Nacionales
Asunción: Acuerdo colorado para la continuidad colocó a Bello como intendente
Con 15 votos secretos, resultado de un acuerdo de continuismo entre los concejales colorados, cartistas y disidentes, Luis Bello (ANR-cartista) fue elegido ayer como nuevo intendente de Asunción en una sesión extraordinaria de la Junta Municipal. Esto se dio tras la renuncia de Óscar «Nenecho» Rodríguez (ANR-cartista), quien dejó el cargo bajo presión de una posible destitución por graves irregularidades descubiertas en su administración.
Bello, quien liderará hasta diciembre de 2026, recibió el apoyo de la mayoría de los concejales que desde 2021 respaldaron a Rodríguez y que aprobaron su rendición de cuentas 2024 en abril. Entre los cartistas se encontraban Juan Carlos Ozorio, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Mariano Cáceres, Miguel Sosa, René Calonga, César Escobar, Javier Pintos y el propio Bello. Los disidentes Jesús Lara, Arturo Almirón, Juan José Arnold, Daniel Ortiz, Carlos González y Rosanna Rolón también se sumaron.
Consolidada la unidad colorada, la disidencia dejó de negociar con la oposición del Partido Liberal Radical Auténtico y Patria Querida, quienes proponían a Álvaro Grau (PPQ) como candidato y podían haber quitado la intendencia al oficialismo. A cambio del apoyo a Bello, los disidentes obtuvieron la promesa de respaldo para la presidencia de la Junta Municipal en octubre.
Bello prometió cambios, pero aclaró que no prescindirá de 3,000 funcionarios, como había sugerido el interventor Carlos Pereira. La superpoblación de personal fue señalada como una de las causas de los problemas financieros de la comuna. Pereira denunció desvíos de bonos por G. 500,000 millones, usados en salarios en lugar de su destino original.
En temas financieros, Bello anunció que no usará la «cuenta única», criticada por el interventor como una justificación para desviar fondos. No descartó hacer una auditoría externa de las finanzas dejadas por la administración de Rodríguez y prometió no tolerar ninguna «caja paralela».
La intervención a la gestión de Rodríguez reveló el desvío de G. 512,000 millones de bonos destinados a obras y utilizados para gastos corrientes. La Contraloría General de la República impulsó la intervención tras confirmar las irregularidades en 2024. La administración de Rodríguez enfrenta 7 procesos judiciales, incluso por compras irregulares durante la pandemia. El desvío de bonos está bajo investigación de la Fiscalía.
Tras el informe, Pereira recibió amenazas, según el ministro del Interior, Enrique Riera. Aunque no se mencionaron nombres, se presume que fueron mensajes enviados por el exintendente Rodríguez.
El 1 de noviembre de 2025, a las 01:05, se reportó que una adolescente de 14 años está desaparecida desde el 26 de octubre en Hernandarias. Su madre hizo la denuncia días después, y la fiscal Beatriz Adorno Acuña inició una búsqueda a nivel nacional. Se están realizando investigaciones, incluyendo rastreos y revisión de cámaras de seguridad.
La fiscal Beatriz Adorno Acuña, de la Unidad Penal n.º 2 de Hernandarias, ordenó la búsqueda de Naely Báez Cáceres, de 14 años, desaparecida desde la madrugada del 26 de octubre de 2025. La joven, del barrio 1.º de marzo, fue reportada como ausente por su madre, Rosa Cáceres, quien notó su ausencia a las 01:00 del mismo día, pero la denuncia se hizo el 31 de octubre en la Comisaría 5.ª de Hernandarias. Inicialmente, la madre pensó que era un comportamiento habitual de la adolescente.
El caso se calificó como “Supuesto hecho punible contra el Estado Civil, el Matrimonio y la Familia – Violación de la Patria Potestad” según el Ministerio Público. La madre también mencionó que su hija consume drogas, lo cual se incluyó en la investigación. Tras recibir el testimonio, los antecedentes se enviaron a la Unidad Penal n.º 2, que formalmente abrió la causa.
La fiscal informó al Juzgado Penal de Garantías sobre el proceso, de acuerdo con el artículo 290 del Código Procesal Penal, y ordenó un rastrillaje exhaustivo en el barrio 1.º de marzo y zonas cercanas, coordinado con la representación fiscal.
Se realizarán monitoreos de cámaras, entrevistas a vecinos y testigos, y análisis de las comunicaciones de la adolescente.
El Ministerio Público solicita a la población que cualquier información sobre el paradero de Naely Báez Cáceres se comunique a la comisaría más cercana o a la Unidad Penal n.º 2 del Ministerio Público de Hernandarias.
