Nacionales
Hace ocho años la ciudadanía se levantaba contra Enmienda Mau de HC
Se cumplen hoy ocho años de las primeras reacciones de la ciudadanía, gremios y obispos del Paraguay para defender la democracia ante el plan reeleccionista de Horacio Cartes en 2017. Los militares rodearon el Congreso y jóvenes liberales hacían escraches tras la primera sesión mau en el “sótano” del Senado.
El 2017 fue el año elegido por el entonces presidente Horacio Cartes, y los exsenadores Fernando Lugo y Blas Llano para impulsar una enmienda constitucional para instalar la cuestionada reelección presidencial. Habían pasado 28 años desde el fin de dictadura stronista (1954- 1989).
El 28 de marzo se realizó la primera sesión mau, un bochornoso espectáculo en que 25 senadores (cartistas, luguistas, liberales llanistas y oviedistas) usurparon la presidencia del Poder Legislativo, integraron un Congreso “paralelo” en el subsuelo del Senado y cambiaron el reglamento para allanar la inminente enmienda mau.
Santiago Peña, entonces ministro de Hacienda, dijo que lo ocurrido fue un uso “transitorio” de la presidencia del Senado.
Por ello, el 29 de marzo del 2017 se dieron los pronunciamientos más duros por parte de los líderes de la Iglesia Católica. Obispos de todo el país condenaban el atropello constitucional e incluso en el Santuario María Auxiliadora, en la Capital, apareció un “pasacalle” contra la enmienda.
Lo mismo hicieron los principales gremios productivos como la Feprinco, la ARP y los empresarios cristianos que calificaron de “grave” y “payasesco” lo sucedido. La UIP guardaba silencio desde diciembre.
Los centros de estudiantes universitarios de Arquitectura e Ingeniería de la UNA se hacían sentir en contra de lo que denominaban “Golpe Parlamentario”.
Ciudadanos tomaron las calles contra la “enmienda mau”
Esa tarde y noche, los partidos opositores instaban a la ciudadanía a “salir” de las redes sociales y defender la democracia en futuras marchas. Hubo movilizaciones en el microcentro capitalino, en Ciudad del Este y Carapeguá.
Combativos Jóvenes liberales escracharon la vivienda de la entonces senadora Blanca Lila Mignarro (PLRA).
Esa noche, los senadores pro enmienda también dejaron de sentirse intocables.
Hubo actos de repudio (con papel higiénico) frente a las viviendas de los liberales Julio César Franco y Blanca Lila Mignarro.
En el Congreso, el entonces presidente del Senado, Robert Acevedo (+), del PLRA, anunciaba que accionaría ante la Corte Suprema de Justicia para anular la infame sesión mau del 28 de marzo.
No sabía que solo un año después el Poder Judicial, siempre servil al Poder Ejecutivo, legalizaría dicha sesión.
En la mañana del 29, también sesionó la Cámara de Diputados y en un acto de autoritarismo, la mayoría cartista prohibió el debate.
El 28 de marzo de 2017 se realizaba la primera sesión mau, en la bancada del Frente Guasu, para cambiar el reglamento y así presentar la enmienda prorekutu.
La disidencia colorada acusaba al Ejecutivo de desplegar a las Fuerzas Armadas y francotiradores de la Policía cerca del Congreso para intimidar a los manifestantes.
Preludio a la tragedia durante el “31M”
Todo parecía un preludio a los violentos sucesos días después cuando antimotines reprimieron a manifestantes frente al Congreso y la sede legislativa fue incendiada parcialmente el 31M.
Luego, la Policía realizó una cacería de manifestantes en la noche del 31 de marzo y en la madrugada del 1 de abril un grupo policial ingresó a matar a Rodrigo Quintana en la sede del PLRA.
Fuente: ABC Color
En la ciudad de Coronel Oviedo, se llevó a cabo la presentación oficial de las tobilleras electrónicas para ciertos procesados judiciales, en el Palacio de Justicia.
El servicio costará G. 2.006.600, pero si se comprueba que la persona es insolvente, el Estado cubrirá esos gastos.
Se realizará un estudio técnico sobre la conectividad en Caaguazú y otros factores necesarios antes de implementar el sistema. Tras este análisis, se comenzará a utilizar las tobilleras electrónicas.
El jefe del sistema de vigilancia del 911 en Caaguazú, Crio. Vicente Chaparro, informó que el sistema 911 monitoreará Caaguazú y San Pedro. Si se detectan irregularidades en los usuarios de tobilleras, se coordinarán acciones rápidas con las comisarías cercanas.
