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El sistema de transporte metropolitano se enfrenta a problemas estructurales como subsidios multimillonarios que crecen cada año, largas esperas en paradas, malas condiciones de la flota y poca información para los usuarios. Para 2024, el Estado asignó más de G. 336.507 millones (US$ 46 millones) a subsidios sin mejorar el servicio. Según expertos de la Consultora Horizonte Positivo Paraguay, la apertura de datos debe ser una herramienta para solucionar fallas reales del sistema.

El anteproyecto de ley actual permite que el Viceministerio de Transporte publique información si lo considera adecuado, dejando la decisión a cada gestión. Para un impacto real, esta facultad debería ser una obligación permanente de publicar y actualizar datos del servicio.

Además, integrar este mandato en la ley no sería una carga adicional, sino una herramienta de evaluación de la calidad del servicio, control del uso de recursos públicos y fortalecimiento de la confianza ciudadana en el transporte metropolitano.

Experiencias en ciudades de la región han demostrado que abrir datos del transporte público mejora la transparencia y transforma la planificación, fiscalización y prestación del servicio. Ejemplos como Santiago y Bogotá muestran cómo la información abierta genera políticas más efectivas y mejores resultados para los usuarios.

En Santiago, la transparencia se integra en la gestión diaria del sistema Red Movilidad, publicando datos sobre recorridos, horarios y calidad del servicio. Gracias a esta política, se logró un récord de validaciones y un aumento del 33 % en viajes en buses entre 2022 y 2024.

En Bogotá, TransMilenio publica información continua sobre rutas, frecuencias, tiempos de viaje y desempeño. Esto le permite movilizar cerca de cuatro millones de viajes diarios con una flota de más de 10,500 buses.

Estas experiencias demuestran que la transparencia no solo es acceso a la información, sino una herramienta de gestión que mejora el servicio. En Santiago, permitió ajustar frecuencias y recorridos, y en Bogotá, optimizar el uso de recursos y aumentar la puntualidad.

El acceso a los datos debe ser una decisión de política pública moderna. En Paraguay, con la Ley N.º 5.282/2014 sobre transparencia, la información del transporte debería estar disponible automáticamente, sin necesidad de solicitudes. Publicar datos sobre frecuencias, flota, subsidios y desempeño es crucial para una buena gestión y rendición de cuentas.

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La diferencia está en utilizar la información, moviéndose de una transparencia pasiva a una activa, donde los datos sirvan para planificar rutas basadas en evidencia, fiscalizar contratos y mejorar el servicio.

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El 2 de noviembre de 2025, a la 1:00, el abogado Enrique Kronawetter expresó que la acusación penal contra directivos del Banco Atlas parece ser un tipo de manipulación judicial sofisticada, orquestada por el fiscal general Emiliano Rolón para congraciarse con ciertas autoridades y perjudicar al grupo empresarial del que forma parte ABC. Kronawetter argumentó que la acusación de lavado de dinero es una respuesta a las publicaciones realizadas por ABC.

El abogado criticó la actuación del Ministerio Público, señalando que las imputaciones de los fiscales Verónica Váldez, Jorge Arce y Francisco Cabrera están políticamente motivadas por investigaciones de ABC. Relacionó estas imputaciones con otros casos que involucran a figuras cercanas al poder y al mundo del fútbol, mencionando a Alejandro Domínguez y su padre, entre otros.

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Kronawetter destacó eventos recientes, como los sobres hallados en la residencia presidencial y una denuncia contra el hijo del fiscal general, como parte de un contexto de persecución.

Al referirse a los autores detrás de la imputación, sugirió que hubo una directriz inesperada de la fiscalía para acusar a aquellos asociados al banco y al diario ABC. Identificó una manipulación penal destinada a silenciar voces críticas.

El abogado cuestionó la seriedad del proceso penal y subrayó que la acusación de lavado de dinero, presentada seis años después de los supuestos hechos, carece de fundamento legal. Criticó al fiscal general Rolón Fernández, quien prometió reformar el Ministerio Público, pero cuyos actos sugieren lo contrario. Kronawetter finalizó afirmando que el ministerio se ha convertido en un instrumento para reprimir a quienes investigan el poder y desafían al sistema.

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En julio de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó la estabilidad macroeconómica de Paraguay, indicando que el riesgo soberano era bajo. El informe señalaba que la Deuda Pública del país era sostenible a mediano plazo, gracias a una gestión prudente y a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que limita el déficit anual al 1,5% del PIB.

Sin embargo, el documento también alertaba sobre desafíos estructurales, como la alta deuda en moneda extranjera que expone al país a la volatilidad cambiaria y la necesidad de mejorar la inversión pública. El FMI elogió las reformas en gestión de deuda y transparencia fiscal.

El FMI considera a Paraguay un emisor confiable en América Latina, con sólidos fundamentos que apoyan su reputación de buen pagador, aunque enfrenta riesgos externos. Internamente, el Estado tiene reclamos de proveedores por pagos pendientes de cerca de US$ 1.000 millones (1,9% del PIB), que podrían superar US$ 1.300 millones (2,8% del PIB) considerando las obligaciones del Instituto de Previsión Social (IPS). La deuda de la Administración Central incluye unos US$ 600 millones con farmacéuticas, sin contar los intereses, y unos US$ 320 millones con constructoras.

El gobierno debe cumplir con el acuerdo del FMI para reducir el déficit fiscal al 1,5% del PIB para 2026, lo que le permitiría seguir financiando su presupuesto. En 2023, el déficit fue mayor al previsto debido a deudas no reconocidas por la administración anterior, cerrando en 4,1%. Para 2024 se ubicó en 2,6% y el compromiso para el año actual es del 1,9%, con miras a alcanzar el límite de la LRF en 2026.

Los ajustes fiscales han limitado el gasto público. Según el Banco Central del Paraguay (BCP), el Consumo de Gobierno cayó un 5,9% en el segundo trimestre de 2025, afectado por la compra de bienes y servicios. La construcción también desaceleró de 12,9% a 4,5% entre trimestres.

La deuda con farmacéuticas y constructoras representa una presión que supera el déficit estipulado para 2025. Este incumplimiento afecta financieramente y laboralmente, y pone de manifiesto la necesidad de que el Estado cumpla con sus obligaciones locales, además de las internacionales.

Queda ahora ver cómo resolver estos problemas.

*Material elaborado por MF Economía e Inversiones.

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