El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, fue el principal defensor del proyecto de ley que regula el transporte terrestre y modifica la Ley N° 1590/2000 sobre el servicio de transporte público metropolitano. Este proyecto recibió críticas de pasajeros, empresarios, conductores y otros involucrados.
A pesar de que el tema podría haber generado un debate amplio, la discusión duró menos de hora y media porque la mayoría de los miembros de las comisiones pertinentes debían asistir a la Comisión Bicameral de Presupuesto.
Desde el inicio, Mauricio Maluff de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) cuestionó que, aunque es una ley marco, no define claramente un plan operativo para su implementación tras la promulgación.
El presidente del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana, César Ruiz Díaz, opinó que la reforma sería un fracaso porque repite viejos errores y culpó al gobierno del sistema actual. Criticó que, aunque se habla de adquirir nuevos buses, la tarifa actual solo permite comprar usados, lo que implicaría subir los precios.
Lorena Segovia, asesora legal de Cetrapam, se opuso a que se les quite la opción de huelga. Cetrapam también solicitó que el Consejo Asesor de Transporte tenga poder vinculante, que se definan los componentes de las tarifas y que se den ventajas competitivas superiores al 5% a empresas ya establecidas. Además, pidieron un plazo mínimo en las concesiones, actualmente hasta 15 años.
Segovia propuso incluir un fondo específico en un fideicomiso para garantizar pagos a los trabajadores ante posibles cierres empresariales.
Ramón Ávalos, secretario de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), criticó las promesas del gobierno calificándolas de «canto de sirenas», señalando que solo benefician la compra de buses y se olvidan de pasajeros y trabajadores.
Emiliano Fernández respondió a Maluff diciendo que el artículo 111 ya menciona un «Plan de implementación de la ley» y prometió presentar un plan formal más adelante. Sobre la financiación, dijo que se establecerá un «fondo fiduciario».
No se especificaron tarifas, pero Fernández mencionó que se priorizará una «tarifa técnica» para atraer a inversores, lo que preocupa porque no se centra en el usuario.
Fernández rechazó que el Consejo Asesor de Transporte tenga poder vinculante, argumentando la importancia de mantener su independencia para evitar conflictos de interés en licitaciones. También defendió que, pese a no prohibir huelgas, el transporte debe considerarse un servicio esencial, garantizando un servicio mínimo. Por último, el diputado Raúl Benítez propuso que la Dirección Nacional de Transporte sea absorbida por el Viceministerio para evitar divisiones.