Nacionales
Fiscalía suspende sin goce de sueldo al forense que denunció precariedades y falta de insumos
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, suspendió este jueves sin goce de sueldo, por un mes, al médico forense de Alto Paraná, Carlos Martín Alfaro Bertolo, que denunció precariedades y falta de insumos.
A través de la resolución 5057, el Ministerio Público suspendió este jueves de su cargo al médico forense de Alto Paraná, Carlos Martín Alfaro Bertolo, por el término de un mes, sin goce de sueldo, en el marco de un sumario administrativo por la supuesta comisión de faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones.
“En virtud de la investigación realizada y la revisión detallada del expediente, queda claro que el funcionario Carlos Martín Alfaro Bertolo incurrió en las faltas que se le acreditan. Estas irregularidades no solo constituyen una infracción grave de las normativas internas del Ministerio Público, sino que también reflejan un patrón de conducta disciplinaria deficiente, como lo evidencian las numerosas sanciones previas”, expresa la Fiscalía.
Señala que el funcionario ha manifestado residir en la ciudad de Foz de Yguazú, Brasil, ante el Tribunal de Disciplina, circunstancia que dificultaría el correcto cumplimiento de sus obligaciones legales.
Explica que, en virtud de ello, el sumariado debe fijar domicilio dentro del territorio nacional en el área compatible con el servicio.
Se establece la vigencia de la resolución a partir del 1 de enero del 2025, informaron a Última Hora desde la Fiscalía.
Se dispone que el funcionario deberá fijar domicilio en el territorio nacional en el área compatible con el servicio, dentro de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.
Fue sumariado tras revelar precariedade
El médico forense fue sumariado por el Ministerio Público luego de revelar precariedades y falta de insumos para inspeccionar cadáveres.
Al respecto, el profesional había manifestado que su sumario “es una amedrentamiento y un despropósito”.
“Yo pensé que iban a ser un poco más inteligentes. Sumariarle a alguien porque recurre a la prensa, después de haber enviado decenas de notas internas solicitando lo mismo, es un despropósito y amedrentamiento”, había cuestionado.
Alfaro aseguró que no cometió ninguna falta y que lo único que hizo fue reclamar sus condiciones laborales. Dijo que el trabajo de un médico forense es delicado y trabajar de forma precaria es totalmente injusto.
El forense tuvo que inspeccionar en una funeraria privada el cuerpo de uno de los hijos fallecidos de Carmen Ruiz Díaz, la escribana que se habría lanzado al río Monday, ante la falta de una morgue del Ministerio Público en esta zona del país.
El profesional describió una serie de precariedades que afectan en la recolección de pruebas científicas en el marco de una investigación fiscal.
Fuente: Última Hora
Nacionales
Jueza involucrada en el caso «mafia de los pagarés» acusa a fiscales que la inculparon
La jueza de Paz Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, del 2° Turno de La Catedral, procesada en el caso denominado «mafia de los pagarés», ha denunciado a los fiscales encargados de la investigación por supuestos delitos como prevaricato. Según la magistrada, estos fiscales del Ministerio Público habrían vulnerado el debido proceso, poniendo en peligro una causa significativa.
La denuncia se dirige contra los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, acusados de manipulación de datos, coacción, y de presentar a los imputados como culpables ante terceros durante la investigación.
La jueza sostiene que los fiscales hicieron públicos los procesos de allanamiento y proporcionaron información a los medios, lo que generó una «conciencia social negativa» y violó el debido proceso y la presunción de inocencia. Por ello, solicita una investigación al fiscal general Dr. Emiliano Rolón Fernández y acciones como el allanamiento de las unidades fiscales y el análisis de los celulares de los fiscales.
Acusa específicamente a la fiscal Belinda Bobadilla de ignorar hechos concretos y excluir el enriquecimiento ilícito de la investigación, limitándose al prevaricato, supuestamente sin pruebas. La jueza argumenta que la actuación de los fiscales pone en grave riesgo la investigación, ya que no han cumplido con los plazos legales ni solicitado ampliaciones necesarias para investigar adecuadamente. Además, asegura que no hay pruebas que respalden la hipótesis inicial del caso.
