Estados Unidos y México han llegado a un nuevo acuerdo sobre el manejo de aguas compartidas del Río Bravo, en medio de crecientes presiones diplomáticas y preocupaciones sobre el impacto en la agricultura mexicana. El pacto, alcanzado el pasado martes, obliga a México a entregar anualmente un mínimo de 431 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, cifra que representa aproximadamente una quinta parte del total acordado.
Este compromiso ha generado alarma en el sector agrícola mexicano, especialmente en Tamaulipas, donde se estima que más de 100.000 hectáreas podrían quedar sin sembrar debido a la reducción en el abastecimiento hídrico. Jorge Luis López, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas, señaló que la entrega anticipada de 249 millones de metros cúbicos de agua, programada para antes de finales de enero, ha afectado significativamente la capacidad de riego en la región, obligando a muchos agricultores a dejar sus tierras sin cultivar.
El acuerdo va en contra de lo estipulado en el Tratado de Aguas de 1944 entre ambos países, que establece períodos de cinco años para ajustar las entregas en función de las condiciones meteorológicas y la disponibilidad hídrica. La imposición de cuotas fijas anuales sin considerar la variabilidad climática pone en riesgo no solo la producción agrícola mexicana sino también la sustentabilidad de recursos como las presas internacionales La Amistad y Falcón, así como otras represas nacionales que abastecen zonas urbanas importantes.
Ante esta situación, el Gobierno mexicano ha propuesto medidas paliativas, entre ellas un subsidio de 1.000 pesos por hectárea a los agricultores afectados y un plan de tecnificación del campo destinado a mejorar la eficiencia en el uso del agua. Sin embargo, estas acciones han sido calificadas como insuficientes por representantes agrarios, quienes demandan una mayor inversión y una revisión integral de los cultivos y sistemas de riego para adaptarse a la creciente aridez de la región.
Por su parte, expertos coinciden en que es necesario un cumplimiento estricto del tratado vigente, que considera las fluctuaciones naturales del clima y permite compensaciones entre años de abundancia y sequía. Además, plantean la importancia de modernizar la infraestructura hídrica para reducir pérdidas de agua por canales inadecuados y ajustar la producción agrícola a cultivos menos demandantes, como el sorgo.
En el contexto político, la presión de Estados Unidos, encabezada por el gobierno de Donald Trump, busca asegurar el abastecimiento de agua para la agricultura texana, una base electoral significativa para su partido. La reciente aprobación de una Ley de asignaciones condiciona la ayuda económica mexicana (excepto la destinada al combate al fentanilo) al cumplimiento del Tratado de Aguas, y se han amenazado con la imposición de aranceles a quienes no se ajusten a estos requerimientos.
La tensión bilateral refleja un desafío complejo donde convergen intereses políticos, económicos y ambientales. México enfrenta la difícil tarea de equilibrar el respeto a acuerdos internacionales y la protección de sus recursos naturales y productores locales, mientras Estados Unidos busca resultados inmediatos que fortalezcan su posición electoral de cara a las próximas elecciones de noviembre. La controversia por el agua del Río Bravo augura un prolongado proceso de negociación y ajustes futuros.