Nacionales
A tres años del crimen de Marcelo Pecci, la justicia sigue ausente
Este 10 de mayo se cumplen tres años desde que el fiscal paraguayo Marcelo Pecci fue asesinado en Colombia, en un hecho que conmocionó a toda la región y dejó al descubierto las vulnerabilidades del Estado paraguayo frente al crimen organizado. Su muerte no solo truncó una carrera judicial clave en la lucha contra las mafias, sino que también marcó un punto de inflexión para la percepción ciudadana sobre la impunidad en Paraguay.
El atentado ocurrió en la isla de Barú, mientras Pecci disfrutaba de su luna de miel. La ejecución fue planificada y llevada a cabo con precisión: sicarios llegaron en motos acuáticas y, en cuestión de segundos, dispararon a quemarropa. Su esposa, la periodista Claudia Aguilera, fue testigo del ataque. La escena no solo fue brutal; fue simbólica: el crimen organizado se cobró la vida de uno de sus principales adversarios a plena luz del día, fuera de las fronteras paraguayas.
La justicia colombiana actuó con rapidez. En menos de un año, logró identificar, detener y condenar a los autores materiales. No obstante, el componente más importante del caso (el de los autores intelectuales) sigue siendo un misterio sin resolver, al menos en Paraguay. Los indicios, testimonios y declaraciones oficiales apuntan a que la orden de ejecución se originó en territorio paraguayo, donde Pecci enfrentaba causas sensibles vinculadas al narcotráfico, el lavado de dinero y estructuras criminales con ramificaciones políticas y empresariales.
El fiscal colombiano Mario Burgos, pieza clave en la investigación, lo dijo sin rodeos durante una visita al país: “La autoría intelectual está en Paraguay. Ustedes tienen que profundizar esa parte del trabajo”. Desde entonces, el Ministerio Público ha reiterado que la investigación “continúa”, pero lo cierto es que no se han presentado imputaciones ni revelado hallazgos significativos. La sensación es de estancamiento.
En estos tres años, el silencio oficial y la falta de avances han alimentado una percepción generalizada de que la impunidad sigue siendo la norma cuando el poder criminal se enfrenta al sistema de justicia. El asesinato de Pecci fue más que un crimen: fue un mensaje. Y la ausencia de justicia hasta hoy confirma que dicho mensaje fue recibido, pero no contestado.
La memoria de Marcelo Pecci continúa viva en el recuerdo de sus colegas, familiares y ciudadanos que aún reclaman justicia. Pero su legado enfrenta una amenaza constante: el olvido institucional, el desgaste mediático y la normalización de la impunidad en uno de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos en Paraguay.
Fuente: El Independiente
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ajustará su presupuesto para pagar cuotas a un organismo internacional y a empresas evaluadoras.
El 8 de octubre, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 4716, permitiendo al MEF modificar la estimación de ingresos del gobierno central. También autoriza la transferencia de créditos presupuestarios, el cambio de fuente de financiamiento y la modificación de cuotas de ingresos y gastos para el plan financiero de 2025.
El ajuste presupuestario será de G. 2.000 millones (aproximadamente US$ 228.885 al cambio actual), destinado a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI-VEP) y a pagos de calificadoras de bonos soberanos, cuyos nombres no fueron especificados.
La OEI es el mayor organismo de cooperación multilateral entre países iberoamericanos de habla hispana y portuguesa, con presencia en 20 países.
Paraguay ha emitido bonos soberanos en el mercado internacional desde 2013, alcanzando un total de más de US$ 8.260 millones. Originalmente, estos bonos financiaban inversiones en infraestructura, pero con el tiempo se usaron principalmente para pagar deudas.
En febrero de este año, se emitieron bonos por US$ 1.200 millones, y para el próximo año, según el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, se prevén US$ 1.303 millones.
Nacionales
Según Wiens, los «Sobres de Poder» revelan cómo Peña utiliza el Estado para su propio beneficio.
El aspirante a la presidencia por la disidencia colorada, Arnoldo Wiens, criticó nuevamente al presidente Santiago Peña durante su visita a San Pedro. En su discurso, señaló que el uso del Estado está favoreciendo intereses personales y económicos de Peña. Mencionó ejemplos como los «sobres» en Mburuvichá Roga y los «pupitres chinos», además del monopolio en licitaciones por parte del Grupo Ueno, mostrando un presunto favorecimiento a estas empresas.
Wiens también criticó el uso de recursos judiciales por parte de una firma vinculada a Peña para interferir en la fusión de los bancos Atlas y Familiar. Durante su gira por Capiibary, apoyó a Fabio Britos, precandidato a concejal para las elecciones municipales de 2026.
En cuanto al levantamiento de sanciones económicas a Horacio Cartes por los EE.UU., Wiens comentó que eran decisiones soberanas de otro país y que Cartes y sus empresas cumplieron con las requerimientos necesarios para reanudar sus actividades empresariales.
Nacionales
Afectados por los Pagarés protestarán el lunes ante la Corte Suprema de Justicia
La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés ha anunciado una protesta nacional para este lunes, con el objetivo de exigir justicia y transparencia. Afirman que la mafia no debe seguir violando los derechos de las víctimas.
La protesta se llevará a cabo el 13 de octubre a las 07:30 frente a la Corte Suprema de Justicia. Según un comunicado de la coordinadora, la manifestación surge como respuesta a recientes acciones ilegales en los juzgados de paz, sobre todo en la gestión irregular de expedientes, con la supuesta complicidad de un ministro del máximo tribunal, lo que respalda las denuncias de inacción y corrupción en el sistema judicial.
Demandas a las Autoridades:
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Acción Inmediata de la CSJ: Se solicita a la Corte Suprema que actúe rápidamente para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades, asegurando la protección legal de las víctimas.
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Aclaración Oficial: La CSJ debe clarificar públicamente el involucramiento de sus miembros en estas actividades ilegales y restaurar la confianza en la justicia.
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Intervención del Congreso Nacional: Se pide al Congreso que intervenga para resolver la crisis e inicie un juicio político contra los ministros que han fallado en su deber de garantizar justicia.
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Restauración del Estado de Derecho: Las autoridades deben tomar medidas concretas para restablecer un estado democrático y republicano, actualmente amenazado por la mafia y la corrupción.
La coordinadora insta a la ciudadanía a permanecer alerta y exigir a las autoridades que cumplan con su deber de asegurar justicia y transparencia. Se enfatiza la necesidad de evitar que la mafia y la corrupción sigan debilitando las instituciones y los derechos de las víctimas.
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