Nacionales
Con alta evaluación y escasa rentabilidad, el IPS no maximiza su patrimonio inmobiliario
El 1 de noviembre de 2025, el Instituto de Previsión Social (IPS) reportó que posee bienes inmuebles con un valor significativo, pero su rentabilidad es baja, lo que indica un uso ineficiente de estos recursos. Según información del Departamento de Administración de Inmuebles, al finalizar septiembre de 2025, los inmuebles estaban valuados en G. 1,97 billones (US$ 282 millones al tipo de cambio de G. 7.002,41), pero con un rendimiento anual promedio de solo 0,78%. Este porcentaje es bajo considerando que representan el 10,04% del portafolio total del IPS.
El escaso retorno muestra un desaprovechamiento del potencial de estos activos para generar ingresos sostenibles. IPS gestiona 776 inmuebles, de los cuales 51 están en proceso de transferencia por G. 11.540 millones. A pesar de este patrimonio, los ingresos no son proporcionales. En busca de mejorar sus finanzas, el IPS debería utilizar la renta de propiedades como una fuente importante de ingresos no contributivos.
Los datos de ingresos mensuales de alquiler en el periodo de octubre de 2024 a septiembre de 2025 muestran fluctuaciones, entre G. 800 millones y G. 1.305 millones. Los mayores ingresos ocurrieron en enero (G. 1.263 millones) y julio (G. 1.305 millones), y los más bajos en noviembre de 2024 y agosto de 2025. Hubo un aumento en septiembre a G. 1.117 millones, debido a pagos atrasados, indicando que estos no fueron por una mejor gestión de los alquileres.
Esta variabilidad señala problemas en la gestión de contratos y cobros, afectando la liquidez y los flujos de caja regulares. Aunque el IPS tiene una gran cantidad de propiedades, la rentabilidad es baja para estándares de inversiones inmobiliarias institucionales, posiblemente por alquileres desactualizados, propiedades parcialmente ocupadas, o contratos antiguos que no reflejan las condiciones del mercado actual.
En un contexto de presión financiera y desafíos para la sostenibilidad del sistema previsional, la baja generación de ingresos por alquiler representa una oportunidad perdida. Optimizar los esquemas de arrendamiento o mejorar la gestión de activos podría aumentar significativamente los ingresos sin necesidad de más aportes o endeudarse. El valor del patrimonio inmobiliario, cercano a los US$ 300 millones, contrasta con su escasa contribución a los ingresos del IPS.
En resumen, el informe muestra que el Instituto de Previsión Social tiene un portafolio valioso pero subutilizado, donde su valor no se refleja en una rentabilidad adecuada ni en ingresos constantes. Mejorar la administración, revisar los alquileres y asegurar la plena ocupación de los inmuebles ayudaría a convertir este activo en una fuente más dinámica y estratégica para financiar el sistema previsional.
Texto elaborado por MF Economía e Inversiones.
El 31 de octubre de 2025 a las 19:55, se informó que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, dos vicelíderes de la bancada cartista criticaron a ministros del gabinete de Santiago Peña. Alegan que algunos «han perdido el rumbo» y a otros les aconsejan «ajustar su enfoque».
En el sector cartista, hay un creciente descontento hacia algunos ministros del presidente Santiago Peña. Aunque no se mencionan nombres específicos, uno de los señalados es Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Rodrigo Gamarra, vicelíder de Honor Colorado, comentó que aunque el presidente tiene un rumbo claro, «algunos en el gabinete han perdido la brújula». Gamarra, quien ha tenido enfrentamientos con Orué, previamente lo acusó de ser un «recaudador ilegal» para Peña, basándose en mensajes filtrados del teléfono del fallecido diputado cartista Eulalio «Lalo» Gomes, aunque luego retiró sus declaraciones.
Varios legisladores, especialmente tras operaciones anticontrabando discutidas, muestran su descontento con Orué. Estas operaciones fueron criticadas, incluso afectando a productores locales de cebolla.
Del Puerto expresó su desacuerdo con los métodos del DNIT, sugiriendo que los esfuerzos contra el contrabando deberían centrarse en las fronteras. Mientras, defendió a la ministra de Salud, María Teresa Barán, en un conflicto político interno con el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, quien ha pedido su destitución. Del Puerto especuló que el descontento de Ovelar podría deberse a que Barán no accedió a algún «pedido». Además, mencionó que es imposible atender el 100% de las gestiones, ya que las necesidades son a nivel nacional.
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