Juez boliviano y exdiputada en prisión preventiva por presunto tráfico de drogas y asociación delictuosa
La justicia boliviana ha dictado prisión preventiva para el juez Herbert Zeballos y la exdiputada Laura Rojas, ambos acusados de estar involucrados en una red dedicada al tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. La detención se produjo tras un allanamiento en la propiedad vinculada a Zeballos, donde se hallaron cerca de 80 kilos de marihuana junto con maquinaria destinada a su procesamiento.
El operativo policial se inició con la sospecha de que en el galpón de Zeballos se ocultaban armas, pero el hallazgo de droga derivó en investigaciones más profundas que apuntaron también a Rojas. La exparlamentaria y actual candidata a concejal en Santa Cruz de la Sierra fue detenida tras intentar introducir 32 maletas desde Estados Unidos, cuyo contenido permanece desconocido y sigue desaparecido. Informes no oficiales sugieren que estas maletas podrían contener grandes sumas de dinero.
Las autoridades han señalado que Rojas arribó a Bolivia el 29 de noviembre en un vuelo privado proveniente de Miami, acompañada de sus dos hijas y un ciudadano uruguayo, cuyo paradero es actualmente incierto. Se sospecha que la exdiputada utilizó un pasaporte diplomático vencido para evadir los controles de seguridad y que contrató a una empresa de seguridad para facilitar el traslado del equipaje desde el aeropuerto internacional Viru Viru hasta la propiedad del juez Zeballos.
El caso ha suscitado un amplio debate públicamente y ha motivado declaraciones incluso por parte del presidente Rodrigo Paz, quien reiteró que las investigaciones continúan en curso y que se esperan revelaciones adicionales respecto a esta estructura delictiva. Por su parte, el Consejo de la Magistratura informó que Zeballos enfrenta 17 procesos disciplinarios y judiciales, la mayoría vinculados a presuntas decisiones arbitrarias durante su función como juez.
Asimismo, las autoridades bolivianas investigan posibles complicidades dentro de la Aduana y el aeropuerto Viru Viru para que el equipaje de gran volumen pudiera entrar sin pasar los controles correspondientes. Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, resulta improbable que el paso de las maletas haya sido accidental, sugiriendo la participación de altos funcionarios aduaneros. Ya se ha iniciado un proceso contra empleados de la Aduana por incumplimiento de deberes.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, describió el caso como un probable hecho de legitimación de ganancias ilícitas y subrayó la necesidad de realizar un perfil económico de los involucrados para esclarecer la conexión entre los diferentes elementos del caso. La complejidad del mismo apunta a la existencia de una red criminal aún no declarada en su totalidad y que continúa siendo objeto de exhaustivas pesquisas.
En el plano político, el vicepresidente Edmand Lara ha criticado la gestión del Gobierno acusando falta de acción oportuna en torno a las informaciones previas sobre el caso, mientras que las autoridades han aclarado que la notificación sobre irregularidades en el ingreso de las maletas llegó de manera reciente y que la investigación sigue su curso para esclarecer todos los hechos relacionados.