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Alianza entre el PCC y Comando Vermelho: ¿Una nueva era del crimen organizado en Brasil?
El Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho firmaron una alianza inédita, según publicaciones de medios brasileños e internacionales ¿De qué trata la tregua y cuál sería su alcance?
Los dos principales grupos criminales del Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, consolidaron una tregua y firmaron una alianza que pone al país vecino en alerta sobre sus alcances en el aumento de la criminalidad y el tráfico trasnacional de drogas.
El medio argentino Infobae se hizo eco de las declaraciones del fiscal de San Pablo Lincoln Gakiya, y un informe de inteligencia de la Secretaría Nacional de Políticas Criminales, en el que se menciona la consolidación de la tregua entre las dos principales organizaciones criminales.
El informe señala que “la unificación de los abogados del PCC y del CV fue formulada por miembros de alto rango de las dos facciones. El objetivo sería fortalecer los grupos criminales para, sobre todo, defender las reivindicaciones de sus líderes presos en el sistema penitenciario federal”.
Gakiya, quien vive escoltado desde hace años por sus procesos contra el PCC, afirmó que ambos grupos ya existe una tregua en Río de Janeiro y en San Pablo. Sin embargo, el fiscal advierte que esta nueva alianza fortalecerá aún más a las dos facciones criminales.
“Esta tregua ya existe en Río de Janeiro y San Pablo. La unión de las dos mayores organizaciones criminales del país podría provocar un aumento del tráfico internacional de cocaína, pero también del tráfico de armas hacia Brasil. Se trata de un reparto de rutas y, sobre todo, de un fortalecimiento aún mayor de estas organizaciones criminales”, declaró.
El pacto entre las facciones habría sido decida por los líderes Marco Willian Herbas Camacho, alias Marcola, jefe del PCC, y Márcio dos Santos Nepomuceno, conocido como Marcinho VP, jefe del Comando.
El PCC es la organización criminal más grande y mejor organizada del Brasil, según un reportaje de InSight Crime publicada en octubre del 2024. Mientras que el Comando Vermelho es el grupo criminal más antiguo del país vecino y con gran influencia en las cárceles.
En el sitio de noticias UOL, Gayika valoró que la tregua ya se venía barajando desde el 2019, cuando Marcola y otros líderes pensaban en una unión para “derribar el rigor del sistema penitenciario federal”.
“Ahora esta tregua se ha materializado”, subrayó.
¿Escalada de la violencia?
Rodrigo Duton, teniente coronel de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro, profesor e investigador no residente en el Instituto Australiano de Política Estratégica, reflexionó sobre las consecuencias de la tregua en una entrevista con Infobae.
“Es posible que haya una nueva ola de violencia como la de San Pablo en 2006, ya que hay información de que el PCC y el Comando Vermelho han entrado en una tregua para presionar al gobierno, mientras que los abogados vinculados a las facciones están cuestionando las condiciones carcelarias”, manifestó.
Brasil experimentó una de sus mayores crisis de criminalidad en mayo del 2006, cuando el PCC impuso un toque de queda de una semana en San Pablo, en la que quemaron autobuses y mataron policías.
En respuesta, el gobierno del estado de San Pablo aisló a los líderes de la facción y, el 11 de mayo, trasladó a 765 presos en cárceles de máxima seguridad. Esto provoca enfrentamientos violentos que dejó cerca de 500 muertos.
Objetivos de la alianza
El fiscal Lincoln Gakiya denunció a finales de enero a 12 implicados en la operación Grito Flaso, que tenía como objetivo la ONG Pacto Social & Carcelario, que, según la investigación, fue creada, financiada y puesta al servicio del PCC.
“Las facciones estaban consiguiendo su objetivo, que era influir en las políticas públicas del sistema penitenciario”, había afirmado Gayika en el diario O Estado de São Paulo, que publicó sobre las reuniones de la presidenta de la ONG, Luciene Neves Ferreira, en los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, así como en el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), en Brasilia.
Infobae señala que la ONG “había manifestado incluso su interés en intervenir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el proceso contra el ex guerrillero chileno Mauricio Hernández Norambuena, detenido en Brasil en 2002”.
Este pacto, de acuerdo con los expertos, “es presionar juntos a través de sus abogados para relajar las normas dentro de las cárceles y facilitar así la fuga de sus líderes”.
Otra motivación sería la de una mayor colaboración en las dos principales rutas de tráfico de cocaína en Brasil.
El PCC contra la ruta denominada “caipira”, que comienza en Bolivia y pasa por varios municipios del estado de San Pablo, llegando al puerto de Santos y desde allí, a África y Europa.
Por su parte, el Comando posee el dominio del corredor del río Solimões, en la selva amazónica, por donde ingresa la cocaína colombiana y peruana.
No se descarta que la tregua represente un impacto internacional, ya que ambos grupos se están expandiendo cada vez más fuera de las fronteras de Brasil.
Brasil y Portugal firmaron acuerdos bilaterales en la lucha contra el crimen organizado tras el brutal asesinato de un joven brasileño carbonizado en un contenedor de basura en una playa de Lisboa, cuyos autores serían miembros del CV.
No obstante, el PCC tiene mayor expansión mundial y se menciona que llegó a Australia.
