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La Fiscalía ha apelado la decisión del juez Miguel Palacios, quien sobreseyó de manera definitiva al exsenador Hernán Rivas en el caso por supuesta producción y uso de documentos falsos. Las fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero argumentan que el juez cometió un «error de juicio» al aplicar incorrectamente la prescripción, basándose en los títulos universitarios en lugar de los actos públicos resultantes.

El Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra la resolución que absolvió al exsenador en el proceso por producción y uso de documentos públicos falsos.

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Los fiscales cuestionaron la decisión del juez, que declaró la prescripción del caso, señalando que calculó erróneamente los plazos. Según ellos, el juez usó como referencia la expedición del título y certificado de estudios de Rivas, documentos considerados privados y no centrales en la investigación.

La acusación fiscal se centra en tres hechos específicos: la designación de Rivas en varias funciones y su obtención de matrícula como abogado. La Fiscalía asegura que la prescripción no se aplicó correctamente porque la imputación formal se presentó a tiempo dentro del plazo legal.

Se busca que el tribunal reconsidere el tipo penal de producción de documento público falso junto con el uso de documento falso, para ser analizados en un juicio oral. Según el Ministerio Público, la decisión del juez Palacios causa un «perjuicio real» al impedir el juicio sobre hechos importantes de la acusación, creando un riesgo de impunidad.

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Un trabajador de la construcción reportó que su vehículo fue robado esta tarde. Después de comunicarse con el sistema 911, la Policía comenzó a rastrear la zona del incidente hasta localizar a un hombre conduciendo la camioneta. El conductor, con antecedentes penales, intentó escapar pero fue detenido tras ser perseguido por los agentes.

Este viernes, la Policía detuvo a Ignacio Rubén Zorrilla Miranda, de 51 años, luego de una persecución relacionada con el robo del vehículo de un albañil que labora en la zona de Andrade, Asunción. Zorrilla tiene antecedentes por reducción en 2023 y por hurto agravado en 2024. En este caso, conducía una Toyota Hilux Surf, propiedad de la víctima que hizo la denuncia al 911.

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El comisario Pedro Bavera, de la comisaría 10a, explicó que tras el reporte se activó el “operativo cerrojo” para localizar el vehículo. Fue detectado en la Avda. Aviadores del Chaco, y al notar a la Policía, Zorrilla cambió de ruta hacia la Avda. Santísima Trinidad, circulando en sentido contrario.

«La persecución involucró varias motocicletas. Una patrullera le bloqueó el camino. No hubo disparos. Es conocido en el ámbito delictivo por hurto, aunque no tiene casos abiertos, solo antecedentes», indicó el jefe policial.

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Un tribunal de apelación ratificó la decisión del juez penal de garantías especializados en delitos económicos, Humberto Otazú, quien aceptó la acusación contra el exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Magdalena Guinser Costa, por contrabando. Ambos fueron detenidos en Paraguay al intentar ingresar 200.000 dólares sin declarar.

El tribunal, compuesto por Gustavo Amarilla Arnica, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, confirmó el Acto Interlocutorio Nº 43.918 del juez Otazú, que aprueba la acusación de la Fiscalía contra Kueider y Guinser. Ambos cumplen arresto domiciliario tras ser sorprendidos con 211.000 dólares sin declarar al intentar entrar al país en diciembre de 2024. También enfrentan solicitudes de extradición por parte de la justicia argentina.

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La jueza Claudia Criscioni destacó que la acusación requiere fundamentos jurídicos claros, cuestionando por qué la Fiscalía y el juzgado consideran el dinero como mercadería en un contexto de cambio de divisas. Propuso revocar la decisión actual y realizar una nueva audiencia preliminar.

Por otro lado, el juez Gustavo Amarilla señaló que la nulidad solo procede contra resoluciones judiciales, no contra decisiones finales. Afirmó que la Fiscalía cumple con los requisitos formales en la acusación. Aunque reconoció que no hay una explicación exhaustiva de los medios de prueba, indicó que el Fiscal describe adecuadamente la presunta acción de contrabando.

El juez Amarilla concluyó que no hay razón para modificar la acusación o revocar el fallo del juez de garantías, apoyado por la jueza Silvana Luraghi. Así, por mayoría, el tribunal de apelaciones ratificó el A.I. N°197 del 30 de julio de 2025, dictado por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N°1, y decidió imponer costas en el orden causado.

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