Desmantelan red de corrupción en Agencia de Discapacidad

Justicia argentina procesa a 19 personas por esquema de corrupción en Agencia Nacional de Discapacidad durante gobierno de Milei

Buenos Aires, 29 de abril de 2024.- La justicia argentina imputó y procesó a 19 personas vinculadas a una red de corrupción que operó dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, durante la gestión del presidente Javier Milei. Entre los procesados figura Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y hasta el momento del escándalo, abogado y amigo personal del mandatario.

La investigación judicial determinó que esta organización criminal, compuesta tanto por funcionarios públicos como por empresarios del sector farmacéutico, se dedicaba a desviar fondos destinados a garantizar el cuidado y bienestar de personas con discapacidad. La maniobra principal consistía en la asignación irregular de contratos públicos para la adquisición de medicamentos e insumos, con pagos de sobreprecios y cobro de sobornos que generaban grandes sumas de dinero ilícito.

El juez Sebastián Casanello, a cargo del caso, señaló que la Agencia fue “cooptada y empleada como vía de enriquecimiento”, perjudicando la función pública que le corresponde para la atención de personas con discapacidad. En su resolución, el magistrado detalló que se realizaron contrataciones direccionadas con sobreprecios, acompañadas de pagos ilegales a funcionarios, afectando considerablemente el erario público.

Los delitos atribuidos a los acusados, entre ellos seis exfuncionarios de Andis y trece empresarios y directores de laboratorios, incluyen asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles. Entre las empresas involucradas se encuentran varias droguerías como Génesis, New Farma y Floresta.

De acuerdo con la acusación, Spagnuolo habría coordinado la red criminal junto a Daniel Garbellini, quien fungía como su segundo en la Agencia, y dos intermediarios vinculados a los proveedores. Durante el proceso, se reveló que el exdirector incrementó su patrimonio de manera considerable en comparación con sus ingresos legales, recibiendo pagos en efectivo y otros beneficios.

A pesar de la gravedad de los cargos, los principales imputados permanecen en libertad, aunque sus bienes fueron embargados por valores millonarios; en el caso de Spagnuolo, el embargo supera los 202 mil millones de pesos argentinos, equivalentes a aproximadamente 135 millones de dólares. Algunas figuras empresariales señaladas no fueron incluidas en la etapa actual del proceso debido a objeciones legales, aunque los magistrados rechazaron la nulidad del caso presentada por sus defensores.

El expediente tampoco avanzó judicialmente sobre las acusaciones indirectas hacia Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, quien fue mencionada en audios filtrados como receptora de parte de los sobornos. No obstante, el juez Casanello dejó abierta la posibilidad de profundizar la investigación para determinar si existen otros niveles de complicidad dentro del Gobierno.

Este caso representa uno de los mayores escándalos de corrupción que afecta al actual Ejecutivo ultraderechista y arroja serias dudas sobre el manejo de recursos públicos destinados a sectores vulnerables de la sociedad. La justicia continúa con las diligencias para esclarecer en profundidad las responsabilidades y recomponer la transparencia en la administración estatal.