El informe titulado El corredor de cocaína del Pacífico. La ruta de un cártel brasileño hacia Australia, del profesor Rodrigo Duton, describe que el PCC encuentra en Australia un “mercado altamente lucrativo de la cocaína”.
La facción criminal podría incursionar en la comercialización de drogas sintéticas, como las metanfetaminas y los opiáceos, siguiendo la tendencia de los cárteles latinoamericanos de reducir la dependencia de las drogas naturales.
“La alta demanda en Australia convierte al país en un mercado estratégico y el grupo podría adoptar el modelo de producción y exportación de los cárteles mexicanos”, manifestó Duton a Infobae.
Fuente: Última Hora
Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se presentó el avance del proyecto de ley sobre parques industriales en Paraguay. Esta ley busca planificar zonas específicas, asegurar previsibilidad y fomentar el crecimiento del sector industrial. Se aseguró que empresas y municipios participarán en su desarrollo.
El Viceministro de Industria, Marcos Riquelme, informó a ABC Color sobre una consultoría con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para crear una ley moderna de parques industriales en la región. Los técnicos del proyecto han analizado leyes de otros países y han visitado parques industriales para redactar una propuesta «supermoderna y pragmática».
Riquelme explicó la importancia de una zonificación adecuada para establecer parques industriales en áreas municipales designadas. Si las ciudades no cuentan con zonificación urbanística, es complejo determinar ubicaciones para estos parques.
El objetivo es dar certidumbre a las industrias en un contexto de crecimiento económico proyectado en 4,4% para este año, lo que podría traducirse en más empleo y expansión urbana.
Riquelme subrayó que la falta de zonificación afecta a los inversores que construyen industrias y luego se ven rodeados de viviendas, lo que representa un riesgo. Además, genera ineficiencias energéticas, complicando la planificación de consumo eléctrico.
El proyecto involucra a diversas entidades y busca ser finalizado este año. Una vez que una zona se declara industrial, no cambiará su uso, impidiendo nuevos desarrollos residenciales. Además, se incentivará a las industrias a trasladarse a zonas industriales con créditos blandos.
El BID y el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) colaboran en la creación del borrador de la ley, que se discutirá con los afectados para llegar a un consenso antes de presentarlo al Congreso.
Finalmente, Riquelme destacó que la falta de parques industriales limita el crecimiento de la industria paraguaya, ya que actualmente no existen debido a la falta de zonificación adecuada.
Durante la pandemia de COVID-19, el Ministerio Público acusó al exintendente de Asunción, Óscar «Nenecho» Rodríguez, de abuso de confianza y asociación ilícita por la compra del «detergente de oro». Como máxima autoridad, Rodríguez habría colocado personas de su confianza en puestos clave y permitido un daño de 1.808 millones de guaraníes al municipio. La fiscalía, representada por Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, sostiene que los fondos del gasto 831 no se usaron adecuadamente para la emergencia.
En 2020, Nenecho, como líder municipal, debía manejar los recursos con responsabilidad. Él ubicó a Nidia López y Wilfrido Cáceres en cargos estratégicos. Según el artículo 28 de la Ordenanza N° 608/15, la administración del Fondo Municipal era función del intendente. La acusación alega que no se reguló el uso del fondo de emergencia a tiempo. Las compras supuestamente simuladas entre 2020 y 2021, como la del detergente francés, supusieron un gran perjuicio económico. Ahora, el juez Rodrigo Estigarribia debe fijar fecha para la audiencia preliminar.
Nacionales
Lo detuvieron por agresivo, advirtió que mataría a su esposa si salía y cumplió
Orden de captura para un exconvicto peligroso acusado de feminicidio en Santa Rosa del Aguaray
Desde esta madrugada, las autoridades buscan a un exconvicto que supuestamente apuñaló a su pareja en Santa Rosa del Aguaray. El individuo había sido detenido 12 días antes por agredirla y advirtió que la mataría al ser liberado.
El lamentable hecho ocurrió en una vivienda del barrio Villa del Maestro, en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
La víctima, identificada como Antonia Salinas Espinoza, de 27 años, fue hallada sin vida por una de sus hermanas. El sospechoso, Derlis Adilson Dávalos, de 31 años, quien ahora está prófugo, llamó a la hermana de Antonia para que revisara la casa, insinuando que él había cometido el asesinato. Encontraron a Antonia muerta junto a su cama.
Antonia deja a una hija de nueve años, que fue testigo de la violencia que vivía su madre.
Intervención policial previa
El 24 de agosto, los mismos policías que están investigando ahora el feminicidio habían intervenido para proteger a Antonia cuando Derlis la agredió brutalmente. En esa ocasión, él le había puesto un revólver en la boca frente a su hija.
A pesar de ser detenido, Derlis amenazó con matarla al recuperar su libertad. Según la investigación, aparentemente planeó y ejecutó su venganza tras salir de la comisaría. El fiscal Juan Daniel Benítez está a cargo del caso.
Antecedentes de Derlis
La pareja tenía un historial de episodios violentos. Derlis tiene registros por infracciones como lesiones graves, violación de patria potestad, coacción, privación de libertad, coacción sexual y violación, violencia familiar y violación de la ley de armas.
Tiene prohibiciones de salir del país, portar armas, consumir alcohol y acercarse a la víctima. Sin embargo, había recibido beneficios legales como suspensión de la ejecución de la condena y extinción de la pena, según el sistema policial.
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