El centro de monitoreo estará en Asunción, pero habrá coordinación para actuar eficientemente ante cualquier problema.
El fiscal delegado de Coronel Oviedo, Fermín Segovia, explicó que se realizará una verificación técnica del lugar donde estará el beneficiario para asegurar que cumple con los requisitos para usar la tobillera. La decisión de otorgar una tobillera dependerá de cada juez, y ésta está disponible para todos los delitos del Código Penal.
La presidenta de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, jueza Sandra Porto, mencionó que el uso de las tobilleras busca aliviar la saturación en las cárceles llenas de procesados sin condena. El dispositivo brinda seguridad judicial y se implementará a solicitud del individuo afectado.
Las tobilleras cuentan con un sistema de alarma que se activará desde el centro de monitoreo si se detectan irregularidades en el comportamiento del procesado.
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, detalló el tema central que se abordará en la convención extraordinaria de su partido este fin de semana en Caacupé. Habló sobre el «dinamismo diferente» que el PLRA y la oposición están adoptando para las elecciones municipales de 2026.
En una entrevista con ABC Cardinal, Fleitas explicó que el objetivo de la convención es autorizar al directorio del PLRA para ratificar acuerdos de alianza o concertación que se logren en varios distritos del país de cara a los comicios municipales, lo cual requiere su aprobación.
Se espera una «concurrencia importante» de alrededor de 600 miembros del partido.
Sobre el tema del «dinamismo diferente», Fleitas mencionó que después de la derrota del PLRA por el Partido Colorado (ANR) en 2023, el partido se está preparando de manera más dinámica para las elecciones municipales del próximo año. Se observa una mayor «madurez» dentro de la dirigencia y en la oposición, con acuerdos ya establecidos en muchas áreas donde antes hubo candidaturas múltiples en 2021.
Asimismo, Fleitas destacó la elección municipal extraordinaria en Ciudad del Este para elegir al reemplazo del destituido intendente Miguel Prieto. El PLRA ha decidido apoyar unánimemente a Daniel Mujica, candidato del movimiento Yo Creo de Prieto. Según Fleitas, esta elección «marcará el rumbo» hacia las municipales de 2026 siendo la primera batalla electoral significativa entre el cartismo y la oposición desde 2023.
Nacionales
Uso excesivo de prisión preventiva provoca saturación en cárceles, alerta el Mecanismo de Prevención de la Tortura
Un representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura comentó que la prisión preventiva como recurso inicial en los procesos judiciales contribuye a la sobrepoblación en las cárceles. Esta situación empeora debido a que las personas privadas de su libertad son trasladadas a prisiones lejos de su hogar, lo que ralentiza los procesos legales.
En un informe reciente, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura destacó que la sobrepoblación en las cárceles paraguayas persiste en gran parte por el uso excesivo de la prisión preventiva para quienes aún no tienen condena firme. Orlando Castillo, comisionado del Mecanismo, expresó preocupación por este uso predominante de la prisión preventiva por parte del Poder Judicial hacia las personas.
El informe revela que, hasta agosto de este año, el 61.6% de los hombres en prisión en Paraguay (unas 11,319 personas) estaban procesados sin condena, mientras que el 38.4% (7,067 personas) ya habían sido condenados. Castillo explicó que este uso liberal de la prisión preventiva genera hacinamiento, con algunas cárceles mostrando una sobrepoblación de hasta el 1,000%.
También destacó el problema del «desarraigo» debido al traslado de procesados a prisiones lejanas, alejándolos de sus familias y abogados, lo que retarda los procesos judiciales. Esto significa que personas que deberían estar en prisión por meses terminan encerradas durante años, facilitando además su reclutamiento por organizaciones criminales.
Castillo señaló que el Ministerio de Justicia no cuenta con un sistema adecuado para supervisar a quienes obtienen medidas alternativas a la prisión, como el arresto domiciliario. Sugirió que, además de la Policía, debería haber un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y abogados para asegurar el cumplimiento y facilitar la reinserción social.
-
Economía1 día agoExpo Amambay ante un giro comunicacional polémico: medios tradicionales descartados por «influencers»
-
Nacionales2 semanas agoMeteorología: se esperan tormentas con vientos de 100 km/h para esta noche
-
Nacionales6 días agoRazón por la cual el 4 de octubre se celebra el Día de San Francisco de Asís
-
Nacionales2 semanas agoLa policía anuncia investigación a la «Generación Z» y aplicará la ley del marchódromo