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En Ciudad del Este, el aspirante del movimiento Yo Creo, Dani Mujica, comentó antes de votar que esta es una oportunidad para «restaurar el orden» tras la destitución de Miguel Prieto Vallejos, a quien consideró «el mejor intendente del país».

Mujica señaló que estas elecciones eran inesperadas debido a la remoción de un intendente con una gestión destacada. Declaró esto al llegar al Colegio Nacional Soldado Paraguayo, donde 21.730 electores están habilitados para votar en 73 mesas.

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El candidato subrayó que la comunidad es «consciente, trabajadora y sabia» y no permitirá el regreso de «la política prebendaria y corrupta». También destacó que, a pesar de los ataques, la población entiende lo que está en juego.

Mujica exhortó a los ciudadanos a participar en las urnas, recordando que el proceso será sencillo con una sola papeleta.

Sobre posibles rumores de fraude, expresó su confianza en su equipo de control electoral, asegurando que están capacitados y cuentan con experiencia en elecciones pasadas con Miguel Prieto.

En cuanto a la alianza con el PLRA, aclaró que hubo un malentendido, pero que actualmente hay un respaldo institucional sólido en defensa de los votos.

Finalmente, Mujica afirmó que esta elección del nuevo intendente definirá entre dos modelos políticos: uno, basado en la antigua política de corrupción, y otro, iniciado en 2019 con Miguel Prieto, centrado en la transparencia y el desarrollo en los barrios.

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El analista Amílcar Ferreira describió como «surrealista» y «extremadamente irregular» la continua extensión, por parte de Petropar, de un contrato con la empresa catarí Doha Holding, a pesar de que esta no ha entregado ni un solo litro de gasoil en más de un año. Ferreira subrayó que es imposible conseguir precios por debajo del mercado internacional para un producto considerado como commodity y que en un proceso serio no se deberían aplazar las entregas esperando una bajada del precio internacional para cumplir el contrato.

Ferreira criticó fuertemente las reiteradas extensiones otorgadas por Petropar, bajo la dirección de Eddie Jara, a Doha Holding Group LLC, que ya lleva más de un año sin cumplir con la entrega de 100.000 toneladas métricas de gasoil valoradas en más de 61 millones de dólares. La empresa, relacionada con Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, recientemente recibió su novena prórroga, extendiéndola hasta el 28 de febrero de 2026. Ferreira consideró llamativo y sospechoso que Petropar siga confiando en que la firma catarí podrá suministrar gasoil por debajo del precio internacional, destacando que el petróleo y sus derivados tienen precios fijos globalmente.

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Ferreira dijo que creer que Catar venderá combustible más barato que el precio internacional es ilusorio. Comparó esta situación con la imposibilidad de que un catarí compre soja en Paraguay por debajo del precio de Chicago. Afirmó que esta idea es irreal, ya que nadie vende por debajo del mercado.

Criticó que permitir que una empresa adjudicada en una licitación aplace entregas mediante prórrogas, esperando una eventual baja de precios, no tiene base técnica. Ferreira cuestionó la falta de justificación para que la estatal prolongue el contrato y advirtió que la situación podría extenderse hasta el fin del actual gobierno si no bajan los precios de los combustibles.

Ferreira comparó la ingenuidad de Petropar con un episodio pasado en el Banco Central del Paraguay, donde se prometieron inversiones de alto rendimiento que resultaron ser un fraude. Indicó que esperar comprar un commodity por debajo del precio internacional es no entender cómo funcionan los mercados globales. Añadió que el precio spot y futuro del combustible es accesible en internet y es el mismo para todos, variando solo por el costo del flete.

Finalmente, Ferreira afirmó que la única manera de comprar combustible más barato sería mediante contrabando o productos bajo sanción, como ocurre con Rusia en el mercado negro, lo cual podría involucrar al país en sanciones internacionales. No sugirió que Petropar esté haciendo eso, pero destacó que prolongar el contrato es un error y sugirió que podrían estar evitando ejecutar una garantía de 3 millones de dólares vinculada al contrato.

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El 9 de noviembre de 2025, desde la oposición se percibe que, más allá de elegir a un intendente, estas elecciones son consideradas un «plebiscito» antes de los comicios municipales de 2026 y una importante «prueba» para lograr consensos y alianzas.

Para Miguel Prieto (Yo Creo), exintendente destituido por la Cámara de Diputados bajo el cartismo, los resultados son un anticipo de su posible candidatura presidencial en 2028. Los colorados evaluarán su poder electoral apoyados por incentivos de Itaipú y organismos estatales, además de acciones de la Justicia y la Fiscalía contra críticos del poder.

El desenlace podría ser un mensaje de apoyo o advertencia para la gestión del presidente Santiago Peña.

Candidatos a intendente de Ciudad del Este:

Desde la ANR, cartistas y disidentes se unieron para retomar el control de la comuna, anteriormente administrada por el Clan Zacarías con múltiples denuncias de corrupción. El candidato es Roberto González Vaesken (ANR Lista 1).

Dani Mujica (Lista 123), apoyado por Miguel Prieto y otros partidos opositores, promete continuar la labor del exintendente. Otros candidatos incluyen: Dani Romero del Partido Ecologista (Lista 43) y el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda del Partido Patria Soñada (Lista 300).

Más de 237,000 personas están habilitadas para votar en Ciudad del Este, de 07:00 a 17:00. Las elecciones, organizadas por la Justicia Electoral, utilizarán papeletas tradicionales y se anunciarán los resultados preliminares por el sistema TREP en la web del TSJE. Yo Creo y sus aliados opositores están haciendo un esfuerzo para prevenir el fraude y proteger los votos.

El elegido asumirá el 18 de noviembre y se espera que entregue el cargo el 3 de noviembre de 2026, salvo que busque reelección para el periodo 2026-2031.

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La Policía está en «alerta máxima» con 1,000 efectivos y 12 fiscales. La Justicia Electoral prohíbe el porte de armas cerca de los locales de votación; celebrar eventos públicos antes de las 19:00; vender bebidas alcohólicas hasta las 19:00; poner mesas de consultas partidarias cerca de los locales; ingresar con celulares y la aglomeración cerca de los locales.