Nacionales
Utilizan «Gafas de poder» para justificar la impunidad de la censura cartista en Diputados
La diputada opositora Rocío Vallejo informó que hoy en la mesa directiva de la Cámara de Diputados se presentó una queja por la censura y constante intimidación por parte de los cartistas contra los opositores para evitar el debate. La respuesta que recibieron fue que estas prácticas continuarán. Para soportar esta situación de manera irónica, Vallejo posó con unas “gafas de poder”, al estilo “Yamy Nal”.
Hoy, los opositores en la Mesa Directiva señalaron que, nuevamente, la mayoría cartista en la Cámara de Diputados, al escuchar sobre el caso de los «Sobres del Poder» que involucra al presidente de la República, Santiago Peña, impidieron el debate en la sesión. Primero recurrieron a gritos e insultos y luego cerraron el debate arbitrariamente.
Esta actitud antidemocrática se ha vuelto común en la Cámara Baja. Según Vallejo, el diputado cartista Yamil Esgaib, uno de los más reincidentes, aseguró que seguirá interrumpiendo cada vez que se critique al gobierno de Peña.
“Hemos expresado nuestro desacuerdo con la censura en el debate”, indicó Vallejo, quien también manifestó su preocupación al presidente de Diputados, Raúl Latorre, y al senador cartista Basilio “Bachi” Núñez sobre las amenazas constantes a la oposición.
Vallejo enfatizó que, aunque los cartistas son oficialismo y deberían aceptar las críticas, no es justo silenciar a la oposición. A pesar de que son minoría, deben ser escuchados.
Durante la reunión, se discutieron las ofensas entre ambas partes. Esgaib afirmó que continuará con su comportamiento ofensivo, lo que Vallejo lamentó por considerar que impide cualquier conversación constructiva.
Este tipo de reclamos se ha repetido cada semana, con las ofensas y hostigamientos exacerbados por la impunidad que ofrece el presidente Latorre a sus correligionarios cartistas.
Vallejo subrayó que, a pesar de los desacuerdos, sólo piden poder hablar sin ser interrumpidos o censurados, aunque sus peticiones han quedado sin respuesta.
En redes sociales, Vallejo publicó una foto con sus “gafas de poder”, en referencia a la frase de la senadora cartista expulsada Norma Aquino, alias “Yamy nal”. Ante esto, al presidente de Diputados se le preguntó si se tomarán medidas para evitar las patoteadas, respondiendo que están trabajando en ello, aunque la solución está en aplicar el reglamento y sancionar a los reincidentes.
Nacionales
Senado aprueba cambio presupuestario de G. 13 mil millones para Defensa Pública
La Cámara de Senadores aprobó ayer un proyecto de ley para transferir créditos valorados en G. 13 mil millones, lo cual permitirá ajustar el presupuesto destinado a gratificaciones por servicios especiales, jornales, honorarios y otros gastos del personal del Ministerio de la Defensa Pública.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo, busca ajustar el presupuesto del ministerio para cubrir gastos en diferentes áreas como servicios básicos, impresión, comunicación, materiales de oficina, equipos de transporte, muebles, equipos de computación y otras transferencias, utilizando créditos de 265 puestos vacantes.
Silvio «Beto» Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, comentó que el ministro de Defensa Pública, Javier Esquivel, destacó la importancia de este ajuste para fortalecer las operaciones institucionales sin incrementar el presupuesto.
Esta decisión se toma mientras se estudia el Presupuesto General de la Nación 2026. La iniciativa se basa en la Ley de Administración Financiera del Estado, la cual indica que sólo mediante ley se pueden crear nuevos cargos o modificar sueldos en el presupuesto nacional. Además, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar ajustes necesarios en los códigos, conceptos y programación presupuestaria para garantizar su correcta ejecución.
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