Periodista de Yataity, Mabel Portillo, obligada a dejar su casa por orden judicial que le prohíbe acercarse a intendenta y cubrir actividades de la Municipalidad. Juez amigo de intendenta la censura férreamente.
La periodista Mabel Portillo denunció que, para acatar la restrictiva disposición judicial del magistrado Marcelo Ramírez, amigo de la cuestionada intendenta Gloria Duarte, se ha visto forzada a abandonar su residencia con el fin de no contravenir la arbitraria orden de alejamiento.
Según relató la comunicadora, en abril de 2022 publicó una nota referente a la construcción durante la actual gestión edilicia de Yataity de un muro de contención, que luego sería destruido por las inclemencias climáticas. Ante ello, la jefa comunal ofreció reconstruir la obra.
Empero, la intendenta Duarte afirma que dicha cobertura periodística le produjo perjuicios sicológicos, razón por la cual interpuso una denuncia contra Portillo al amparo de la Ley Integral de Protección de las Mujeres. En consecuencia, la jueza Alderete le prohibió en ese momento contactar a la demandante por cualquier vía.
No obstante, la comunicadora enfatiza que sus publicaciones estaban ceñidas a informar sobre el empleo de fondos públicos para obras municipales. Esto, al parecer, irritó a la denunciante. Posteriormente, en diciembre de 2023, cuando reporteaba una protesta vecinal, el juez Ramírez volvió a imponerle restricciones.
La nueva interdicción le veda amenazar, coaccionar o aproximarse a Duarte y sus deudos. Se sustenta en la falaz imputación de instigar disturbios contra la intendenta mediante “lenguaje no verbal”. Sin embargo, Mabel rechaza tal señalamiento y subraya que solo efectuaba su labor periodística.
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“Esto no solo me afecta a mí, cualquier comunicador podría ser blanco”, enfatizó. Considera se sienta un inquietante precedente, ya que políticos podrían emularlo para acallar voces críticas. Teme transitar por la morada de Duarte y sufrir falsas recriminaciones.
Entidades defensoras de las libertades informativas en Paraguay repudian esta orden judicial, tildándola de ataque contra el periodismo independiente y táctica censora de los poderes instituidos.
Reclaman anular el acto coercitivo para garantizar la fiscalización de la corrupción sin menoscabo de la libre expresión. Advierten de la tendencia a criminalizar la investigación sobre malversación de caudales públicos.
Abogados especializados califican de absurdos y riesgosos los argumentos del juez para constreñir a la periodista.
Atribuyen la medida a presiones de la jerarca comunal sobre el funcionario judicial, resaltando la inconstitucionalidad de coartar así la libertad de expresión. Aseguran la necesidad de defender un periodismo fiscalizador irrestricto.
Portillo anunció que apelará las prohibiciones en su contra ante estamentos regionales e internacionales. Confía en que respalden su causa contra este embate a la prensa independiente.
Fuentes: Última Hora/ ABC Color