La Nota Reversal del 31 de marzo de 2005, que buscaba hacer permanentes las iniciativas de responsabilidad social y ambiental de Itaipú Binacional en la generación de energía, no tiene validez ya que nunca recibió aprobación ni ratificación del Congreso. Esto fue publicado en un editorial de nuestro diario el 6 de septiembre de 2016, y recientemente un estudio solicitado por una congresista brasileña confirmó lo mismo.
El 15 de septiembre, Folha de S.Paulo publicó en X que la Consultoría Legislativa de la Cámara de Diputados de Brasil concluyó que el gasto socioambiental de Itaipú carece de respaldo legal. Este gasto, que alcanzó un adicional de 1.200 millones de dólares anuales en las facturas de electricidad de Brasil, se carga a los consumidores del Sur, Sudeste y Centro-Oeste.
Desde 2016, ABC señalaba que los gastos sociales y ambientales de Itaipú desde 1999 eran irregulares y no podían ser validados por dicho documento, que inconstitucionalmente ampliaba el art. 3° del Tratado de Itaipú, el cual establece que la entidad debe dedicarse solo al aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná.
Se estima que estos gastos, entre 80 a 100 millones de dólares anuales, eran una «coima disfrazada» para influir en autoridades o consejeros a favor de Brasil. Además, se criticó que la distribución de recursos pudiera ser manejada según los intereses de ciertos consejeros.
Según el art. 137 de la Constitución, se requiere la aprobación del Congreso para tratados y acuerdos internacionales, lo cual incluiría las Notas Reversales, como lo evidencian comunicaciones entre el embajador brasileño en Asunción, Valter Pecly Moreira, y la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Leila Rachid.