La situación en torno a los servicios de lavandería con provisión de sábanas para el Estado ha generado una controversia significativa, luego de que se revelara una notable discrepancia en los precios adjudicados por el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP). En un lapso de diez meses, se ha observado un incremento de hasta el 90% en los contratos otorgados por el IPS, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la correcta utilización de fondos públicos.
Documentos comparativos indican que ambas instituciones adquieren productos de los mismos proveedores, lo que hace aún más alarmante la disparidad en los costos. Este aumento desmedido se pone de manifiesto en un contrato firmado por el MSP en febrero de 2025, por un monto de G. 98.300 millones (aproximadamente US$ 14,5 millones) para el servicio de lavandería en los hospitales de Coronel Oviedo y del Sur, adjudicado a consorcios donde figura Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Colorado Luis Alberto Pettengill.
Por otro lado, el IPS adjudicó un contrato similar, solo diez meses después, que ascendía a G. 160.000 millones (cerca de US$ 23 millones), con los mismos consorcios, pero con tarifas significativamente más altas. En el Lote 1, por ejemplo, el IPS pagará G. 116.900 y G. 103.750 por las sábanas de tipo 2 y tipo 3, un incremento alarmante en comparación con los valores establecidos por el MSP.
Las especificaciones técnicas de los productos adjudicados por el IPS son prácticamente idénticas a las contratadas por el MSP. Sin embargo, el organismo previsional es bien consciente de los precios más bajos previamente establecidos por el MSP, lo que despierta sospechas sobre la metodología de asignación de precios en su licitación. El flujo inusual de antecedentes sugiere que el IPS pudo haber inflado artificialmente su precio referencial, lo que resulta en costos innecesariamente elevados.
El escándalo ha llevado a acusaciones directas contra Jorge Brítez, titular del IPS, quien fue tildado de “recaudador” al servicio del presidente Santiago Peña por el diputado Adrián “Billy” Vaesken. Las autoridades del Congreso ya han comenzado a convocar al presidente del IPS para que explique las circunstancias en torno a estas controversiales adjudicaciones y el uso de los recursos del instituto que se suponía debían beneficiar a los jubilados.