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Agentes penitenciarios protestan por mejores condiciones laborales y salarios iguales

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Agentes penitenciarios protestan por mejores condiciones laborales y salarios iguales
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Desde ayer, los agentes penitenciarios han estado en protesta, exigiendo lo que consideran sus derechos laborales, incluyendo la mejora de sus condiciones, ajustes salariales y una cobertura médica adecuada. No descartan intensificar las protestas si no reciben respuestas favorables.

Por ABC Color
22 de agosto de 2025 – 11:02

Los empleados del Ministerio de Justicia (MJ) del Centro Educativo Itauguá y del Centro Educativo Integral La Esperanza de San Lorenzo siguen en huelga indefinida. Esta fue convocada desde ayer por el Sindicato de Trabajadores de Centros Educativos y Penitenciarios (Sitracepen).

La manifestación tiene lugar en el kilómetro 30 de la Ruta PY02, frente al Centro Educativo Itauguá, cada día de 12:00 a 13:00, y continuará hasta que reciban respuestas de las autoridades, según informaron los trabajadores.

Denuncian una brecha salarial entre empleados contratados y permanentes que afecta a alrededor de 1,300 funcionarios, muchos de los cuales ingresaron en programas de emergencia penitenciaria y sanitaria entre 2014 y 2019.

“Mismo trabajo, mismo salario, como establece la Constitución. No se paga a los contratados por la inseguridad”, afirmó Vicente Ruiz Díaz, secretario general del sindicato.

Recategorización salarial

Uno de los reclamos principales es la recategorización salarial que afecta a 1,600 funcionarios con nombramiento, una promesa realizada por el MJ. “Prometieron un aumento de G. 1.500.000 para todos los nombrados, pero ahora dicen que será de 800.000”, criticó Ruiz Díaz.

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Además, exigen una cobertura médica confiable, argumentando que el seguro actual no ofrece atención adecuada. “Tenemos seguro médico, pero no funciona realmente”, añadió el secretario general.

Otros puntos clave son la mejora de las condiciones laborales y el pago por peligrosidad, junto con la Unidad Básica de Alimentación (UBA) para contratados, que actualmente se paga bimestralmente por G. 1.700.000.

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El sindicato advirtió que si no reciben respuestas satisfactorias, podrían tomar medidas drásticas, incluyendo huelgas de hambre. “Estamos movilizándonos durante el almuerzo y seguiremos hasta obtener una respuesta”, aseguró.

Necesidades presupuestarias

Sitracepen calcula que el presupuesto necesario para estas demandas asciende a G. 55.000 millones, y están dispuestos a una ejecución gradual, según informó su secretario general.

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Capiatá: arrestan a joven con largo historial tras asalto a motociclista

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Capiatá: arrestan a joven con largo historial tras asalto a motociclista
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Un conductor de la aplicación Motobolt fue víctima de un asalto en Capiatá, donde un pasajero lo apuñaló y le robó su motocicleta y celular. La policía capturó al presunto autor, un joven de 23 años con numerosos antecedentes que había violado su arresto domiciliario. La víctima, Andrés Báez Vallejos, de 55 años, está en condición crítica en el hospital distrital de Capiatá.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 en el barrio San Agustín. Después del ataque, la víctima recorrió algunas calles hasta recibir ayuda de vecinos que llamaron al 911. Bomberos voluntarios lo trasladaron al hospital.

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El presunto agresor, Pablo Israel Figueredo Jara, cuenta con ocho antecedentes penales y había violado su arresto domiciliario al cometer el delito. Según el comisario Carlos Maldonado, el joven fingió llegar a su casa antes de atacar al conductor con un cuchillo y escapar con sus pertenencias.

La motocicleta, modelo Motostar SK 150, fue localizada mediante su GPS. La policía detuvo al sospechoso en la zona de la compañía 7 Posta Ybyraro. La fiscal Carolina Martínez, de la Unidad N.º 1, fue informada del caso y ordenó la detención de Figueredo, pero el arma utilizada aún no ha sido localizada.

