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El analista Amílcar Ferreira describió como «surrealista» y «extremadamente irregular» la continua extensión, por parte de Petropar, de un contrato con la empresa catarí Doha Holding, a pesar de que esta no ha entregado ni un solo litro de gasoil en más de un año. Ferreira subrayó que es imposible conseguir precios por debajo del mercado internacional para un producto considerado como commodity y que en un proceso serio no se deberían aplazar las entregas esperando una bajada del precio internacional para cumplir el contrato.

Ferreira criticó fuertemente las reiteradas extensiones otorgadas por Petropar, bajo la dirección de Eddie Jara, a Doha Holding Group LLC, que ya lleva más de un año sin cumplir con la entrega de 100.000 toneladas métricas de gasoil valoradas en más de 61 millones de dólares. La empresa, relacionada con Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, recientemente recibió su novena prórroga, extendiéndola hasta el 28 de febrero de 2026. Ferreira consideró llamativo y sospechoso que Petropar siga confiando en que la firma catarí podrá suministrar gasoil por debajo del precio internacional, destacando que el petróleo y sus derivados tienen precios fijos globalmente.

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Ferreira dijo que creer que Catar venderá combustible más barato que el precio internacional es ilusorio. Comparó esta situación con la imposibilidad de que un catarí compre soja en Paraguay por debajo del precio de Chicago. Afirmó que esta idea es irreal, ya que nadie vende por debajo del mercado.

Criticó que permitir que una empresa adjudicada en una licitación aplace entregas mediante prórrogas, esperando una eventual baja de precios, no tiene base técnica. Ferreira cuestionó la falta de justificación para que la estatal prolongue el contrato y advirtió que la situación podría extenderse hasta el fin del actual gobierno si no bajan los precios de los combustibles.

Ferreira comparó la ingenuidad de Petropar con un episodio pasado en el Banco Central del Paraguay, donde se prometieron inversiones de alto rendimiento que resultaron ser un fraude. Indicó que esperar comprar un commodity por debajo del precio internacional es no entender cómo funcionan los mercados globales. Añadió que el precio spot y futuro del combustible es accesible en internet y es el mismo para todos, variando solo por el costo del flete.

Finalmente, Ferreira afirmó que la única manera de comprar combustible más barato sería mediante contrabando o productos bajo sanción, como ocurre con Rusia en el mercado negro, lo cual podría involucrar al país en sanciones internacionales. No sugirió que Petropar esté haciendo eso, pero destacó que prolongar el contrato es un error y sugirió que podrían estar evitando ejecutar una garantía de 3 millones de dólares vinculada al contrato.

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El 9 de noviembre de 2025, desde la oposición se percibe que, más allá de elegir a un intendente, estas elecciones son consideradas un «plebiscito» antes de los comicios municipales de 2026 y una importante «prueba» para lograr consensos y alianzas.

Para Miguel Prieto (Yo Creo), exintendente destituido por la Cámara de Diputados bajo el cartismo, los resultados son un anticipo de su posible candidatura presidencial en 2028. Los colorados evaluarán su poder electoral apoyados por incentivos de Itaipú y organismos estatales, además de acciones de la Justicia y la Fiscalía contra críticos del poder.

El desenlace podría ser un mensaje de apoyo o advertencia para la gestión del presidente Santiago Peña.

Candidatos a intendente de Ciudad del Este:

Desde la ANR, cartistas y disidentes se unieron para retomar el control de la comuna, anteriormente administrada por el Clan Zacarías con múltiples denuncias de corrupción. El candidato es Roberto González Vaesken (ANR Lista 1).

Dani Mujica (Lista 123), apoyado por Miguel Prieto y otros partidos opositores, promete continuar la labor del exintendente. Otros candidatos incluyen: Dani Romero del Partido Ecologista (Lista 43) y el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda del Partido Patria Soñada (Lista 300).

Más de 237,000 personas están habilitadas para votar en Ciudad del Este, de 07:00 a 17:00. Las elecciones, organizadas por la Justicia Electoral, utilizarán papeletas tradicionales y se anunciarán los resultados preliminares por el sistema TREP en la web del TSJE. Yo Creo y sus aliados opositores están haciendo un esfuerzo para prevenir el fraude y proteger los votos.

El elegido asumirá el 18 de noviembre y se espera que entregue el cargo el 3 de noviembre de 2026, salvo que busque reelección para el periodo 2026-2031.

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La Policía está en «alerta máxima» con 1,000 efectivos y 12 fiscales. La Justicia Electoral prohíbe el porte de armas cerca de los locales de votación; celebrar eventos públicos antes de las 19:00; vender bebidas alcohólicas hasta las 19:00; poner mesas de consultas partidarias cerca de los locales; ingresar con celulares y la aglomeración cerca de los locales.

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Más de dos años después del inicio del gobierno de Santiago Peña, la situación de las empresas públicas empeora, acumulando pérdidas significativas, como ocurre con Copaco, Petropar, INC y Fepasa, según las auditorías más recientes del año 2024.

El exministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló que las críticas y el descontento de la ciudadanía están justificados debido a los deficientes servicios de las empresas estatales y la falta de transparencia y evaluación de resultados, así como la carencia de planificación futura.

Borda sugirió que es el momento para que las empresas públicas firmen contratos de gestión con el Consejo Nacional de Empresas Públicas y divulguen sus resultados. Se destacó que las auditorías externas de 2024 muestran pérdidas millonarias, y se cuestionó quién decidió llevar a cabo estas auditorías.

Durante el gobierno de Fernando Lugo se creó el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), que fue aprobado en el Congreso y se implementó con la Ley 5058 en 2013. Borda cuestionó si este consejo sigue activo y confirmó que debe ejercer funciones de asesoramiento y apoyo en la gestión de las entidades públicas.

El consejo incluye al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. Sin embargo, Borda indicó que se han ignorado estos temas durante varios gobiernos, ya que no se reúnen ni ejercen sus funciones conforme a la ley.

El caso de Petropar es significativo debido a un proceso de compra urgente prorrogado nueve veces, sin explicaciones públicas. La empresa, sin ser privada, extendió un contrato con una firma catarí por 61 millones de dólares hasta febrero de 2026.

Preocupa además que la tendencia a la baja de los precios de los combustibles y la depreciación del dólar no se reflejen en una baja de precios internos. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aún no ha dado conclusiones, y el Congreso no ha llamado al presidente de Petropar, Eddie Jara, pese a un aumento significativo en su patrimonio.

Otras empresas como Essap, Copaco, INC, Fepasa y Capasa carecen de planes y no rinden cuentas. Borda cuestionó dónde está el CNEP y sus recomendaciones legales.

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Sobre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Borda mencionó una propuesta de ajuste tarifario para sectores electrointensivos e industriales en 2026. Itaipú no ha cumplido con transferir 300 millones de dólares anualmente, y se reporta una pérdida energética del 21,9% en 2024.

Un experto retirado de la ANDE destacó la necesidad urgente de mejorar la rentabilidad y gestión para cubrir costos e inversiones, con una rentabilidad negativa consistente en los últimos años.

Borda subrayó que la falta de planificación a mediano y largo plazo provoca reacciones en la ciudadanía y enfatizó que el CNEP debe actuar ante las crisis de las empresas estatales. Señaló que los criterios políticos siguen prevaleciendo sobre los técnicos, resultando en servicios públicos inadecuados.