La prolongación de la vida laboral en España: un debate clave ante el envejecimiento y los retos del sistema de pensiones
El reciente caso de Paulino Jesús Martín Alonso, que alcanzó el cargo de juez cerca de los 65 años, ha reavivado un debate que ya es central en España: la prolongación de la vida laboral y la valoración de la experiencia profesional en trabajadores de mayor edad. Este tema cobra especial relevancia en un contexto de declive demográfico sostenido, con una caída de la natalidad cercana al 25% en la última década, y la llegada masiva a la jubilación de generaciones del baby boom.
Esta combinación demográfica genera una presión creciente sobre el sistema público de pensiones, que se enfrenta a un escenario de tensiones financieras cada vez más intensas, previstas para intensificarse hasta 2045. Paralelamente, la economía española requiere una inyección de fuerza laboral ante el adelgazamiento natural de la población activa, que solo puede contrarrestarse parcialmente con la incorporación de inmigrantes.
Frente a esta realidad, el Gobierno ha optado en las recientes reformas por incentivar la prolongación de la vida laboral en lugar de endurecer las condiciones para el acceso a la jubilación. Se han mantenido derechos como la revalorización de las pensiones anclada al IPC y mejorado los beneficios para las pensiones más bajas, con la contrapartida de aumentar las cotizaciones y promover figuras como la jubilación activa y la jubilación demorada.
Las modificaciones introducidas han ampliado el acceso a la jubilación activa, permitiendo a quienes no cuentan con una carrera completa de cotización, especialmente mujeres con historiales más cortos, seguir trabajando y cobrar simultáneamente una parte de la pensión. Además, se incrementaron los incentivos económicos para quienes retrasan su jubilación y se está trabajando en una reforma de la jubilación flexible que facilite la compatibilidad entre trabajo y pensión tras la jubilación.
Aunque quienes prolongan su vida laboral aún son minoría, su número crece de forma significativa: la jubilación demorada se ha más que duplicado en nuevos beneficiarios desde 2019, y la jubilación activa experimenta un notable aumento tras la entrada en vigor de las nuevas reglas. Más allá de motivos económicos, las razones para seguir trabajando incluyen el querer mantener activo el intelecto, la responsabilidad con el relevo empresarial o la necesidad de socialización y realización personal.
Diversos testimonios ilustran esta realidad. Carmen Riveiro, una artesana gallega de 77 años, combina su pensión con su trabajo en un taller ubicado en un castillo histórico. Ella destaca que su continuidad laboral responde tanto a necesidades económicas como a su deseo de mantenerse mentalmente activa. Por su parte, Víctor García Nebreda, empresario de 69 años, reivindica el acceso a las nuevas condiciones de jubilación activa para quienes iniciaron esta modalidad antes del último cambio normativo.
En sectores especializados, como el de la navegación aérea, la prolongación laboral también encuentra espacio. Un controlador aéreo jubilado a los 65 que ha pasado a la docencia ha formado a más de 400 alumnos en diez años, subrayando los beneficios para su bienestar físico y mental. Asimismo, iniciativas como el proyecto Savia buscan fomentar empleos adaptados a trabajadores senior, promoviendo una transición laboral gradual y ajustada a sus capacidades.
Los propios empresarios mayores de 60 años, como Eduardo Ferrer, CEO de una startup tecnológica, defienden la prolongación de la actividad profesional como una cuestión de actitud y desarrollo intelectual, aunque reconocen la importancia de adecuar las condiciones según el tipo de empleo. En el ámbito público, empleados como Luisa María Botella, investigadora del CSIC, persisten en su actividad impulsados por la vocación y la responsabilidad hacia sus equipos, al tiempo que promueven proyectos para mantener la investigación viva.
Finalmente, las administraciones públicas permiten el retraso en la jubilación hasta los 70 años, e incluso a 72 o 75 años en ciertos cuerpos, con iniciativas legislativas en trámite para extender esta posibilidad a más colectivos. Este conjunto de cambios refleja un cambio cultural y estructural en el mercado laboral español, orientado a optimizar la experiencia y conocimiento de quienes pueden y desean continuar aportando a la sociedad y la economía.