Con 15 votos secretos, resultado de un acuerdo de continuismo entre los concejales colorados, cartistas y disidentes, Luis Bello (ANR-cartista) fue elegido ayer como nuevo intendente de Asunción en una sesión extraordinaria de la Junta Municipal. Esto se dio tras la renuncia de Óscar «Nenecho» Rodríguez (ANR-cartista), quien dejó el cargo bajo presión de una posible destitución por graves irregularidades descubiertas en su administración.
Bello, quien liderará hasta diciembre de 2026, recibió el apoyo de la mayoría de los concejales que desde 2021 respaldaron a Rodríguez y que aprobaron su rendición de cuentas 2024 en abril. Entre los cartistas se encontraban Juan Carlos Ozorio, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Mariano Cáceres, Miguel Sosa, René Calonga, César Escobar, Javier Pintos y el propio Bello. Los disidentes Jesús Lara, Arturo Almirón, Juan José Arnold, Daniel Ortiz, Carlos González y Rosanna Rolón también se sumaron.
Consolidada la unidad colorada, la disidencia dejó de negociar con la oposición del Partido Liberal Radical Auténtico y Patria Querida, quienes proponían a Álvaro Grau (PPQ) como candidato y podían haber quitado la intendencia al oficialismo. A cambio del apoyo a Bello, los disidentes obtuvieron la promesa de respaldo para la presidencia de la Junta Municipal en octubre.
Bello prometió cambios, pero aclaró que no prescindirá de 3,000 funcionarios, como había sugerido el interventor Carlos Pereira. La superpoblación de personal fue señalada como una de las causas de los problemas financieros de la comuna. Pereira denunció desvíos de bonos por G. 500,000 millones, usados en salarios en lugar de su destino original.
En temas financieros, Bello anunció que no usará la «cuenta única», criticada por el interventor como una justificación para desviar fondos. No descartó hacer una auditoría externa de las finanzas dejadas por la administración de Rodríguez y prometió no tolerar ninguna «caja paralela».
La intervención a la gestión de Rodríguez reveló el desvío de G. 512,000 millones de bonos destinados a obras y utilizados para gastos corrientes. La Contraloría General de la República impulsó la intervención tras confirmar las irregularidades en 2024. La administración de Rodríguez enfrenta 7 procesos judiciales, incluso por compras irregulares durante la pandemia. El desvío de bonos está bajo investigación de la Fiscalía.
Tras el informe, Pereira recibió amenazas, según el ministro del Interior, Enrique Riera. Aunque no se mencionaron nombres, se presume que fueron mensajes enviados por el exintendente Rodríguez.
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