Estructura y cobertura desigual
Según el informe, en promedio, el gasto público social en América Latina alcanzó el 13,5% del PIB en 2021, con fuertes disparidades entre países. Por ejemplo, mientras Brasil y Argentina presentan niveles relativamente altos de gasto en protección social, otras economías como Paraguay o Guatemala destinan montos considerablemente inferiores. Esta disparidad incide directamente en la capacidad de los Estados para garantizar prestaciones adecuadas, sostenibles y universales.
Empleo informal y protección social limitada
En este contexto, el informe resalta la importancia de avanzar hacia mecanismos más integrados, que no dependan exclusivamente de las contribuciones laborales. Esto implica fortalecer los sistemas no contributivos y promover políticas fiscales progresivas que permitan financiar transferencias universales, especialmente en contextos de alto desempleo o informalidad estructural.
Avances en transferencias monetarias y programas sociales
Sin embargo, el informe advierte que muchos de estos programas son focalizados, temporales o fragmentados. En algunos casos, las transferencias son bajas en monto y discontinuas, lo que limita su capacidad de generar mejoras sostenidas en el bienestar de los hogares. Además, existe el riesgo de que las presiones fiscales actuales lleven a recortes presupuestarios, lo cual afectaría negativamente a los sectores más vulnerables.
En este punto, cabe recordar que Paraguay contó con una serie de programas sociales como Pytyvõ y Pytyvõ 2.0, que se centró en brindar asistencia a trabajadores informales durante la pandemia de covid. También, cuenta con otros programas de asistencia social, como por ejemplo, Tenonderã que apoya la promoción e inclusión socioeconómica, y las transferencias que reciben los adultos mayores, entre otros.
Perspectivas fiscales y sostenibilidad
La sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social constituye otro de los grandes desafíos para la región. Si bien el informe reconoce los avances logrados en varios países para ampliar la cobertura, también señala que muchos de estos progresos no están acompañados de una base de financiamiento sólida.
La presión por reducir déficits fiscales y el bajo nivel de recaudación tributaria en muchos países dificultan la expansión de programas sociales de forma permanente. Por tanto, América Latina y el Caribe se encuentran en una encrucijada. La pandemia y la crisis económica asociada demostraron la importancia de contar con sistemas sólidos de protección social. El desafío actual radica en consolidar y ampliar lo logrado, para superar las limitaciones de los esquemas contributivos tradicionales y apostar por modelos más universales, sostenibles y equitativos.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.
