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El 15 de noviembre de 2025 a las 07:23, un operativo simultáneo está teniendo lugar en el Pantanal de Lambaré, donde se están allanando 29 viviendas en busca de sospechosos relacionados con recientes delitos. Más de 700 policías y al menos una docena de fiscales forman parte de este gran despliegue.

El comisario Juan Agüero, director de la Policía de Asunción, explicó que el objetivo del operativo es localizar a los sospechosos del asesinato de un adolescente ocurrido la semana pasada. Este operativo involucra diferentes unidades de seguridad, con el Departamento de Investigación de Homicidios liderando la acción.

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El comisario Eladio Martínez, director de Central, informó que las 29 casas fueron allanadas para cumplir varias órdenes de captura, resultando en varias detenciones. Asimismo, el comisario Marcelino Espinoza, director de Investigaciones, mencionó que también se busca a personas relacionadas con el microtráfico, el sicariato y tentativas de homicidio en la región de Lambaré en los últimos meses.

La información sigue actualizándose.

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El 15 de noviembre de 2025, a las 06:00, se reinició el proyecto Aña Cuá después de casi dos años de estar detenido, enfrentando meses de incertidumbre. Durante el acto, se destacó que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue a Italia para negociar personalmente con el director de la empresa constructora y destrabar el contrato binacional.

El vicepresidente, Pedro Alliana, resaltó la importancia de la intervención de Peña en la reactivación de las obras, que estaban paradas desde enero de 2024. Alliana señaló que esta reactivación es el resultado directo del esfuerzo del presidente, quien viajó a Italia para dialogar con el CEO de Webuild y resolver el estancamiento.

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El proyecto es liderado por el Consorcio Aña Cuá WRT, antes conocido como Consorcio ART, compuesto por empresas de Italia, Argentina y Paraguay. El vicepresidente subrayó la seriedad de la crisis contractual, destacando la necesidad de la intervención presidencial debido a las fallas burocráticas y financieras que no pudieron resolverse internamente.

Aunque algunos críticos consideran que involucrar al presidente en estos problemas podría establecer un precedente innecesario, Alliana defendió el viaje y sus resultados.

Luis Benítez, director paraguayo de la EBY, proporcionó cifras del proyecto, cuya inversión total se estima en 600 millones de dólares, cubriendo tanto la obra civil como la electromecánica. Hasta ahora, se han invertido unos 200 millones de dólares, quedando 400 millones pendientes. A pesar de los ajustes, el costo actual de 600 millones está por debajo del precio estimado original de 650 millones en 2018.

En 2019, los contratos para las obras se firmaron en Buenos Aires. La obra civil inicialmente se adjudicó por 190 millones de dólares con varios ajustes posteriores. El costo final total podría llegar a 620 millones de dólares.

La paralización del proyecto se debió a la falta de garantías del consorcio Aña Cuá WRT. Según Benítez, las garantías eran necesarias para cubrir cualquier eventualidad e indispensable para continuar el desembolso de fondos. Ahora, la situación está resuelta con la garantía recibida.

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El 15 de noviembre de 2025 a la 01:00, Hugo Estigarribia, exsenador colorado y expresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales (2009-2010), criticó el decreto que requiere a los oficiales de la Policía Nacional pasar una prueba de polígrafo para ser promovidos. Estigarribia argumentó que esta medida podría violar principios constitucionales al basar toda una carrera en un solo examen.

El exsenador y abogado constitucionalista afirmó que el ascenso no debería depender únicamente del polígrafo. Según él, el proceso habitual implica una evaluación completa de la trayectoria del oficial, incluyendo su hoja de vida y antecedentes, con una entrevista directa ante la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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Estigarribia opinó que el decreto, firmado en noviembre, surge en un contexto controvertido debido a acusaciones del senador Carlos Núñez Agüero contra el ministro del Interior, Enrique Riera. Afirmó que el decreto parece haberse emitido para avalar decisiones previas, en lugar de proteger los derechos de los oficiales.

Además, el exsenador alertó sobre los riesgos de basarse solo en el polígrafo, un instrumento influido por factores emocionales. Recomendó que la Comisión evalúe detalladamente todo el proceso y revise especialmente los casos de aquellos que no pasaron la prueba, ya que el polígrafo, según él, puede implicar inconstitucionalidad al excluir automáticamente a quienes no lo superan.

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