Aumenta la detención de jóvenes migrantes en Canarias bajo acusaciones de tráfico de personas
Las cárceles de Canarias enfrentan un incremento significativo en la entrada de jóvenes migrantes que, tras llegar en cayucos desde países como Malí, Mauritania y Senegal, son detenidos y acusados de tráfico de personas. En muchos casos, estos jóvenes son señalados como “patrones” por manejar el timón, distribuir alimentos o mantener el orden durante la travesía, aunque muchos carecen de vínculos con mafias y más bien buscan un pasaje gratuito hacia Europa.
El perfil de los supuestos patrones ha cambiado en los últimos años. De ser mayoritariamente mafiosos organizados, ahora se trata en numerosas ocasiones de pescadores desempleados o muchachos engañados, que actúan en cooperativas para alcanzar la costa. La fiscal de Extranjería en Canarias, Teseida García García, confirma este fenómeno y señala que aunque estos jóvenes son vulnerables, deben asumir responsabilidades legales bajo la normativa vigente.
Según la legislación española, la figura del patrón se sanciona con penas de cárcel de entre cuatro y ocho años, las cuales pueden aumentar si hay muertes en la travesía o si existe pertenencia a una organización criminal. A pesar del cambio en el perfil de los supuestos implicados, los tribunales suelen centrarse en probar hechos como el manejo de la embarcación o la distribución de alimentos para condenar, sin tener en cuenta siempre las circunstancias personales o sociales de los detenidos.
Víctimas de este sistema, como Mamadou —un joven originario de Malí—, relatan haber sido apresados pocas horas después de llegar a las costas canarias, y pasar años en prisión sin que se comprueben vínculos con mafias. Abogados especializados, como Daniel Arencibia, critican la falta de investigaciones sobre el enriquecimiento ilícito de estos acusados y destacan que las pruebas contra ellos suelen basarse en testimonios débiles de pasajeros atemorizados. Asimismo, denuncian la ausencia de instrumentos técnicos, como drones o análisis forenses de timones, para establecer responsabilidades reales.
Un reciente fallo judicial en la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a dos migrantes por falta de pruebas suficientes, lo que genera expectativas entre los defensores de derechos humanos. Sin embargo, la legislación española y europea carecen aún de ciertas salvaguardas recomendadas por protocolos internacionales, como la evaluación del beneficio económico, que podrían eximir a quienes participan sin lucro en estas travesías.
En este contexto, activistas y organizaciones solidarias en Canarias desempeñan un papel crucial al apoyar a estos jóvenes durante su encierro y tras su liberación. Denuncian las condiciones de detención, la ausencia de traducción adecuada, la falta de recursos básicos y la desconexión familiar que sufren. José Antonio Benítez, capellán de prisiones, señala que muchos de estos jóvenes terminan criminalizados injustamente y recalca que son utilizados por verdaderos delincuentes que evitan así las acciones policiales.
Mientras tanto, la política migratoria sigue privilegiando un enfoque policial que, según sus críticos, genera efectos disuasorios pero también la criminalización de jóvenes en busca de una vida digna. La modificación pendiente de la directiva europea sobre facilitación de la migración, que podría introducir excepciones para actores humanitarios o familiares, sigue bloqueada por sectores conservadores, lo que mantiene la situación sin respuestas estructurales a largo plazo.
La realidad de los migrantes en Canarias evidencia la complejidad del fenómeno migratorio en la frontera atlántica, donde la línea entre víctima y culpable se vuelve difusa, y donde incluso la fiscalía reconoce que las prisiones albergan a muchos “pobres desgraciados” atrapados en una maraña legal que no siempre toma en cuenta la dimensión humana de su desesperación.