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El 30 de octubre de 2025, a las 13:59, miembros del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR acusaron a Hernán Vera, responsable del área de Informática, de retener las credenciales de acceso a la web institucional, servidores y padrones, lo que pone en riesgo la organización electoral. Se rumoró que Horacio Cartes, líder del partido, permitió que solo sus allegados controlen el padrón, afectando la transparencia.

La acusación fue presentada al presidente del Partido Colorado mediante un documento firmado por los miembros del TEP, liderados por Santiago Brizuela, y respaldado por Mónica Seifart, Sergio Godoy, Wilson Rojas y Félix Ortellado. Según se informó, Cartes habría impulsado esta acción para garantizar que solo sus seguidores cercanos gestionen la información electoral. Desde febrero, el control de la página web del TEP ha sido tomado, y Vera no ha devuelto las contraseñas. ABC intentó contactar a Vera sin éxito.

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Los miembros del TEP afirman que no pueden actualizar ni gestionar la página en preparación para las elecciones internas municipales de 2026. Destacaron que el dominio www.tep.org.py fue registrado hace 15 años y siempre funcionó sin problemas. Este sitio es esencial para que los ciudadanos accedan a información electoral y documentos oficiales, manteniendo la transparencia del proceso electoral.

Solicitan la devolución urgente del manejo del sitio web y excluyen cualquier responsabilidad.

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El 30 de octubre de 2025, a las 12:48, la Dirección Nacional de Defensa Animal manifestó su «total desacuerdo» con el proyecto de ley que propone declarar las corridas de toros como patrimonio cultural en Paraguay. La institución destacó que esto contradice las leyes y acuerdos destinados a acabar con la crueldad hacia los animales, subrayando que «el bienestar animal no es negociable».

En junio de 2025, la Comisión de Deporte de la Cámara de Senadores solicitó la opinión de la Dirección de Defensa Animal sobre un proyecto de ley que busca declarar la corrida de toros como Patrimonio Tradicional y Cultural de Paraguay. La respuesta, enviada el 1 de julio, incluyó análisis técnico-jurídicos y veterinarios que llevaron a expresar su «DESACUERDO» con esa propuesta.

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Entre los argumentos, mencionaron la Declaración Universal de los Derechos del Animal de 1978, la ley 4840/13 de «Protección y bienestar animal» y sus modificaciones, la Ley 5892/17 y la ley 7364/24. Estas normativas buscan prevenir el sufrimiento animal y sancionar el maltrato y la crueldad.

La institución advirtió que el maltrato a los animales puede fomentar la violencia social y ser una de sus consecuencias, vinculándolo directamente con la violencia humana y familiar. Reiteraron su postura en redes sociales afirmando: «El bienestar animal no es negociable».

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El 30 de octubre de 2025, la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso finalizó el análisis del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, destacando incrementos significativos para universidades nacionales y ONG.

Este organismo, compuesto por senadores y diputados, concluyó hoy su revisión del gasto de ciertas instituciones pendientes desde la última sesión que terminó en cuarto intermedio por falta de quórum. Se cerró así la etapa de revisión del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 25 de agosto, emitiendo un dictamen con las modificaciones aprobadas.

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Este dictamen será enviado a la Cámara de Diputados y al Senado para que se decida el presupuesto a remitir al Poder Ejecutivo para su promulgación.

### Incremento para universidades

La comisión aprobó un aumento de G. 60.000 millones (USD 7,6 millones según el cambio presupuestado) para las 10 universidades nacionales del país, superando la asignación inicial del Ejecutivo. El senador liberal Dionisio Amarilla propuso aumentar G. 30.000 millones para la Universidad Nacional de Asunción y otros G. 30.000 millones para distribuir entre las universidades del interior, según el número de matrículas.

### Aumento para ONG

Asimismo, se aprobó reintegrar a todas las ONG que el Ministerio de Economía y Finanzas había excluido del presupuesto 2025, con un aumento de G. 6.900 millones (USD 875.523), elevando el total para ONG a G. 37.084 millones. Las senadoras Esperanza Martínez, Celeste Amarilla y Yolanda Paredes criticaron la exclusión de entidades reconocidas y cuestionaron al ministro Carlos Fernández Valdovinos por no transferir los fondos, señalando que a dos meses de cerrar el año, la ejecución del presupuesto para ONG solo alcanza el 42%.

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