La Fiscalía interina solicita el cierre de un caso por mala praxis, generando el rechazo de la familia del paciente fallecido
En un giro inesperado en la investigación sobre la muerte de Enrique Vicente Planas Mujica, el fiscal interino Aldo Cantero ha solicitado la desestimación del caso, argumentando la falta de méritos suficientes para continuar. Esta decisión se produce a pesar de que un informe técnico corroboró irregularidades durante una intervención quirúrgica que culminó en la muerte de Planas Mujica.
El paciente fue sometido en 2023 a una cirugía por una hernia hiatal, lo que derivó en múltiples perforaciones intestinales y, posteriormente, en un shock séptico asociado a una sepsis generalizada, como se evidenció en la autopsia judicial realizada tras su fallecimiento. El informe determinó que el procedimiento quirúrgico estuvo marcado por lesiones vitales y contaminación abdominal, lo que contribuyó a su trágico desenlace.
Un equipo de especialistas de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público realizó una Junta Médica que sustentó este diagnóstico, refutando además defensas basadas en patologías preexistentes. Los análisis histopatológicos confirmaron que no había fundamentos para tales afirmaciones, lo que añadía peso a las acusaciones de negligencia hacia los responsables de la cirugía.
Reacción de la familia y solicitud de revisión
Ante esta solicitud de desestimación, la familia de Planas Mujica ha reaccionado con indignación. El abogado de la familia, Luis María Benítez, argumenta que el fiscal ignora el informe pericial más reciente y ha presentado una impugnación solicitando que el caso se reexaminen por la Fiscalía General del Estado.
La esposa del difunto ha enfatizado que existen elementos suficientes que permiten continuar con el proceso, sugiriendo que la decisión de desestimar es prematura y contraria a las evidencias presentadas. Esta situación ha alimentado el intenso debate sobre la responsabilidad médica en casos de mala praxis.
La resolución sobre este caso ahora está en manos del juzgado correspondiente, que deberá decidir si permite la oposición presentada por la familia y, de ser así, enviará de nuevo el expediente para su revisión por instancias superiores del Ministerio Público.