el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), que fue aprobado en el Congreso y se implementó con la Ley 5058 en 2013. Borda cuestionó si este consejo sigue activo y confirmó que debe ejercer funciones de asesoramiento y apoyo en la gestión de las entidades públicas.
El consejo incluye al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. Sin embargo, Borda indicó que se han ignorado estos temas durante varios gobiernos, ya que no se reúnen ni ejercen sus funciones conforme a la ley.
El caso de Petropar es significativo debido a un proceso de compra urgente prorrogado nueve veces, sin explicaciones públicas. La empresa, sin ser privada, extendió un contrato con una firma catarí por 61 millones de dólares hasta febrero de 2026.
Preocupa además que la tendencia a la baja de los precios de los combustibles y la depreciación del dólar no se reflejen en una baja de precios internos. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aún no ha dado conclusiones, y el Congreso no ha llamado al presidente de Petropar, Eddie Jara, pese a un aumento significativo en su patrimonio.
Otras empresas como Essap, Copaco, INC, Fepasa y Capasa carecen de planes y no rinden cuentas. Borda cuestionó dónde está el CNEP y sus recomendaciones legales.
Sobre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Borda mencionó una propuesta de ajuste tarifario para sectores electrointensivos e industriales en 2026. Itaipú no ha cumplido con transferir 300 millones de dólares anualmente, y se reporta una pérdida energética del 21,9% en 2024.
Un experto retirado de la ANDE destacó la necesidad urgente de mejorar la rentabilidad y gestión para cubrir costos e inversiones, con una rentabilidad negativa consistente en los últimos años.
Borda subrayó que la falta de planificación a mediano y largo plazo provoca reacciones en la ciudadanía y enfatizó que el CNEP debe actuar ante las crisis de las empresas estatales. Señaló que los criterios políticos siguen prevaleciendo sobre los técnicos, resultando en servicios públicos inadecuados.
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00, el Tribunal a cargo del juicio contra el juez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú Martínez, por presunto prevaricato, consideró la opción de modificar la calificación legal de la Fiscalía. Goiburú también enfrentará acusaciones por supuesta extorsión.
El Tribunal Especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez y compuesto por Yolanda Morel y Karina Cáceres, informó a Goiburú y otros dos acusados que podrían enfrentar nuevos cargos según el artículo 400 del Código Procesal Penal, que permite cambiar la calificación legal propuesta. Así, Goiburú, acusado de prevaricato, también deberá responder por extorsión.
Los coacusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Benítez enfrentan cargos por extorsión y prevaricato. La Fiscalía, representada por Natalia Cacavelos, afirma que Goiburú incurrió en prevaricato al tramitar una acción civil sin justificación legal adecuada.
Rodolfo Vega, testigo en el juicio, relató que compró al contado un camión que le fue arrebatado tras una demanda falsa presentada por Julio Martínez Isasi en 2021. Vega solicitó ayuda al abogado Ernesto Garcete, quien le pidió dinero para «combustible» por indicación del juez. A pesar de pagar, Vega aún no ha recuperado el camión.
Goiburú sigue en funciones mientras el juicio continúa.
Nacionales
Pablo Benegas solicita anular su condena a 12 años de prisión y celebrar un nuevo juicio
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00 am, el músico Pablo Benegas apeló su condena a 12 años de prisión por abuso sexual infantil y pornografía, solicitando un nuevo juicio con un tribunal diferente. Argumenta que el tribunal original interpretó incorrectamente las pruebas y no justificó adecuadamente el rechazo de los argumentos de la defensa.
La apelación, respaldada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, desafía la Sentencia Definitiva N° 536 del 17 de octubre de 2025, emitida por el tribunal encabezado por la jueza Lourdes Garcete e integrado por Rossana Maldonado y Juan Ortiz, que condenó unánimemente a Benegas. La defensa sostiene que la acusación de la fiscala Claudia Aguilera no se sostenía, pues las evidencias digitales no respaldaban la condena.
La defensa también señala que un video clave para la condena tiene dos fuentes diferentes en la pericia: «fuente de WhatsApp» y «fuente galería», lo que sugiere manipulación de evidencia.
Benegas considera la pena «desproporcional» debido a su adicción a las drogas, argumentando que la condena no facilita su reintegración social. La defensa afirma que Benegas no divulgó lo sucedido ni tuvo relaciones con las menores, culpando a la fiscalía de un manejo erróneo del caso.
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