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Riera sobre la Generación Z: “No existen condiciones para un estallido social”

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Riera sobre la Generación Z: “No existen condiciones para un estallido social”
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El ministro del Interior, Enrique Riera, comentó sobre la posible manifestación del grupo Generación Z, calificándola como una «intención provocativa». Aunque reconoció el derecho ciudadano a protestar, aseguró que no hay condiciones para un estallido social en el país y defendió la gestión del gobierno de Santiago Peña.

Riera destacó que aunque la protesta es un derecho constitucional, existen restricciones en ciertos lugares, como la residencia presidencial y embajadas, donde no se permiten manifestaciones. Subrayó que en Paraguay hay amplias zonas donde sí se puede protestar.

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Además, afirmó que no hay condiciones para una crisis social, ya que el país avanza con programas sociales que benefician a niños y pequeños productores, manteniendo la estabilidad macroeconómica.

También reiteró su disposición a dialogar con los jóvenes de Generación Z, invitándolos a presentar reclamos específicos. Defendió la gestión de Santiago Peña, resaltando avances en la negociación de Itaipú, la recuperación de Tacumbú y mejoras en la Policía Nacional. Riera concluyó expresando que Paraguay es visto de manera positiva internacionalmente, y lamentó las críticas internas que presentan un escenario negativo.

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Municipalidad de Troche apoya la causa de los cañicultores y la declara de interés distrital

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Municipalidad de Troche apoya la causa de los cañicultores y la declara de interés distrital
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La Municipalidad de Mauricio José Troche ha emitido una resolución en la que declara de interés distrital y brinda apoyo institucional a los cañicultores que exigen la finalización del nuevo tren de molienda de la planta alcoholera estatal de Petropar. Este documento, firmado por el intendente Osmar Brítez, responde a la prolongada protesta del sector productivo.

La resolución manifiesta el apoyo oficial de la comuna a los productores, quienes desde hace más de 15 días realizan bloqueos intermitentes en la Ruta PY02, en el desvío San Pedro de Coronel Oviedo. Se reconoce que los cañicultores son un pilar clave para la economía local y regional, ya que generan empleo y contribuyen al desarrollo comunitario.

La Intendencia considera esencial respaldar institucionalmente y declarar de interés distrital esta causa justa, que busca reivindicaciones legítimas y urgentes para un sector históricamente postergado, según destaca la resolución de Brítez. El documento también exhorta a las autoridades del Gobierno Nacional a «escuchar y atender con responsabilidad las necesidades del sector», con el fin de encontrar soluciones equitativas y sostenibles.

En su artículo 1, la resolución decreta: «Conceder respaldo institucional y declarar de interés distrital la causa justa de los cañicultores en reclamo a la finalización del nuevo tren de molienda de la planta alcoholera de Mauricio José Troche hasta lograr los objetivos planteados, e instar a las autoridades nacionales competentes a atender urgentemente las peticiones del sector, en defensa del trabajo y sustento de cientos de familias de nuestra comunidad».

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Tras rechazar una propuesta del Gobierno Nacional para una reunión en el Ministerio de Industria y Comercio en Asunción, los cañicultores decidieron mantener el bloqueo de la Ruta PY02 de manera indefinida, argumentando que la reunión no responde a sus demandas. El martes por la tarde, encendieron neumáticos y bloquearon completamente la vía, causando largas filas de vehículos. La Policía Nacional considera despejar la zona si no se alcanza un acuerdo.

El presidente de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, Cristian Fonseca, reafirmó que la única demanda del gremio es la finalización del nuevo tren de molienda de la planta de Petropar. El conflicto con Petropar se originó el año pasado, tras la suspensión del contrato con Estructura Ingeniería S.A. (EISA), adjudicada en 2021 para construir el tren de molienda.

Los productores afirman que la obra tiene un avance del 85% y su paralización impide aumentar la capacidad de procesamiento de la planta, actualmente limitada a 350.000 toneladas de caña por año, dejando fuera cerca de 450.000 toneladas.

El retraso genera pérdidas millonarias para unos 2.000 productores en Guairá y Caaguazú, afectando la economía local, mayormente dependiente de la zafra cañera. Los representantes gremiales señalaron que la medida, adoptada como último recurso ante la falta de respuesta del Gobierno, implica una gran pérdida por los días sin trabajar y el coste de movilizarse.

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