Asamblea Nacional Venezolana aprueba reforma que permite la privatización parcial del sector petrolero
Caracas, Venezuela – La Asamblea Nacional controlada por el oficialismo chavista ha ratificado una reforma integral a la ley de hidrocarburos, un cambio que abre el sector petrolero a la inversión privada, incluyendo la participación de empresas extranjeras de manera directa. La medida ha sido aprobada con rapidez, en un proceso que responde a la nueva dinámica de relación con Estados Unidos tras los recientes eventos políticos y militares en territorio venezolano.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, calificó la jornada como histórica para Venezuela, subrayando la intención de mantener la soberanía sobre los recursos hidrocarburíferos, mientras se busca incrementar la competitividad del sector mediante la inclusión de socios nacionales y extranjeros. Rodríguez destacó que la reforma mantiene la propiedad estatal sobre los yacimientos, aunque flexibiliza las formas de explotación.
El cambio legislativo responde, en parte, al interés expresado por el gobierno estadounidense en reactivar la cooperación comercial con Venezuela, especialmente en el ámbito petrolero. Con esta apertura, Washington pretende competir por la influencia en la región y desplazar a potencias como Rusia y China, que han sido históricamente aliados estratégicos de Caracas.
En paralelo a la aprobación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la licencia general 46, que autoriza a empresas estadounidenses realizar transacciones con PDVSA, la petrolera estatal venezolana, abarcando actividades desde la exportación hasta la refinación del petróleo venezolano. Esta autorización también permitió el levantamiento de restricciones en el transporte aéreo entre ambos países, reanudando vuelos directos tras más de siete años de suspensión.
La reforma también introduce cambios sustanciales en la estructura contractual del sector. A diferencia del esquema previo, basado en empresas mixtas donde el Estado mantenía la mayoría accionaria y control operativo, se habilita ahora la firma de contratos directos con compañías privadas. Estos contratos solo requieren ser notificados y no necesitan la aprobación parlamentaria, lo que agiliza la inversión. No obstante, se mantiene la titularidad estatal sobre los recursos naturales.
Además, la ley modifica las reglas para la comercialización del crudo. Anteriormente exclusiva de PDVSA, ahora la venta directa del petróleo y la gestión de fondos en cuentas internacionales podrán ser realizadas por los inversionistas privados. Se establecen parámetros impositivos, incluyendo un tope en las regalías del 30%, que podrán ser ajustadas a discreción del Ejecutivo. También se contemplan exenciones fiscales para fomentar capitales.
Un elemento clave de la legislación es la creación de mecanismos para la resolución de conflictos mediante arbitraje y mediación internacional, buscando brindar mayor seguridad jurídica a los inversores, en contraste con la dependencia exclusiva de tribunales nacionales, cuyos fallos han sido cuestionados por falta de independencia.
La oposición parlamentaria expresó críticas por la rapidez y limitación del debate público, argumentando que se requiere una consulta más amplia para un tema vital para la economía nacional. Solo se permitieron tres días de consulta durante los cuales la presidenta encargada Delcy Rodríguez sostuvo reuniones con actores del sector. La recepción desde Washington ha sido positiva, como lo indicó el senador Marco Rubio, quien reconoció que la reforma elimina muchas restricciones previas y facilita la inversión privada en el sector clave para Venezuela.