08 de febrero de 2026 – 04:00
En el debate sobre los riesgos o beneficios de la aplicación de los decretos 5306 y 5307, técnicos que no integran la mesa técnica conformada por representantes del gobierno y de los sindicatos de la empresa eléctrica, advirtieron que las fórmulas que acuerden debe responde a un conjunto de preguntas básicas.
En el marco de la discusión sobre los decretos 5306 y 5307, que regulan tarifas eléctricas, se ha decidido poner en pausa el proceso para alcanzar una “implementación ordenada, gradual y consensuada” de estas normativas, según informó la agencia oficial IP. Este hold se produjo el lunes, con la intención de facilitar un espacio de diálogo entre las partes involucradas.
Durante esta reunión, se acordó la creación de una mesa técnica que involucra al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Mitic, ANDE, así como a sindicatos como Sitrande, Sipra y Aproande. El objetivo de este grupo será definir el camino a seguir respecto a los decretos, lo que significa una oportunidad para evitar que el proceso se convierta en un mero formalismo.
Expertos del sector, quienes prefieren permanecer en el anonimato, han expresado que la discusión podría simplificarse notablemente si ambas partes se enfocan en responder algunas interrogantes cruciales. Entre las preguntas expuestas están: el costo real de generación de ANDE, la cantidad de energía disponible del país, y cómo se podrá optimizar la valoración de la energía generada.
El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, fue el primero en ofrecer una defensa pública de los decretos, afirmando que son la alternativa más viable para dejar de ceder el excedente energético al Brasil. Sin embargo, sus afirmaciones sobre el costo de generación fueron objeto de interrogantes por la comunidad técnica, que exige más transparencia sobre las cifras de ANDE.
El presidente de ANDE, Ing. Félix Sosa, también subrayó la necesidad de aprovechar mejor los recursos energéticos internos del país, en lugar de enfocarse únicamente en acuerdos con países binacionales. Por su parte, los sindicatos involucrados han expresado preocupaciones sobre los posibles efectos adversos de los decretos, incluyendo el riesgo de afectar la sostenibilidad del sistema eléctrico y de causar desequilibrios económicos a largo plazo.